La ley debe distribuir derechos iguales para todos, no sujetos a evaluación de mayorías ocasionales y garantizarlos desde un criterio de imparcialidad. Las políticas públicas deben dar respuestas a problemas sociales concretos, como el aborto, más allá de la creencia de turno de funcionarios de la administración pública.
Un conjunto de Iglesias Cristianas, han emprendido un arremetida comunicacional que busca impedir que se legisle sobre el Acuerdo de Vida en Pareja y el aborto terapéutico.
El argumento central sería:
“La ley es una ordenación social, moral y ética para todos y no puede imponerse contrariando la naturaleza de las cosas y vulnerando, creemos, el sentir mayoritario del país”. Esto sintetiza lo expuesto en sus 10 puntos.
[cita]El mundo moderno protege derechos naturales individuales sustentados en argumentos racionales, no religiosos, como una forma de asegurar la libertad de los individuos respecto del propio imperium del Estado y del posible dominio de grupos, personas, con poder asimétrico.[/cita]
Primero, sobre el argumento de mayoría. Existe una contradicción evidente. El que la mayoría del país se encuentre bautizado en una fe, no indica adhesión a sus principios. Así lo muestran las encuestas sobre el tema. En ambos casos la posición de la mayoría es contraria a la expuesta por las distintas jerarquías eclesiásticas. Además, si ese es el criterio: ¿podrá la mayoría determinar la estructura y hábitos internos de esas iglesias? ¿Propondrán plebiscitar los derechos ciudadanos y las políticas públicas sobre los llamados temas valóricos? Un mínimo de lógica, desde su misma argumentación, es que deberían estar dispuestos a someterse al arbitrio de la invocada mayoría. Pero, no es así. Se contradeciría con el aspecto central que defienden: el orden moral que debe regir a la sociedad y los valores ordenadores que de él se siguen, coinciden con los sostenidos por esas Iglesias. Esa verdad y corrección moral que dicen representar no es tema de mayorías sino de entender por “naturaleza de las cosas” la propia comprensión de ella. Lo de “la mayoría” no pasa de ser un ardid retórico ilógico respecto del resto de lo expuesto por estos mismos “pastores”.
El problema está en no comprender que justamente en la conclusión de su propia declaración se esconde el motivo del error de ella: no se puede imponer una sola visión de la sociedad como válida. Efectivamente, la ley debe distribuir derechos iguales para todos, no sujetos a evaluación de mayorías ocasionales y garantizarlos desde un criterio de imparcialidad. Las políticas públicas deben dar respuestas a problemas sociales concretos, como el aborto, más allá de la creencia de turno de funcionarios de la administración pública.
La determinación de derechos iguales que anima la ley, protegidos por un Estado que reconoce en esa función su propio principio de legitimidad, es lo que se designa como rule of law. El mundo moderno protege derechos naturales individuales sustentados en argumentos racionales, no religiosos, como una forma de asegurar la libertad de los individuos respecto del propio imperium del Estado y del posible dominio de grupos, personas, con poder asimétrico. Ese estado derecho y su evolución, entre otras cosas, ha permitido la libertad religiosa que se alude en la declaración, que los ilustres representantes de la fe ya no se maten, persigan ni se declaren la guerra entre ellos, sino que firmen declaraciones y hagan un lobby común. La misma confluencia de estas instituciones, es una muestra del efecto positivo y civilizador del derecho moderno, por eso mismo deben ser desoídos.
