Como el republicano Reagan en 1984, el demócrata Obama cierra hoy la billetera para castigar la decisión de un organismo internacional respaldada por 107 estados soberanos, en una notificación al resto del mundo de que el multilateralismo no existe cuando están de por medio los designios geopolíticos de Washington.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por su sigla en inglés) está una vez más en la lista negra de Estados Unidos tras la decisión de su 36 conferencia general de aceptar como miembro pleno a la Autoridad Nacional Palestina. Como se sabe, luego del acuerdo adoptado el 31 de octubre con 107 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones, el gobierno de Barak Obama aplicó de inmediato una ley que data de 1990 y suspendió sus aportes a la Unesco, que representan el 22% del presupuesto de esta importante agencia de la ONU.
No es la primera vez que la Unesco sufre represalias estadounidenses. En 1984, bajo el gobierno de Ronald Reagan, Washington se retiró de esta organización y la privó de sus contribuciones financieras, tan significativas como las actuales, para castigar supuestamente una mala gestión administrativa, cuando en realidad se trataba del acto final de la ofensiva contra el célebre Informe MacBride, aprobado en la 21 conferencia general de 1980, cuyo eje estratégico era la propuesta de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación (Nomic).
En la década de los 80 el mundo y las relaciones internacionales estaban regidos por el enfrentamiento bipolar de la Guerra Fría. Para deleite de las grandes agencias informativas y demás poderes mediáticos transnacionales de la época, bastaba atribuir al Nomic siniestras intenciones de estatización y sovietización de las estructuras informativas para alinear tras sus intereses a los ultraconservadores de la administración Reagan y sancionar a la Unesco.
Ambos episodios –el de 1980 con el Nomic y el de 2011 sobre Palestina– llevan a constatar que tras la caída del Muro de Berlín en 1989, la disolución de la Unión Soviética en 1991 y la consecuente imposición de un orden unipolar, desde la Casa Blanca se siguen aplicando las mismas lógicas imperiales, que en última instancia subordinan el multilateralismo, como principio esencial de la ONU y del derecho internacional, a los objetivos particulares de Estados Unidos. La ley de 1990, que obliga al gobierno estadounidense a retirar el financiamiento a todo organismo internacional que acepte el ingreso de Palestina, es la negación de otro principio rector de la política internacional que implica renunciar a las sanciones económicas como arma política. Más allá del desconocimiento secular de este principio por la Casa Blanca desde la imposición del embargo a Cuba en 1962, en este caso el cierre de la válvula financiera a la Unesco busca dar al traste con el reconocimiento del estado palestino, aprobado por una amplia mayoría de los 194 estados miembros de la Unesco, incluyendo a Chile.
[cita]Como el republicano Reagan en 1984, el demócrata Obama cierra hoy la billetera para castigar la decisión de un organismo internacional respaldada por 107 estados soberanos, en una notificación al resto del mundo de que el multilateralismo no existe cuando están de por medio los designios geopolíticos de Washington.[/cita]
A contrapelo de una decisión impecablemente democrática de una agencia de Naciones Unidas, Barak Obama vuelve a decepcionar a quienes albergaron alguna esperanza de cambios efectivos en el orden mundial cuando juró como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2009 y torna aún más polémico el Nobel de la Paz que le fue otorgado en octubre del mismo año.
esde el análisis geopolítico se puede convenir que este nuevo castigo a la Unesco es coherente con la fidelidad de Washington hacia Israel, su aliado estratégico y protegido en el Medio Oriente, bajo la discutible premisa de aceptar la existencia del Estado palestino solo como resultado de negociaciones directas con Tel Aviv, lo cual de por sí instala un punto muerto para cualquier fórmula de paz. El 1 de noviembre el gobierno de Benjamín Netanyahu siguió los pasos de Obama y aplicó también sanciones financieras a la Autoridad Nacional Palestina por el “atrevimiento” de haber solicitado, y logrado, el ingreso a una de las más importantes agencias de Naciones Unidas. Adicionalmente, Netanyahu anunció que acelerará la construcción de colonias en Jerusalén Este y Cisjordania.
Siempre en esa lógica imperial, la acción estadounidense contra la Unesco viene a ser una represalia preventiva con vistas al próximo 11 de noviembre, día en que el Consejo de Seguridad debería pronunciarse sobre el ingreso a la organización mundial de la Autoridad Nacional Palestina, solicitado formalmente ante la asamblea general por su presidente, Mahmoud Abbas, el 23 de septiembre. Bastará que Estados Unidos ejerza su poder de veto para frustrar la legítima aspiración del pueblo palestino, poniendo en evidencia una vez más la esencia antidemocrática del máximo organismo de la ONU como resabio de la Segunda Guerra Mundial, en que el solo voto de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad vale más que el de los otros 187 estados miembros de la organización mundial.
La invasión a Irak de comienzos de 2003, bajo el subterfugio de “las armas de destrucción masiva”, demostró que la condición de gran potencia de Estados Unidos escapa incluso a los vetos en el Consejo de Seguridad, lo cual no deja de representar un problema para los otros cuatro miembros permanentes: Rusia, Francia, Gran Bretaña y China.
Washington debe sentirse también cómodo en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde el poder de voto está en directa relación con el monto de las contribuciones financieras de los miembros. Pero en cambio, en aquellas agencias multilaterales, como la Unesco, la FAO, el PNUD y otras, donde opera el principio de un estado igual un voto, la participación estadounidense se rige por esta lógica imperial de patear la mesa y presionar con las cuotas financieras cuando las decisiones no le satisfacen.
Es útil recordar entonces el retiro de Estados Unidos de la Unesco en 1984 bajo Reagan (seguido en 1985 por la Inglaterra de Margaret Thatcher), porque en aquellos años se acuñaron desde Washington ciertas premisas que siguen inalterables bajo el “nuevo trato” con Barak Obama.
Jeane Kirkpatrick, embajadora de Estados Unidos ante la ONU entre 1981 y 1984, durante el primer gobierno de Reagan, tenía un singular currículo político desde un origen socialista y una posterior militancia demócrata para terminar alineada con los ultraconservadores republicanos. Tenaz enemiga del gobierno sandinista nicaragüense y protectora en ese entonces de los regímenes dictatoriales de El Salvador y Argentina, impugnaba sin embargo “la dictadura de las mayorías” en la ONU. No aceptaba que el voto de una nación pequeña y pobre del África subsahariana o del sudeste asiático valiera lo mismo en la asamblea general de la ONU o en sus agencias intergubernamentales que el de la gran potencia norteamericana.
Gestora del retiro de Estados Unidos de la Unesco, Kirkpatrick asumía como causa irrenunciable el principio del “libre flujo informativo”, como paradigma de una libertad de prensa que, en rigor, es libertad de empresa. Bajo esta bandera se desarrolló la cruzada de Reagan y Tatcher contra el Informe MacBride, el Nomic y las aspiraciones del entonces llamado Tercer Mundo de una democratización de las comunicaciones, los intercambios culturales y los sistemas informativos. El entonces director general de la Unesco, Amadou-Mahatar M’Bow, senegalés y musulmán, encarnaba en su visión esa incómoda “dictadura de las mayorías” en los organismos internacionales, que llevaba y lleva en los hechos a Estados Unidos a menospreciar los foros representativos de los países periféricos –otrora llamados Tercer Mundo– como el Grupo de los 77 o el Movimiento de Países No Alineados.
M´Bow fue el primer y último director general africano y tercermundista de la Unesco. La organización, ahogada financieramente por el éxodo de los aportes de Estados Unidos y Gran Bretaña, eligió en 1987 como su director al centroderechista español Federico Mayor Zaragoza y relegó paulatinamente en el baúl del olvido al Informe MacBride. El mea culpa de la Unesco se tradujo en una suerte de larga estadía en el purgatorio, hasta que en el año 2003, bajo la gestión como director general del japonés Koichiro Matsuura, el gobierno de George W. Bush concretó el regreso de Estados Unidos a la organización.
Ocho años después, y con base en disposiciones legislativas que datan de las postrimerías de la Guerra Fría, Estados Unidos vuelve a acorralar a una de las agencias más emblemáticas y representativas de la filosofía fundacional de la ONU, encabezada desde 2009 por la búlgara Irina Bokova. Resulta irónico que la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, prometiera que Estados Unidos mantendrá su “participación y compromiso” en la Unesco mientras anunciaba el cese de aportes financieros por 80 millones de dólares.
El ingreso a la Unesco es un triunfo de los palestinos, en su eterna lucha por el reconocimiento internacional. El hecho de constituirse en el miembro número 195 de esta agencia permitiría el resguardo de valiosos patrimonios mundiales ocupados hoy por Israel, como Belén, Hebrón y Jericó, además de propiciar la defensa de la identidad cultural de un pueblo condenado al desarraigo y la exclusión.
Esta lógica imperial que viene a ser el sustrato inamovible de la política exterior estadounidense determina, sin embargo, un alto costo para esta victoria de Palestina y del ideario de la ONU. Como el republicano Reagan en 1984, el demócrata Obama cierra hoy la billetera para castigar la decisión de un organismo internacional respaldada por 107 estados soberanos, en una notificación al resto del mundo de que el multilateralismo no existe cuando están de por medio los designios geopolíticos de Washington.
