La oportunidad parece notable, pero de momento el Gobierno parece más interesado en generar un instrumento que tenga palabras de buena crianza. Pues no se ha preocupado de difundir la participación ciudadana en el proceso. Hace unos días, se supo que el Ministerio Secretaría General de la Presidencial concedió apenas dos días para el proceso de consulta ciudadana sobre la propuesta que el país debe presentar en foros de Lima y Londres que se realizan a fin de mes. ¿Usted sabía que están negociando esta convención? ¿Sabe cuáles son los contenidos? Tarea para la casa.
El interés del Gobierno de Sebastián Piñera de impulsar a escala de América Latina una Convención Ambiental parece positivo a primera vista, aunque tiene demasiadas cosas desconocidas para la mayoría. Ante todo, importa decir que ya existe una Convención sobre Acceso a Justicia, Participación del Público en la Toma de Decisiones y Acceso a Justicia en Materia Ambiental (más conocida como Convención de Aarhus, en honor a la ciudad danesa donde se firmó en 1999). De ahí ha salido incluso la “moda” latinoamericana de aprobar leyes nacionales de transparencia.
Chile podría haber adherido a este instrumento jurídico amparado por Naciones Unidas, firmado ya por 46 países de Europa y Asia, y considerado como “el mayor esfuerzo referido a democracia ambiental” por el entonces secretario ejecutivo de la ONU, Kofi Annan. De hecho, la Convención de Aarhus ha dado pie para validar incluso el acceso a Internet como derecho humano, lo que ya sucede en países nórdicos y en Estonia, pues se entiende a la red no como una mera tecnología, sino como un “espacio social”, donde se da la participación ciudadana, la construcción de cultura, el acceso a información, la libertad de expresión, el acceso a derechos ambientales, etc.
Acá en Chile, en cambio, el Gobierno de Piñera dice, en voz del Ministerio de Medio Ambiente, que se opta por no adherir a la Convención de Aarhus y sí crear una Convención latinoamericana, porque “el uso de los recursos naturales en nuestra región es una base de la economía, lo que no es tan fuerte en Europa”, y el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el aporte de Chile es “la importancia que reviste la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la consecución del desarrollo sustentable” y “que las empresas, tanto del Estado como las privadas que cotizan en la bolsa, generen informes de sustentabilidad”.
[cita]La oportunidad parece notable, pero de momento el Gobierno parece más interesado en generar un instrumento que tenga palabras de buena crianza. Pues no se ha preocupado de difundir la participación ciudadana en el proceso. Hace unos días, se supo que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia concedió apenas dos días para el proceso de consulta ciudadana sobre la propuesta que el país debe presentar en foros de Lima y Londres que se realizan a fin de mes. ¿Usted sabía que están negociando esta convención? ¿Sabe cuáles son los contenidos? Tarea para la casa. [/cita]
O sea, el aporte de Chile es que las empresas impriman más libritos fotográficos donde muestran los computadores que regalan a comunidades indígenas a las que sobreexplotan sus recursos hídricos, informes de sustentabilidad donde no hay control ciudadano ni público sobre su contenido, sino que son impresos publicitarios vacíos de relevancia. No está de más mencionar que el tercer pilar de la Convención de Aarhus, aquel referido al “acceso a justicia”, es rechazado por el Gobierno, que no escatima esfuerzos en criticar la “judicialización” de los proyectos empresariales aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ahí está el caso del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, que Endesa y el Gobierno quieren instalar en la comuna de Huasco (zona de latencia por contaminación), y que han debido defender ante la Corte Suprema.
Como sea, Chile preside este año 2013 el proceso de negociación para una Convención latinoamericana. Ya hay 15 países enlistados: Brasil, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Chile, los que en conjunto suman 500 millones de habitantes.
Entre todos ellos, el vacío es evidente: América Latina no tiene plataformas de información ambiental de alcance continental, para saber, por ejemplo, de la transferencia de contaminantes entre países, derivada de actividades extractivas o productivas como la minería, la generación termoeléctrica, los transgénicos o la situación del suelo, el aire y el agua.
Tampoco existe estándar básico de participación ciudadana en las decisiones políticas y productivas, y menos todavía una base sobre acceso a Justicia para exigir derechos ambientales.
La oportunidad parece notable, pero de momento el Gobierno parece más interesado en generar un instrumento que tenga palabras de buena crianza. Pues no se ha preocupado de difundir la participación ciudadana en el proceso.
Hace unos días, se supo que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia concedió apenas dos días para el proceso de consulta ciudadana sobre la propuesta que el país debe presentar en foros de Lima y Londres que se realizan a fin de mes. ¿Usted sabía que están negociando esta convención? ¿Sabe cuáles son los contenidos? Tarea para la casa.
