Opinión
Michelle Bachelet tendrá aquí uno de sus mayores desafíos. Tendrá que tomar decisiones, en el contexto extremadamente presidencialista de nuestra democracia, con la fuerte presión de los grupos corporativos de la industria de la Educación, fundamentados en la consigna de la “defensa de la libertad a la educación”, y con la profunda demanda social y ciudadana que ella misma ha discernido como su base de apoyo electoral.
Hace un par de domingos, el 15 de diciembre, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en su habitual columna de Reportajes en el diario El Mercurio, argumentó en contra de lo que él entiende como un abuso de parte de los estudiantes organizados.
Es importante reflexionar sobre sus argumentos, sobre todo por lo que viene para este 2014 en cuanto a las movilizaciones sociales por la educación, pues resultarán del todo paradigmáticos.
La cuestión es la siguiente: cuando la Confech declara públicamente que “si se va a hacer una reforma [a la Educación], tiene que ser con nosotros y de manera vinculante”, el rector Peña cree ver ahí un abuso.
“¿Por qué el punto de vista de los estudiantes debiera ser vinculante?”, se pregunta el rector, contestando al mismo tiempo: “No hay razón para que reclamen una autoridad especial para su opinión”, deben participar en la deliberación de aquello que les atinge como actores sociales, pero deben hacerlo “sin reclamar, como lo pretende la Confech, título o linaje alguno para que su opinión pese más que la de cualquier otro”.
[cita]Desde la administración de Sebastián Piñera se comenzó a articular una comprensión de los actores sociales en tanto “grupos de interés”, los llamados “stakeholders”, es decir y en el caso de la Confech, en tanto grupo que presiona y ejerce influencia para conseguir más participación en el “bien de consumo e inversión” que implica la Educación. Al considerar y tratar a la Confech como stakeholder, en rigor, no se hace más que desvirtuar una vez más el sentido –desde la perspectiva de derechos o mínimos civilizatorios– que la educación tiene para ellos.[/cita]
Luego, durante la semana pasada, en una carta enviada el día jueves 19 de diciembre a El Mercurio, titulada “La opinión de los actores sociales”, en respuesta a la presidenta de la FEUC y vocera de la Confech Naschla Aburman, el rector insiste, remarca y perfila mejor su argumentación de días anteriores. Afirma taxativo que los actores sociales “no tienen derecho alguno a que su opinión –por el sólo hecho de ser la suya– sea obligatoria o vinculante para el resto de los ciudadanos”.
Para que quede aún más claro, el rector agrega que “en una democracia, la voluntad del Estado se conforma mediante el diálogo y la confrontación de opiniones […] pero ninguna de esas opiniones, provenga de expertos o de los directamente involucrados en la actividad de que se trata, tiene, por principio, ventaja inicial sobre las otras”.
Además, dice que “la opinión pública que está a la base de la democracia se opone tanto a que un grupo de expertos diseñe políticas de espaldas a la ciudadanía (que fue lo que ocurrió en las últimas décadas) como a que los actores sociales reclamen obligatoriedad para sus puntos de vista…”.
Lo que llama a confusión es en rigor la interpretación que el rector Peña hace de la expresión “vinculante”. Además, confunde sobremanera, tanto en este caso como en general en sus columnas, el particular uso hermenéutico y retórico que hace de conceptos como los de democracia, deliberación o diálogo, en vistas a dar fundamento a conclusiones, juicios y opiniones que naturalmente cualquier sujeto individual tiene previamente sobre determinados temas. Sus premisas son siempre articuladas desde un pretendido sentido común sobre la base de una gruesa conceptualización teórica, premisas que sólo funcionan siempre “en principio”, “teóricamente”, pero que le permiten a él (o a cualquiera en verdad) llegar donde previamente había diseñado llegar como conclusión. Por esta razón sus columnas parecen a muchos “prédicas”, porque así como un sacerdote aplica una exégesis dogmática a una situación en particular, de la misma manera el rector Peña aplica, semana a semana, gruesas formulaciones teóricas que “en principio” funcionan a veces a la perfección en algunas de sus más notables columnas, pero que, a la hora de concretizar en la realidad, se desvanecen como vapor.
Por ejemplo, el domingo en cuestión, el rector no nos habla de esta democracia, la chilena, tal cual como la hemos vivido hasta este momento histórico concreto, sino que nos habla de la democracia desde una posición pretendidamente “en sí”, nos habla desde aquello que “de suyo” es la democracia, pues nos advierte en tanto premisa que “la democracia consiste en el esfuerzo de una comunidad política por autogobernarse, por decidir cómo y de qué forma quiere llevar adelante su vida en común”.
Sin embargo –como hemos indicado–, días después, el jueves, el rector se afirma ya no desde el mismo concepto de democracia del día domingo, sino a partir de otro concepto, tan “en sí” como el anterior, en la medida que no toma en cuenta ninguna configuración histórica que los mismos actores sociales han aprendido durante los últimos años en nuestro país. Este jueves, en cambio, se afirma que “en una democracia, la voluntad del Estado se conforma mediante el diálogo y la confrontación de opiniones (especialmente en el Parlamento, cuyo nombre proviene precisamente de la función que está llamada a cumplir) […] las elecciones que se acaban de celebrar (presidenciales y parlamentarias) tuvieron por objeto, justamente, elegir a quienes integran los órganos donde se delibera y se conforma la voluntad del Estado”.
Mientras el domingo su republicanismo es más “a la griega”, el jueves lo es en cambio “a la romana”. En principio, se trata de una discusión filosófica apasionante entre ambas perspectivas, porque precisamente el aparente igual y mismo concepto de “democracia” es claramente uno totalmente distinto que obedece a concreciones contextuales e históricas disímiles.
Si justamente para hoy y, en concreto, esta democracia chilena debiese ser más “a la griega” que “a la romana”, puede constituir una motivante discusión, sobre todo por los mismos déficits democráticos que hoy vemos desde nuestra Constitución: en esto el rector Peña puede aportar muchísimo. Pero lo que los actores sociales están discutiendo no es si “en principio” su opinión vale más o debe prevalecer de forma vinculante por sobre la del resto de manera autoritaria o totalitaria, sino que, en concreto y efectivamente, si se va a realizar nuevamente una reforma a la Educación que sea vinculante a la opinión de los actores sociales, es decir, que su participación sea realmente efectiva. El equívoco por lo tanto no es simplemente por la perspectiva –teórica o práctica– con la que se focaliza la expresión “vinculante”, sino que se trata de una cuestión un tanto más profunda.
Desde la administración de Sebastián Piñera se comenzó a articular una comprensión de los actores sociales en tanto “grupos de interés”, los llamados “stakeholders”, es decir y en el caso de la Confech, en tanto grupo que presiona y ejerce influencia para conseguir más participación en el “bien de consumo e inversión” que implica la Educación. Al considerar y tratar a la Confech como stakeholder, en rigor, no se hace más que desvirtuar una vez más el sentido –desde la perspectiva de derechos o mínimos civilizatorios– que la educación tiene para ellos.
No parece plausible creer que el rector Peña esté hablando o esté preocupado de verdad por la democracia, pues, insisto, su argumento es muy grueso para un intelectual como él. En los hechos, y en esta materia, los rectores de las universidades privadas que hacen opinión pública operan en concreto como “intelectuales corporativos”, es decir, ellos sí cuidando los intereses en tanto stakeholder de una industria como la de la Educación. Desde esa perspectiva, obviamente llaman a controlar y disciplinar a quienes han mantenido una movilización social, han hecho agenda política al respecto, y tienen una opinión informada (vivencial) sobre cómo, en esta materia, han sido sus opiniones desechadas en vistas a una pretendida democracia dialógica, deliberativa o discursiva. Nadie puede argumentar que nuestra democracia ha sido dialógica, si en rigor sólo se puede dialogar sobre aquello que el pacto de la transición de los noventa permite que sea dialogable.
Lo que se debe entender es que ni el rector Peña ni los estudiantes son ángeles en una comunidad de deliberación democrática teórica. De lo que estamos hablando es de una comunidad de comunicación concreta, la chilena, en la que históricamente las decisiones se han tomado (y hasta construido) de espaldas a los actores sociales que pretenden desterrar los sentidos neoliberales, al menos, de aquellos bienes públicos como la Salud o la Educación, que tanta desigualdad e injusticia han provocado en nuestro país (hay evidencias).
En este caso, los intereses corporativos chocan con los intereses ciudadanos por un bien general que, concebido como derecho, está lejos de ser tratado desde la lógica de los negocios, las empresas y la industria. Además, chocan las plataformas de intervención en lo público, pues es muy distinto generar influencia política desde una columna semanal en el principal diario de un grupo político determinado e interesado en la continuación de un modelo económico, es muy distinto, digo, a lo que la Confech pueda hacer en esa misma opinión pública para influir y persuadir. Súmele a ese diario una multiplicidad de medios que interactuando a favor, por ejemplo, de esta particular columna y sus intereses, hacen.
Michelle Bachelet tendrá aquí uno de sus mayores desafíos. Tendrá que tomar decisiones, en el contexto extremadamente presidencialista de nuestra democracia, con la fuerte presión de los grupos corporativos de la industria de la Educación, fundamentados en la consigna de la “defensa de la libertad a la educación”, y con la profunda demanda social y ciudadana que ella misma ha discernido como su base de apoyo electoral. Deberá estar atenta a cómo esa presión corporativa no sólo se hace presente en sus comisiones de expertos, en su gabinete y hasta en sus asesores de segundo piso, sino que también cómo esa presión corporativa a través de sus intelectuales coopta los sentidos de los movimientos sociales en tanto simples stakeholders de interés.
Pretender que estos “intelectuales corporativos” actúan desde una posición valorativamente neutra porque nos hablan desde lo “en sí”, desde lo que va “de suyo” o desde principios teóricos y abstractos de lo que la democracia es o debe ser, es francamente un despropósito.
