Claramente necesitamos el compromiso real del Gobierno, no más palabrería ni leyes que queden sólo en un papel, estampadas como un discurso más. Todos diferentes, todos iguales en derechos, debe ser prioritario al momento de tratar este tema, la violencia desde la institucionalidad hacia las personas con discapacidad no puede continuar siendo el pan de cada día. No se quiere integración, se exige inclusión; no se quiere caridad, se exigen leyes.
En proceso de la revalidación de una nueva reforma en educación surge una serie de cuestionamientos en torno a lo que implica realmente una “reforma”, en especial pensando en la realidad que enfrentan hoy los estudiantes en situación de discapacidad en Chile, específicamente en las Instituciones de Educación Superior, donde el derecho a la educación queda en manos de la buena voluntad de las instituciones, con leyes como la 20.422 que, más que asegurar la igualdad de oportunidad, parece ser un muro enorme entre los estudiantes y la institucionalidad.
Una burla en lo que se refiere e implica ser realmente una ley, ya que esta es una norma jurídica dictada en que se manda o prohíbe algo en concordancia con la justicia y su incumplimiento trae aparejada una sanción. Y en lo que a discapacidad concierne, esto no se cumple en lo absoluto.
La Ley General de Educación (LEGE) establece como uno de sus principios fundamentales velar por una enseñanza que enfatice el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la tolerancia y el respeto a la diversidad, teniendo claro que la educación y la no discriminación son cuestiones de derechos humanos.
El sistema educativo chileno tiene como principios una educación al alcance de todos los estudiantes, con estándares de aprendizaje de calidad y que propendan a la integración e inclusión de todos los sectores sociales. Se establece como deber del Estado de Chile velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, mediante el diseño de políticas compensatorias o de discriminación positiva para eliminar situaciones de exclusión, pero cuánto de este discurso se refleja en la realidad, donde la prevalencia de personas en situación de discapacidad va en aumento y cada vez son menos los que logran tener un título profesional.
[cita]Claramente necesitamos el compromiso real del Gobierno, no más palabrería ni leyes que queden sólo en un papel, estampadas como un discurso más. Todos diferentes, todos iguales en derechos, debe ser prioritario al momento de tratar este tema, la violencia desde la institucionalidad hacia las personas con discapacidad no puede continuar siendo el pan de cada día. No se quiere integración, se exige inclusión; no se quiere caridad, se exigen leyes.[/cita]
De acuerdo a los datos de la encuesta de Caracterización Social y Económica Nacional (CASEN), 2011, el porcentaje de habitantes con discapacidad de la población chilena abarca a 1.119.867 personas y además se ubican en el primer quintil de acuerdo a su ingreso económico, o sea, están dentro de los hogares más pobres del país, y sólo un 12,9 se encuentran estudiando; en cuanto a la salud, el 56% de las personas con discapacidad es Indigente; por otro lado, respecto al trabajo, solamente el 1% de las personas con discapacidad encuentra trabajo con contrato, mientras que el 9% se desempeña en labores informales y el otro 90% de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentra cesante. Es evidente que la ley no llega a estas personas.
Claramente necesitamos el compromiso real del Gobierno, no más palabrería ni leyes que queden sólo en un papel, estampadas como un discurso más. Todos diferentes, todos iguales en derechos, debe ser prioritario al momento de tratar este tema, la violencia desde la institucionalidad hacia las personas con discapacidad no puede continuar siendo el pan de cada día. No se quiere integración, se exige inclusión; no se quiere caridad, se exigen leyes.
Una reforma que no se base en la diferencia y diversidad de las necesidades de las personas, será un discurso más al aire como ocurre hasta el momento; debe, como imperativo, acompañarse de mecanismos y estrategias que contribuyan a fortalecer la demanda por una educación de calidad de aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, lo cual ha pasado a segundo plano a la hora de definir qué denominará como calidad el Ministerio de Educación. Los criterios para medir la calidad comúnmente utilizados para determinar qué Institución de Educación Superior es peor o mejor, son sobre la base del prestigio académico, número de alumnos y profesores que han recibido premios internacionales, número de publicaciones en revistas profesionales, número de publicaciones en revistas más populares de alto rigor científico, número de veces que han sido citados artículos escritos por la universidad en otros artículos, pero en ningún punto se evalúa su nivel de inclusión, valoración y aceptación a la heterogeneidad de sus alumnos.
