Opinión
El Movimiento Social por la Educación no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados, por ello es que diversos actores, como trabajadores de la educación, apoderados, funcionarios y estudiantes, han avanzado en un histórico hito de unidad conformando la Mesa Social por la Educación Pública. El cambio educacional que exigimos hoy debe ser de raíz, por lo tanto, es un cambio que debe ser enfrentado por todos y todas desde una perspectiva sistémica. Hoy no necesitamos más reformas parciales, necesitamos edificar un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, que abarque todos los niveles y se haga cargo del conjunto del modelo, erradicando de principio a fin el mercado educacional.
Hace un par de semanas comenzó el Plan de Participación Ciudadana en medio de las confusas declaraciones del ministro de Educación, como puntapié inicial del llamado “segundo tiempo” de la Reforma Educacional. Sin embargo, todo muestra, hasta ahora, que este segundo tiempo se caracterizará más por una simple extensión del primero que por una incorporación de las críticas que el mundo social ha levantado transversalmente a este proceso de reforma.
La Reforma Educacional se ha caracterizado por el hondo desorden y la falta de claridades dentro del Ejecutivo, por una conducción desde el Ministerio en la que un día dice una cosa y al otro dice otra exactamente contraria. Además, se ha caracterizado por la carencia de espacios reales de participación vinculantes para las organizaciones sociales del mundo educativo y, principalmente, por la resistencia a sacar adelante lo que ha sido realmente demandado: cambiar de raíz el modelo de educación de mercado y construir un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, que entienda a la educación como un derecho social y que, por lo mismo, elimine todo rasgo mercantil del sistema educacional.
Hasta el momento, las reformas presentadas ni siquiera logran generar consenso al interior de la Nueva Mayoría, mantienen elementos fundamentales del modelo actual, como la competencia entre establecimientos, el financiamiento vía voucher en el sistema escolar, las pruebas estandarizadas cumpliendo el mismo rol segregador que cumplen actualmente, la falta de regulación del sector privado, la mantención de importantes nichos para el lucro, entre otros. Causas para explicar esto hay bastantes: el compromiso ideológico de los partidos de la Nueva Mayoría con el modelo neoliberal, los conflictos de interés de importantes militantes con el mercado educacional, la devoción del partido del orden por alcanzar consensos con la derecha (véase lo que pasó con la Reforma Tributaria), pero principalmente: la falta de participación de las organizaciones sociales en este proceso.
[cita]Hasta el momento, las reformas presentadas ni siquiera logran generar consenso al interior de la Nueva Mayoría, mantienen elementos fundamentales del modelo actual, como la competencia entre establecimientos, el financiamiento vía voucher en el sistema escolar, las pruebas estandarizadas cumpliendo el mismo rol segregador que cumplen actualmente, la falta de regulación del sector privado, la mantención de importantes nichos para el lucro, entre otros. Causas para explicar esto hay bastantes: el compromiso ideológico de los partidos de la Nueva Mayoría con el modelo neoliberal, los conflictos de interés de importantes militantes con el mercado educacional, la devoción del partido del orden por alcanzar consensos con la derecha (véase lo que pasó con la Reforma Tributaria), pero principalmente: la falta de participación de las organizaciones sociales en este proceso.[/cita]
Ejemplo de esto ha sido lo ocurrido con el Plan de Participación Ciudadana, que terminó siendo un voladero de luces más orientado a darle legitimidad social a la reforma, que a ser un espacio vinculante y productivo. Esto puede observarse tanto en términos políticos como prácticos. En términos políticos, los movimientos del Mineduc del último tiempo fueron claros: fortalecer la dirección política del Ministerio, mostrando con claridad la intención de que la reforma se “cocine” dentro de las paredes del mismo. La “intervención” de Peñailillo, la llegada de Andrés Palma, Juan Andrés Lagos y Pedro Montt, siendo éste último uno de los responsables de la traición hacia los secundarios fraguada el 2006. ¿A dónde fueron removidos los que fueron mal evaluados y, por tanto, desplazados en este movimiento? Al Plan de Participación Ciudadana, lo que habla por sí mismo. Pero también el Plan tiene limitaciones prácticas, surgidas de la falta de cumplimiento de compromisos del Mineduc, entre ellos, la carencia de metodologías claras, la dificultad –por no decir imposibilidad– de alcanzar síntesis, la desproporcionalidad entre los actores participantes, por nombrar algunos.
Además de todo lo anterior mencionado, la discusión es limitada, existiendo un poder de “veto” frente a otros temas, en particular los vinculados a materia de educación escolar. Muestra de todo ello es que el único avance logrado hasta ahora, la eliminación del DFL2 y la legislación en positivo para la democracia universitaria y la organización estudiantil, fue alcanzado por fuera del plan, marcando la pauta de cómo debe ser la relación con el Ejecutivo en esta materia. Aún existe una gran deuda respecto a la democracia al interior de los establecimientos escolares, desde que la Ley 19.979, promulgada el 2004, exige a los liceos que reciben financiamiento del Estado constituir consejos escolares, donde participen no solamente los actores de la comunidad educativa sino que además toda organización territorial vinculada al liceo. Sin embargo, este derecho nunca ha sido realmente fiscalizado por el Ejecutivo. La clara muestra de esto es la represión al interior de los liceos, donde muchas veces se prohíbe la existencia de centros de estudiantes o, en algunos casos, éstos terminan siendo designados por los sostenedores. Para generar cualquier cambio en educación, deben existir consejos escolares resolutivos que aseguren a la comunidad educativa y al conjunto del territorio una injerencia real en los procesos educativos.
Es por eso mismo que hoy, y por todo lo anteriormente dicho, el Movimiento Social por la Educación no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados, por ello es que diversos actores, como trabajadores de la educación, apoderados, funcionarios y estudiantes, han avanzado en un histórico hito de unidad conformando la Mesa Social por la Educación Pública. El cambio educacional que exigimos hoy debe ser de raíz, por lo tanto, es un cambio que debe ser enfrentado por todos y todas desde una perspectiva sistémica. Hoy no necesitamos más reformas parciales, necesitamos edificar un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, que abarque todos los niveles y se haga cargo del conjunto del modelo, erradicando de principio a fin el mercado educacional. Hoy la Mesa Social debe buscar eso, prefigurar el nuevo Sistema, luchar y actuar en conjunto por su consecución y ampliar el rango de actores involucrados, siguiendo la línea de multisectorialidad desarrollada por el Movimiento Estudiantil.
Estamos en un momento clave y no podemos quedarnos viendo cómo una Reforma Educacional que esté al servicio de las reales necesidades de nuestra sociedad se escapa entre los dedos, únicamente porque algunos cuantos, los mismos de siempre, quieren defender sus nichos de negocio. Hemos sido cientos de miles los que nos hemos manifestado durante años y no vamos a conformarnos con que la reforma sólo sea el desgrane de la demanda real. Las migajas para el Movimiento Social son cuento de otra época.
