El historiador Steve Stern plantea en su último libro que en Chile se está desarrollando una nueva memoria emblemática, que él llama “Tragedia Nacional”. Una visión que reconoce que la memoria no puede ser monopolizada por un sector político, ni por una generación, porque es patrimonio de todos, y que no es estática sino que está permanentemente en construcción.
Por primera vez, la discusión sobre los procesos judiciales por crímenes durante la dictadura se abre a la gente en la casa y se permite un “juicio social” a través de la televisión. Se trata de reflexionar acerca de derechos humanos y justicia en Chile y de incluir a la ciudadanía. Una deuda histórica que le pesa a la democracia chilena y un deber periodístico que los medios tradicionales han esquivado por más de 40 años. La madurez de la audiencia y las elites dirigentes para acoger esta reflexión, más allá de la política partidaria, revelará la madurez de nuestra democracia.
La experiencia internacional es clara al respecto: para concretar el proceso de transición democrática es necesario discutir acerca de las medidas de justicia aplicadas en casos de violaciones masivas a los derechos humanos (Gibson, 2006; Mendez, 1997; Nino, 1996; Golcˇevski et al. 2013).
En Chile esto se ha soslayado por décadas y la consecuencia es un nivel de desintegración social alarmante. El consenso base que cohesiona a cualquier sociedad es el acuerdo moral acerca del valor de la vida y cómo juzgamos los actos que atentan contra ella. Los derechos humanos son un tema malversado en Chile. No se trata del MIR o la DINA, de Orlando Letelier o Jaime Guzmán, se trata del respeto a la vida y la condena social que imponemos como nación contra quienes la vulneran. Ese es el trasfondo de lo que discutimos en Chile a diario, con debates acerca del aborto, la reforma de la educación, la reforma tributaria, el acceso a salud, etc. Los derechos humanos están en la base de la sociedad y cada nueva discusión política es una reformulación de lo mismo: el derecho a la vida, el derecho a educación, el derecho a una vida digna. No se trata del pasado, se trata del presente y del futuro. En este contexto la apuesta de Chilevisión no es sólo consecuente con su línea editorial y su estrategia de marketing, sino que es consecuente con la necesidad de un país que habla de (re)formas y calla los temas de fondo.
[cita] El historiador Steve Stern plantea en su último libro que en Chile se está desarrollando una nueva memoria emblemática, que él llama “Tragedia Nacional”. Una visión que reconoce que la memoria no puede ser monopolizada por un sector político, ni por una generación, porque es patrimonio de todos, y que no es estática sino que está permanentemente en construcción. [/cita]
“El juez, la víctima y el victimario” con su eslogan “tres miradas y una verdad” toca de frente un tema que nos duele a todos. Y expone las caras de un conflicto nacional de una forma nunca antes vista. Ya para el aniversario de los 40 años del Golpe, vimos en los canales producciones que democratizaron la historia al dar tribuna a los ciudadanos por sobre las autoridades o personajes poderosos, que recurrentemente defienden una verdad oficial ante los medios. Algunos de estos programas intentaron pluralizar las versiones al involucrar distintas perspectivas y dejar a un lado la vanidad de la “objetividad”. Sin embargo, esto es distinto, no se trata sólo de memoria, se trata de justicia. No interpela sólo nuestra capacidad de recordar, sino también nuestra capacidad de juzgar. Este es el próximo paso. El que exige un acto cognitivo sumado a un ejercicio moral de la ciudadanía. Esta es la reflexión moral colectiva que Chile tanto necesita.
La justicia transicional está por definición centrada en la víctima y en ese sentido “las Imágenes prohibidas” ya iba por buen camino. Pero este nuevo programa amplía la mirada. Escuchar la versión del victimario –mayor Carlos Herrera– y seguir las pericias del juez Guzmán, para entender cómo se ejerce la justicia en nuestro país, es también un derecho y un deber de todos los chilenos. El juicio no ocurre sólo en tribunales sino que se extiende a la sociedad, principalmente, a través de los medios de comunicación. Un testimonio en la Corte y un testimonio en la pantalla cumplen la misma función, sólo que esta vez la audiencia es quien juzga.
La literatura internacional es concluyente en esta materia: la justicia transicional, y por ende la ansiada “reconciliación”, dependen de la capacidad de la sociedad para entender y asumir su responsabilidad en los hechos.
Se acerca el 11 de septiembre y hay quienes critican el afán por recordar. Desconociendo el hecho de que la memoria colectiva es un bien preciado. Lo que le da razón de ser a la “comunidad imaginada”, en palabras del cientista político Benedict Anderson.
El historiador Steve Stern plantea en su último libro que en Chile se está desarrollando una nueva memoria emblemática, que él llama “Tragedia Nacional”. Una visión que reconoce que la memoria no puede ser monopolizada por un sector político, ni por una generación, porque es patrimonio de todos, y que no es estática sino que está permanentemente en construcción. “El juez, la víctima y el victimario”, con un joven Humberto Sichel como rostro, nos plantean que este tema no está agotado y que los derechos humanos no pasan de moda. Stern y los expertos latinoamericanos, concuerdan en que las generaciones nacidas en democracia le dan un nuevo sentido social a la memoria. Esta “resignificación” implica que la reflexión sobre el pasado articula las demandas del futuro. La expansión de los derechos en juego es el presente y el futuro de la memoria en Chile.
