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Agua: una expropiación encubierta

por 7 septiembre, 2014

La extinción de los derechos ya constituidos en atención a factores subjetivos y discrecionales no es más que una expropiación encubierta. Esta expropiación podría hipotecar el normal desarrollo del país, ya que seguramente afectaría proyectos hidroeléctricos, de empresas sanitarias y mineras, de agricultores y otras. Ciertamente la normativa que regula los derechos de agua necesita perfecciones –específicamente en cuanto a transparencia–, pero expropiar los derechos ya otorgados les resta confianza a las instituciones y amplifica aún más la incertidumbre económica actual.
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De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del 97% del agua existente en el mundo es agua salada, por lo que solamente el 3% restante corresponde a agua dulce. De esta, no más del 1% se encuentra disponible en forma superficial, como en ríos y lagos, mientras que el resto se encuentra en los polos o en forma subterránea.

En consecuencia, el agua es un recurso escaso, y al mismo tiempo, fundamental para el desarrollo de la vida. Las necesidades humanas, agrícolas e industriales por agua son permanentes y crecientes, y dada la escasez del recurso, se producen controversias que se resuelven por medio de la aplicación de una normativa especializada que permita un uso eficiente de este suministro, protegiendo los derechos adquiridos y contribuyendo al desarrollo integral del país.

Tal como señala el Código Civil, las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que significa que su empleo es de todos los chilenos. No obstante ello, se concede a algunos particulares su utilización en forma privativa, que son los llamados “derechos de aprovechamiento de aguas”. La Constitución señala que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, confiriéndoles la máxima seguridad jurídica a sus titulares.

La extinción de los derechos ya constituidos en atención a factores subjetivos y discrecionales no es más que una expropiación encubierta. Esta expropiación podría hipotecar el normal desarrollo del país, ya que seguramente afectaría proyectos hidroeléctricos, de empresas sanitarias y mineras, de agricultores y otras. Ciertamente la normativa que regula los derechos de agua necesita perfecciones –específicamente en cuanto a transparencia–, pero expropiar los derechos ya otorgados les resta confianza a las instituciones y amplifica aún más la incertidumbre económica actual.

El conjunto de los cuerpos legales actualmente vigentes en la materia han permitido a través de los años asegurar las inversiones necesarias para garantizar el crecimiento y desarrollo del país. El marco legal que regula el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua ha permitido brindar certeza jurídica para la ejecución de inversiones de largo plazo, sin la cual los proyectos difícilmente se hubiesen concretado. Sin embargo, el modelo no ha estado exento de críticas por parte de distintos grupos de interés, por lo que para asegurar la eficiencia económica en la asignación de derechos de aprovechamiento a través del mercado, es imperativo corregir las fallas de dicho mercado que amenazan la sustentabilidad del recurso, provocan conflictividad creciente y aumentan los costos de transacción.

Lo anterior no significa que el país necesite de una reforma constitucional, menos una que implique la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua como la que se propone desde el Gobierno. La extinción de los derechos ya constituidos en atención a factores subjetivos y discrecionales no es más que una expropiación encubierta. Esta expropiación podría hipotecar el normal desarrollo del país, ya que seguramente afectaría proyectos hidroeléctricos, de empresas sanitarias y mineras, de agricultores y otras. Ciertamente la normativa que regula los derechos de agua necesita perfecciones –específicamente en cuanto a transparencia–, pero expropiar los derechos ya otorgados les resta confianza a las instituciones y amplifica aún más la incertidumbre económica actual.

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