No es primera vez en el último tiempo que se detectan grandes y millonarias colusiones en Chile. El último gran escándalo lo protagonizaron las tres mayores cadenas de farmacias, Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, que en conjunto abarcan más del 90% del mercado nacional. Compañías que concertadamente autorregularon los precios, afectando claramente a los usuarios finales debido a un aumento artificial de precios.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) denunció que las tres principales productoras de pollos del país, Agrosuper, Aristía y Don Pollo, estaban operando fuera del margen de nuestra legislación en materias de producción y determinación de precios en el mercado. Nuevamente se prendió la alerta social en materias de derechos y regulaciones comerciales, sobre todo a la hora de defender los derechos de los consumidores.
A través de un comunicado, el TDLC señaló que acogió el requerimiento presentado en noviembre de 2011 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde acusaba a estas empresas, que abarcan el 80% del mercado nacional, de coludirse, por intermedio de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), para limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización.
No es primera vez en el último tiempo que se detectan grandes y millonarias colusiones en Chile. El último gran escándalo lo protagonizaron las tres mayores cadenas de farmacias, Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, que en conjunto abarcan más del 90% del mercado nacional. Compañías que concertadamente autorregularon los precios, afectando claramente a los usuarios finales debido a un aumento artificial de precios.
[cita]No es primera vez en el último tiempo que se detectan grandes y millonarias colusiones en Chile. El último gran escándalo lo protagonizaron las tres mayores cadenas de farmacias, Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, que en conjunto abarcan más del 90% del mercado nacional. Compañías que concertadamente autorregularon los precios, afectando claramente a los usuarios finales debido a un aumento artificial de precios. [/cita]
Estos hechos demuestran un problema en nuestro sistema socioeconómico. El neoliberalismo que la dictadura instaló en nuestra sociedad se basa en la concepción de que los mercados se autorregulan. Cualquier interferencia viene a deformar un funcionamiento que parece perfecto, constituyendo una infracción a la libertad de emprendimiento. Pero esta visión ideologizada choca con el más elemental sentido común, los porfiados hechos nos muestran que la realidad humana es más compleja. Existe el poder, no todos los que participan en el mercado son libres ni tienen las mismas posibilidades de competir, y eso distorsiona esta visión idealizada del mercado.
El discurso de derecha, influenciado por la concepción neoliberal, coloca al Estado y mercado como antagonistas. Pero, por paradójico que pueda parecer, en nuestra sociedad es el Estado el llamado a salvaguardar al mercado de sí mismo. La colusión es una forma de establecer un monopolio que atenta contra el funcionamiento del mercado mismo y es deber del Estado salvaguardar, por el bien común, el correcto funcionamiento del mercado, que se traduce en que exista una efectiva competencia. La ideología neoliberal no puede aceptar esta idea básica de la relación entre Estado y mercado.
El Estado debe defender de los abusos que se generan en las relaciones de mercado hacia los más débiles, que en este caso son los consumidores. Por ello, es su deber aplicar toda la fuerza de la ley y claramente sancionar a las compañías que “abusan” de todas las chilenas y chilenos, que en su gran mayoría con mucho esfuerzo adquieren bienes y servicios. Necesitamos continuar regulando y fiscalizando este tipo de acciones, ya que es parte esencial de nuestra labor como autoridades y representantes de la ciudadanía resguardar los derechos fundamentales de todas y todos.
Quiero manifestar que dentro de nuestras prioridades legislativas, está apoyar con fuerza el fortalecimiento y empoderamiento del Servicio Nacional del Consumidor. Todo acto u omisión que atente contra los derechos de los consumidores, es contrario a las libertades personales, y atenta contra el principio pro consumidor, que debe ser el eje rector de la legislación nacional en esta materia. Del mismo modo, debemos avanzar en una modificación del Código Penal, que establezca con precisión nuevas sanciones para los delincuentes de “cuello y corbata” y que determine el ámbito de responsabilidad penal empresarial, para que estos delitos no permanezcan en la impunidad.
Nuestro actual ordenamiento jurídico en esta materia incurre en una grave injusticia. Quienes cometen delitos comunes (hurto, robo, etc.) que atentan contra la propiedad de las personas, son penados severamente y por lo general resultan encarcelados. En cambio, aquellos que incurren en actos de colusión, elusión tributaria, negociación incompatible y otros delitos de “cuello y corbata”, no se encuentran afectos a penas significativas en lo económico y mucho menos a sanciones privativas de libertad. Estos ilícitos constituyen un robo a las personas al igual que un delito común, en una magnitud mucho mayor, que además afecta la fe pública y el respeto a la institucionalidad. Debemos corregir esta injusticia y sancionar penalmente a estos delincuentes
