Es indispensable corregir las condiciones laborales en las que se ejerce la enseñanza. En ello, dos medidas perentorias son: i) la reducción considerable en la cantidad de alumnos por sala; y ii) equiparar la cantidad de horas lectivas con las no lectivas, en pos de entregar a nuestros profesores el tiempo necesario para cumplir con las diversas funciones que efectúan dentro de su comunidad educativa.
Durante las últimas semanas, con justa razón, el debate público se ha centrado en el proyecto de ley que contempla el fin al financiamiento compartido, prohibición del lucro con fondos públicos, y término a la selección de estudiantes (aunque sólo hasta 6º básico en establecimientos particulares pagados). Sin desconocer lo necesario de todas estas medidas, es impostergable abordar una de las principales temáticas para la consecución de una educación de calidad: la construcción de una nueva carrera docente.
Tal como la literatura internacional indica, la excelencia de los profesores es uno de los factores más determinantes en el desempeño académico y la formación de habilidades sociales, cognitivas y emocionales de los estudiantes. Por lo mismo, resulta necesario cuestionarnos: ¿quién forma y cómo se forman los profesores en Chile?, ¿cuáles son las condiciones salariales y laborales en las que enseñan? Las cifras son lapidarias: en cuanto a selección y formación, el 2013 había 68.400 estudiantes de pedagogía (57% del total) estudiando en carreras no acreditadas, mientras un 72% de los egresados de las carreras de pedagogía no rindieron la PSU u obtuvieron menos de 500 puntos (Mineduc, 2013).
En términos de salarios y condiciones laborales, los profesores perciben las remuneraciones más bajas entre las diferentes carreras profesionales del país (SIES, 2013), pese a su enorme compromiso con la tarea que desempeñan y al rol estratégico que tienen en la educación de la población. Según un estudio, gran parte de los docentes reconocen destinar semanalmente 10 horas o más a actividades no lectivas que están fuera de su contrato, ergo, no son remuneradas (EduGlobal, 2012). Asimismo, los profesores chilenos ejercen la enseñanza en condiciones comparativamente desfavorables, pasando más horas anuales en aula (1.200) y debiendo trabajar con más estudiantes por sala (31,8), que el promedio de los docentes en países de la OCDE, quienes trabajan 1/3 menos de horas anuales en aula (800) con 24,1 estudiantes (OCDE, 2014).
[cita]Es indispensable corregir las condiciones laborales en las que se ejerce la enseñanza. En ello, dos medidas perentorias son: i) la reducción considerable en la cantidad de alumnos por sala; y ii) equiparar la cantidad de horas lectivas con las no lectivas, en pos de entregar a nuestros profesores el tiempo necesario para cumplir con las diversas funciones que efectúan dentro de su comunidad educativa.[/cita]
En relación a sus procesos de inserción y estabilidad laboral, la tónica persiste: el 60% de los egresados de pedagogía señala no haber recibido ningún apoyo de su institución formadora tras su egreso, y menos del 20% señala una inducción adecuada por parte de la escuela, careciendo de procesos de seguimiento, apoyo e inserción a la cultura escolar (Rufinelli, 2013). De igual forma, apenas 1/3 del profesorado cuenta con un contrato a jornada completa (44 horas), mientras que cerca del 25% de los maestros están contratados por sólo 30 o menos horas (De los Ríos y Valenzuela, 2013). Con tales datos, no extraña que el 30%-40% de los profesores que comienzan a trabajar en el sistema escolar se retiren antes de cumplir 5 años de ejercicio laboral (Valenzuela y Sevilla, 2014).
Cambiar este abrumador panorama nos compromete a afrontar una serie de desafíos magnánimos que son indispensables para una reforma integral a nuestro sistema educativo. Entre ellos, destacaré cinco cambios imprescindibles. En primer lugar, urge desmercantilizar la formación de profesores y avanzar en mayores regulaciones a las instituciones habilitadas para educar a los futuros docentes, aumentando las exigencias de acreditación, clausurando aquellos programas que no cumplan con estándares mínimos y regulando la oferta en estas carreras. Un Estado garante y consciente del rol clave que cumplen sus profesores no puede seguir permitiendo que la calidad de su formación esté en manos del mercado.
Segundo, se deben generar mejores criterios de ingreso a las carreras de pedagogía, que hagan más exigentes y selectivos estos programas, en pos de captar tempranamente a los secundarios más talentosos y comprometidos con la profesión. Para ello, no basta con establecer un mínimo en una prueba estandarizada (aunque pueda contribuir), sino que demanda diversificar los métodos utilizados (test psicológicos, entrevistas vocacionales, redacción de ensayos, entre otros).
Tercero, mejorar decidida y sustantivamente la política salarial docente, de modo tal de asignarles remuneraciones acorde a la labor crucial y estratégica que cumplen, otorgando mayores incentivos para aquellos docentes que atienden en contextos de mayor vulnerabilidad. Hoy se manejan cifras que apuntan a establecer un sueldo base que fluctuaría entre $800.000 y $1.100.000 brutos, paso importante para compensar esta carrera acorde al rol que juega en nuestra sociedad.
Cuarto, es indispensable corregir las condiciones laborales en las que se ejerce la enseñanza. En ello, dos medidas perentorias son: i) la reducción considerable en la cantidad de alumnos por sala; y ii) equiparar la cantidad de horas lectivas con las no lectivas, en pos de entregar a nuestros profesores el tiempo necesario para cumplir con las diversas funciones que efectúan dentro de su comunidad educativa.
Y, por último, mejorar las condiciones profesionales de los docentes, lo que implica otorgarles más oportunidades de perfeccionamiento y mejora continua a lo largo de la carrera, al igual que mayores niveles de autonomía e influencia en las decisiones curriculares. Para concretar esto último, constituye un paso importante desactivar los incentivos y castigos asociados a medidores erróneos de la calidad docente (Simce, Inicia), e incentivar, en cambio, más instancias que promuevan el diálogo y reflexión de las prácticas pedagógicas, tanto intraescuelas como interescuelas, en pos de reconocer a nuestros maestros como constructores de conocimiento.
En sintonía con algunos de los elementos antes planteados, recientemente El Plan Maestro dio a conocer más de 100 propuestas que constituyen un insumo crucial para ir forjando y consensuando las bases que sustentarán una Nueva Política Nacional Docente. Ante una oportunidad histórica de realizar cambios profundos a nuestro sistema educativo, que logre transitar hacia una educación entendida como derecho social garantizado por el Estado, resulta impostergable llevar adelante, con decisión y voluntad política, la concreción de una Nueva Carrera Docente, que asegure los mecanismos adecuados para concitar a los mejores talentos a estudiar carreras de pedagogía, entregue condiciones laborales, salariales y de formación continua óptimas para el desarrollo de la profesión, y revalorice y reconozca –de una buena vez– el rol protagónico que cumplen las y los profesores de Chile.
