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Niños y niñas en residencias

Maria Estela Ortiz Rojas
Por : Maria Estela Ortiz Rojas Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de la InfanciaSecretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de la Infancia
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Cuando un niño es separado de su familia como medida de protección tenemos que asumir que las políticas generales fallaron, que también las políticas de protección social fueron insuficientes. La esperanza del Juez es que las políticas de protección especial funcionen, pero estas también a veces fracasan. Algunos podrán decir que estos fallos afectan al 2% de la población menor de 18 años, por lo cual no es relevante ocuparse de ellos, pero nosotros afirmamos que un niño o niña, un solo caso, constituye una tragedia social de la cual debemos hacernos cargo.


La humanidad ha acumulado suficiente evidencia sobre lo trascendente que es la etapa de niñez y la adolescencia en la vida humana. Para ello ha construido razonamientos éticos, económicos, políticos, sociales y culturales, para consensuar que la protección del bienestar y del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, es un imperativo de carácter universal.

Por lo tanto, cuando un niño, niña o adolescente llega a un Tribunal de Familia, y este dicta una orden de protección, estamos ante una tragedia social. Un miembro de nuestra comunidad ha sido descuidado, desprotegido, sus derechos han sido vulnerados y su ciudadanía ha sido negada. Entonces un Juez ha tenido que obligar al Estado a protegerlo. Pero la tragedia no termina ahí, se expande, porque la capacidad del Estado no es suficiente para restituirle al niño sus derechos.

Cuando un niño es separado de su familia como medida de protección tenemos que asumir que las políticas generales fallaron, que también las políticas de protección social fueron insuficientes. La esperanza del Juez es que las políticas de protección especial funcionen, pero estas también a veces fracasan. Algunos podrán decir que estos fallos afectan al 2% de la población menor de 18 años, por lo cual no es relevante ocuparse de ellos, pero nosotros afirmamos que un niño o niña, un solo caso, constituye una tragedia social de la cual debemos hacernos cargo.

[cita]Cuando un niño es separado de su familia como medida de protección tenemos que asumir que las políticas generales fallaron, que también las políticas de protección social fueron insuficientes. La esperanza del Juez es que las políticas de protección especial funcionen, pero estas también a veces fracasan. Algunos podrán decir que estos fallos afectan al 2% de la población menor de 18 años, por lo cual no es relevante ocuparse de ellos, pero nosotros afirmamos que un niño o niña, un solo caso, constituye una tragedia social de la cual debemos hacernos cargo.[/cita]

Por lo tanto, es nuestro horizonte ético político aumentar la efectividad de las políticas generales como educación, salud, empleo, vivienda, cultura y al mismo tiempo mejorar la oportunidad y efectividad de las políticas de protección social que ponen foco en la diversidad de situaciones de vulnerabilidad que viven las familias chilenas.

No se trata entonces de una solución simple, como dividir el actual Servicio Nacional de Menores en dos, o inyectar más recursos a las mismas modalidades de atención que no dan los resultados esperados. Se trata más bien de arribar a un camino acordado con muchos actores, que se orienta a institucionalizar una nueva relación del Estado con sus niños, niñas y adolescentes. Este es un fenómeno altamente complejo, y en ello estamos trabajando para tener una propuesta completa de cambio para el 2015.

Al mismo tiempo estamos abordando con sentido de urgencia algunas situaciones que no pueden esperar. Una de ellas es la desinstitucionalización de los niños y niñas menores de 8 años en las residencias de la Red de SENAME. Para lo cual hemos trabajado un Plan de Accion Intersectorial con los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Justicia y SENAME. Ha sido un trabajo minucioso, analizando cada detalle que permita restablecer los derechos de cada uno de los niños, niñas y adolescentes.

Podemos asegurar a la ciudadanía, que desde 2015, el Estado iniciará un proceso progresivo, desde el acogimiento residencial hacia la protección especial de base familiar y comunitaria, para erradicar de las residencias a los niños y niñas menores de 3 años, respetando su derecho a vivir en su entorno familiar y solo excepcionalmente y de carácter transitorio ingresar a alguna residencia, la cual deberá cumplir con altos estándares para la protección de derechos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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