Detener el SIMCE es posible con las mismas herramientas de resistencia con que siempre ha contado el movimiento social. Por lo pronto, estudiantes y apoderados tienen en sus manos la posibilidad de resistir, pues no hay ninguna obligación legal para que los niños rindan el SIMCE. Cabe preguntarse, dada la obsecuencia del gobierno respecto a la necesidad de transformaciones profundas en la materia: ¿Qué haremos para detener un sistema de medición que, en vez de mejorar, empeora la experiencia educativa? ¿Qué haremos para detener el SIMCE?
Durante las últimas semanas, el Consejo Nacional de Educación (CNED) rechazó la propuesta anunciada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) de eliminar el Simce de segundo básico y se entregaron los resultados del Simce 2014. A partir de las sugerencias de la “Comisión Simce” –convocada por la Presidenta– hemos visto pequeños guiños y gestos para modificar este instrumento, por ejemplo, la propuesta de disminuir de 17 a 15 las pruebas censales. Sin embargo, ninguna de las recomendaciones ha apuntado a concretar cambios sustantivos en nuestro sistema de evaluación.
Desde la Campaña Alto al Simce hemos señalado que las medidas impulsadas por el Gobierno son insuficientes, pues no reconocen el problema central del instrumento: la promoción de lógicas de competencia entre las escuelas y la fuerte presión que impone a profesores y estudiantes por aumentar sus puntajes, esto en desmedro de la mejora integral de los aprendizajes. Tras más de 25 años de su implementación, cuesta creer que no contemos con evidencia científica consistente –nacional o internacional– que sustente el aporte del Simce a la mejora de la calidad y equidad del sistema educativo. Pese a ello, nos encontramos con que el Estado destina más de 20 mil millones de pesos anuales en un instrumento que corrobora y retribuye la segregación escolar, sin producir información que tenga efectos pedagógicos positivos.
[cita] ¿Qué haremos para detener un sistema de medición que, en vez de mejorar, empeora la experiencia educativa? ¿Qué haremos para detener el Simce? [/cita]
Es importante destacar que el Simce empobrece no sólo el aprendizaje y la enseñanza en las escuelas. También empobrece la labor del docente, quien se transforma en parte de un engranaje que prioriza la “producción de rendimientos”, menoscabando su rol de formador de personas. Las presiones por rendir hacen que los docentes, muchas veces contra su voluntad y con contradicciones éticas, se vean obligados por el sistema a orientar todo su trabajo hacia el logro Simce, transformando al instrumento en un fin en sí mismo. Este proceso conlleva una alta homologación y homogeneización de las prácticas pedagógicas, pérdida de la autonomía profesional y focalización en la preparación del instrumento, por sobre dinámicas que promuevan la creatividad, el diálogo y el pensamiento crítico (CIDE, 2013).
Los defensores del Simce buscan mostrar que este puntaje provee “información relevante”. Argumentan que para afirmar si un niño sabe leer, los docentes necesitan de una prueba estandarizada externa, cuyos resultados llegan meses después de haberla tomado. El problema del supuesto de que los docentes “necesitan” el Simce es que desprecia el profesionalismo pedagógico y demuestra más bien una desconfianza hacia la labor de los docentes. Este desprecio es contradictorio con la importancia que retóricamente se les atribuye a los docentes en el sistema. Por un lado, se dice que lo que hace el docente es clave y, por otro, se busca controlar lo que hace mediante el Simce y sus múltiples amarres legales.
El Simce pone el foco en el rendimiento de una prueba en desmedro del aprendizaje real de los estudiantes. Si lo que queremos son mejoras estructurales, debemos terminar con estas mediciones que aportan información escasa e imprecisa de este aprendizaje. Sería pedagógicamente más provechoso dedicar el tiempo y esfuerzo de profesores y escuelas a reflexionar, colaborar entre colegas, y tomar acciones educativas pertinentes a la progresión de aprendizajes de sus estudiantes. Eliminar las pruebas en segundo básico es un paso mínimo para terminar con la invasión del Simce del espacio educativo. Sin embargo, incluso este piso mínimo ha encontrado obstinadas resistencias.
En otras latitudes, profesores, estudiantes y padres se han organizado y han logrado eliminar pruebas como el Simce. En los 90, en Inglaterra, el sindicato de profesores, organizado con padres y apoderados, logró un boicot a un examen estandarizado para niños de siete años, y durante este año los docentes han votado por otro boicot a un examen que se intenta aplicar a niños de cuatro años (sí, de cuatro años). En Estados Unidos el creciente movimiento opt-out (optar por no rendir la prueba) ha logrado detener en varios estados el uso abusivo de este tipo de pruebas. Su principal forma de protesta ha sido no rendirlas y sabotearlas, liderados por profesores que apelan a la ética de su profesión. En España se organizan padres y apoderados, docentes y estudiantes, para boicotear y detener las “reválidas”, pruebas externas como el Simce que se aplicarán desde tercer grado en el marco de una ola de reformas privatizadoras dirigidas por el gobierno. La experiencia internacional nos dice que podemos resistir el Simce.
Detener el Simce es posible con las mismas herramientas de resistencia con que siempre ha contado el movimiento social. Por lo pronto, estudiantes y apoderados tienen en sus manos la posibilidad de resistir, pues no hay ninguna obligación legal para que los niños rindan el Simce. Cabe preguntarse, dada la obsecuencia del gobierno respecto a la necesidad de transformaciones profundas en la materia: ¿qué haremos para detener un sistema de medición que, en vez de mejorar, empeora la experiencia educativa? ¿Qué haremos para detener el Simce?
