El presente año ha sido clave para la relación entre gobernantes y gobernados al interior de nuestro país. Las consignas de equidad y desarrollo, expresadas por nuestra clase política desde la vuelta a la democracia, se han visto totalmente eclipsadas e interpeladas por escándalos y conflictos de interés, que incumben a los mismos que otrora las vociferaban. A diferencia de episodios anteriores, donde se evidenciaron asociaciones ilícitas particulares y que incumbían a representantes políticos determinados, ahora, desde la UDI al PC, todos los sectores han sido apuntados con el dedo al menos una vez, en el marco de verdaderas redes de cooperación brillantemente articuladas.
Y claro, nosotros, los autoproclamados “jaguares” de América Latina, nos hemos jactado desde hace ya largo tiempo de que en nuestro país las instituciones funcionan. Que a diferencia de nuestros vecinos, en Chile el coimeo a la policía para sacarse un parte no existe y que, asimismo, el concepto “corrupción” casi no forma parte de nuestro vocabulario nacional.
Discurso de país pionero de la región que se ha visto reforzado por tanto indicador que maravilla a todo quien no vivió ni nació en Chile, evocando una inapelable noción de pueblo avanzado y desarrollado. Empleo, PIB, alfabetización y otros, inhiben toda posibilidad de crítica a la conducción política que ha tenido nuestro territorio por los últimos años. En esa misma línea, la corrupción no es la excepción. Sólo a modo de ejemplo, Chile ocupó el puesto 21 a nivel mundial y primero en América Latina –junto a Uruguay– en materia de percepción de limpieza institucional para 2014, dentro del Corruption Perceptions Index, indicador desarrollado por la ONG Transparency International, que mide corrupción en el sector público a lo largo de todo el globo.
[cita] El contexto actual manda por la borda los postulados de Vilfredo Pareto, sociólogo, filósofo y economista italiano, que afirmó la existencia de un cúmulo de elites al interior de las sociedades, conformadas por expertos particulares para cada ámbito de la vida social. Por el contrario, la nuestra posee solo una, y se refiere a un minoritario porcentaje de nuestra población que, además de poseer relaciones personales de por medio, constantemente frecuenta cargos de poder en directorios de empresas o espacios de representación. [/cita]
Golpe bajo el que brindó el presente año, noqueando nuestros queridos discursos y estadísticas. Los casos Penta, Caval y Soquimich, entre tantos otros, levantaron ese velo de ignorancia por el que a lo largo de años fueron cubiertas reuniones, asesorías e inversiones conjuntas, de los peces gordos de nuestra política y economía criollas.
Sin embargo, más importante que la, conocida por todos, relación entre gobernantes y empresarios, existente al interior de todas las sociedades contemporáneas en mayor o menor medida, la presente crisis revela que en nuestro país no existen elites, sino que hay una sola, que simultáneamente transita entre ambos campos de acción. Una elite tan clausurada, impermeable y altamente desarrollada, que necesitó un cobro de cuentas interno para desnudarse ante los ojos de la ciudadanía. Hugo Bravo fue el encargado de dar el puntapié inicial a un partido que, al parecer, va a tener más de 90 minutos. Y alargue.
Más allá de los hechos ilícitos denunciados en el último tiempo, recurrente es ver cómo miembros de nuestra clase gubernamental entran en las filas del empresariado una vez acabada su administración. Por citar alguno, no sorprende el salto del ex ministro Rodrigo Pérez Mackenna, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a la presidencia de la Asociación Gremial de AFP de Chile, en menos de dos meses y una vez acabada la conducción del Gobierno de Sebastián Piñera. O los vaivenes del ex candidato presidencial Laurence Golborne, transitando desde la gerencia general de Cencosud a los ministerios de Minería, Energía y Obras Públicas, para ahora volver al mundo privado en el directorio de Ripley Chile.
Los vínculos existentes entre representantes políticos y grupos económicos han permeado la conducción de nuestro país y, más grave aún, han comenzado a desdibujar las fronteras entre ámbitos empresariales y gubernamentales, en tanto sus integrantes forman parte de una misma esfera público-privada. Hacer la distinción, en el presente, refiere meras cuestiones oficiales e idealismos semánticos.
Las reconocidas sociedades mineras del diputado Felipe Ward –miembro de la Comisión de Minería– y las asesorías prestadas a Antofagasta Minerals por parte de Jorge Insunza, siendo Presidente de la misma comisión que integraba el representante UDI, son hechos totalmente repudiables. Si bien estos episodios deben ser indagados y las incumbencias deben ser asumidas por los responsables, el problema de fondo no radica en la honestidad de Ward o Insunza. A ellos les tocó bailar esta vez, pero la responsabilidad, más que individual, en último término es social. No pasa sólo por las personas. Peor aún: es reflejo de la existencia de una microsociedad dominante, que opera públicamente con las leyes o el dinero, supuestamente de manera excluyente, pero que a fin de cuentas maneja ambos medios de poder.
Si bien la formación de un Consejo Asesor Presidencial en materia de probidad y transparencia puede constituir un paso, este se encuentra lejos del problema en cuestión. Porque no es particular, no es sólo de la política y sus partidos; es estructural, de nuestra sociedad. De la forma en que se encuentra distribuido el poder en ella. El poder entendido en todas sus formas. El nombramiento y la posterior renuncia del ex ministro de la Segpres y la desinformación de la Presidencia sobre los vínculos de este con el grupo Luksic al momento de hacerlo parte del Ejecutivo, dan cuenta de que, más que hechos puntuales, corresponden a una práctica generalizada. Tanto así que supera las capacidades indagatorias de los mismos comités políticos asesores.
El contexto actual manda por la borda los postulados de Vilfredo Pareto, sociólogo, filósofo y economista italiano, que afirmó la existencia de un cúmulo de elites al interior de las sociedades, conformadas por expertos particulares para cada ámbito de la vida social. Por el contrario, la nuestra posee sóolo una, y se refiere a un minoritario porcentaje de nuestra población que, además de poseer relaciones personales de por medio, constantemente frecuenta cargos de poder en directorios de empresas o espacios de representación. Al igual que lo planteado por G. William Domhoff, sociólogo estadounidense, la verdadera elite es una y hace referencia a la intersección entre tres grupos dominantes en la sociedad: la comunidad corporativa, la clase alta y la red de formación de políticos. Ellos son los denominados “dueños de Chile”. Ese selecto grupo es el que posee real superioridad por sobre la masa, siendo efectivamente el que gobierna, se beneficia, decide y brilla al interior de una nuestra sociedad.
Así, la conocida foto de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera disfrutando años atrás a las orillas del lago Caburgua, ícono de la relación amistosa extraformal y los nexos existentes entre representantes políticos de todos los sectores, merece una versión más representativa, que incluya también en la lista de retratados a los apellidos Luksic, Angelini y otros cuantos más, como quienes realmente dominan este país tan bien visto desde el exterior. Habrá que darle aviso al fotógrafo de aquel retrato, para que retroceda unos cuantos pasos, de forma que nadie se quede sin salir en la foto de nuestra élite nacional. Esa que no distingue entre políticos y empresarios. Esa que aparenta tener mil caras, pero es solo una.
