La comuna de Hualpén, en la Región del Bio Bío, fue hace un par de semanas el triste escenario para uno de los delitos más crueles vividos en Chile en el último tiempo: Pablo Ramírez, un cajero de la empresa Servipag, estuvo varios días en riesgo vital y hoy se recupera –en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad– de las graves lesiones sufridas tras haber sido quemado vivo por dos delincuentes.
En medio de su doloroso proceso, la familia de Pablo subió a YouTube un video con su testimonio y un llamado, claro y fuerte, a la propia Presidenta de la República. Que no se repitan casos como el que él mismo sufrió y que la Presidenta y las autoridades políticas trabajen por endurecer las medidas contra la delincuencia, además de modificar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, pidió el cajero, exhibiendo en su rostro y su brazo algunas de las lesiones sufridas.
Su llamado se produjo luego que sus atacantes fueran encontrados y detenidos prontamente, pero uno de ellos, menor de edad, fue dejado en libertad a las pocas horas, siendo detenido pocos días después tras perpetrar otro delito. Según trascendió en la prensa, varios testigos no quisieron declarar por miedo a represalias.
[cita] Las cifras oficiales hablan de baja en los delitos, pero lo cierto es que la gente ya no denuncia. “¿Para qué?”, han de preguntarse, si conforme a las cifras del Ministerio Público (2014), un 93% de los hurtos y robos no violentos termina sin responsables. Si a eso le sumamos el alza en la victimización de un 3,2% (Paz Ciudadana), tenemos que un 43,5% de los hogares en Chile termina victimizado. [/cita]
ConceSeguro, agrupación ciudadana que busca –entre otras cosas– visibilizar el problema real de la delincuencia, se puso en contacto con la familia y organizamos una marcha conjunta por Concepción para pedir apoyo a las autoridades y, especialmente, pedirles a quienes vieron este hecho que ayudaran con la investigación. La marcha congregó a unas 300 personas, varias de ellas dirigentes de distintos sectores, hastiados de ser meros espectadores de la violencia y la inseguridad que afecta a sus poblaciones.
Las cifras oficiales hablan de baja en los delitos, pero lo cierto es que la gente ya no denuncia. “¿Para qué?”, han de preguntarse, si conforme a las cifras del Ministerio Público (2014), un 93% de los hurtos y robos no violentos termina sin responsables. Si a eso le sumamos el alza en la victimización de un 3,2% (Paz Ciudadana), tenemos que un 43,5% de los hogares en Chile termina victimizado.
Por lo anterior, no llama la atención que en la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana un 79,9% perciba que la delincuencia en Chile ha aumentado.
Frente al debate de la agenda corta antidelincuencia –en trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara– vemos una oportunidad para que el mundo político sintonice, como pocas veces, con las urgencias que la propia ciudadanía tiene. Nos sumamos al llamado de Pablo y exigimos al Gobierno y sus parlamentarios que realmente se comprometan con medidas concretas para enfrentar la delincuencia. ¡Ya basta de impunidad!
La sociedad civil ha entendido la urgencia de organizarse. Pero, ¿han entendido las autoridades la urgencia de hacer cambios legales? ¿Han entendido los parlamentarios que donde hay que poner el foco es en la persecución y condena de los delitos por sobre otros debates más “políticos”? ¿Cuántos más Pablos tiene que haber en Chile antes de que como Estado nos hagamos cargo, todos y de verdad, de este problema que atemoriza y aqueja a tantos? La respuesta debería ser categórica: haremos las reformas necesarias para que nunca más haya en el país otro caso como el de Pablo Ramírez. Mientras no exista ese compromiso, sin reservas ni tapujos, las familias de Chile tendrán que seguir esperando.
