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El verde del comedor


Pintar el comedor de la Presidencia del Palacio de La Moneda, verde manzana, como recientemente nos percatamos al ver las fotos de la prensa, puede parecer algo inocuo, de simple mal gusto o una intención de quizás hacer de los aposentos Presidenciales algo más parecido a la casa o familiar. Cualquiera fuera el motivo, nada justifica que se haya vulnerado toda la institucionalidad patrimonial vigente.

El Palacio de La Moneda fue declarado monumento nacional en la categoría de monumento histórico por el Decreto Supremo Nº 5058, del 6 de julio de 1951. En este mismo orden de ideas, cualquier intervención que en él se efectúe debe ser autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, de conformidad al artículo 11º de la Ley Nº 17.288 sobre Monumentos Nacionales. Consultado sobre el particular, el Consejo de Monumentos Nacionales su respuesta fue, que ninguna autorización para tal efecto se ha realizado. En consecuencia, se ha trasgredido por parte de la Presidencia de la República el deber de requerir la autorización exigida por ley, toda vez que dada la condición de Monumento Histórico del inmueble en comento, este está “bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos, estará sujeto a su autorización previa.

[cita]Los vecinos de Santiago afectados con la declaratoria, atónitos miran como con total desparpajo se modificó el Palacio de Gobierno sin preguntarle a nadie, y peor aún sin respetar la dignidad del Edificio Presidencial, mientras que ellos deberán cargar con el lastre hasta el fin de sus días arriesgando severas sanciones si los llegasen a modificar –en la mayoría de los casos para mejorarlos- sin los permisos requeridos.[/cita]

Así las cosas, en Santiago por ejemplo, bajo la administración Tohá, se han declarado más de cuatrocientos inmuebles como de conservación histórica. Pero en estos casos, severas sanciones arriesgan los dueños si se les ocurriera modificarlos sin los permisos pertinentes y poniéndoseles además la carga de tener que actuar por medio de un profesional calificado, lo que conlleva el necesario desembolso para la contratación de un arquitecto. Así las cosas, a estos propietarios, por una decisión arbitraria de la autoridad se les cercenó su derecho de propiedad –ya no pueden usar y gozarlo libremente-y en la práctica además sus casas –el ahorro de una vida para muchos- salió del comercio porque bien es sabido que el precio de las propiedades que llevan la carga de ser de conservación histórica se desploma, por lo engorroso y caro que puede resultar, por ejemplo cambiar las planchas del techo o una ventana.

Bajo esta mirada, los vecinos de Santiago afectados con la declaratoria, atónitos miran como con total desparpajo se modificó el Palacio de Gobierno sin preguntarle a nadie, y peor aún sin respetar la dignidad del Edificio Presidencial, mientras que ellos deberán cargar con el lastre hasta el fin de sus días arriesgando severas sanciones si los llegasen a modificar –en la mayoría de los casos para mejorarlos- sin los permisos requeridos.

El patrimonio es de todos, y es por ello que la autoridad debe velar por su protección eficaz y eficiente actuando como se espera de ella, con el ejemplo. Tras la declaración de un inmueble como de conservación histórica, debe haber una compensación a su dueño, mal que mal del patrimonio nos beneficiamos todos y lo admiramos todos, y por lo tanto su mantención no puede recaer únicamente en el dueño circunstancial del mismo. Abogo para que la institucionalidad contemple prontamente medidas como rebaja de contribuciones para los inmuebles afectados, claridad y difusión de los fondos a que pueden optar sus dueños para la puesta en valor de los mismos, y por parte del Municipio que se frene este frenesí de querer declarar todo como de conservación, sin antes contar con una legislación que acompañe a los dueños afectados. Desconociendo otras medidas igual de eficaces que se podrían aplicar, como por ejemplo declarar el barrio como zona típica o limitar las construcciones en altura.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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