Educación Superior Estatal

Señor Director:

A propósito del presupuesto fiscal para educación superior, legisladores del oficialismo han formulado una especie de programa tendiente, en su parecer, a fortalecer la educación superior estatal. La base de su propuesta la radican en el objetivo de recuperar los malogrados niveles actuales de matrícula.

En particular, el senador Carlos Montes ha explicitado los fundamentos de esta propuesta poniendo énfasis, precisamente, en que las universidades estatales han venido perdiendo una gran participación de la matrícula en toda la oferta del sistema de educación superior desde el 2005 (han reducido su participación desde un 26% el 2005 a un 15% el 2015), y que, en contraste, las instituciones privadas habrían crecido en el mismo período en un 84%.  El enfoque de Montes apunta a que el Estado dote de recursos exclusivos a las instituciones del Cruch y supedite las posibilidades de financiamiento fiscal para el resto de las instituciones. En este contexto, el senador ha afirmado que “no hay arbitrariedad alguna cuando el Estado se ocupa de financiar en forma suficiente a sus instituciones. Nadie puede sentirse menoscabado cuando este reasume esta responsabilidad”. Al respecto, tres comentarios.

Por una parte, cabe precisar que lo sostenido por el congresista suena razonable, y por ello asombra que el Estado no haya adoptado antes algunas iniciativas que fortaleciesen el servicio educativo de las instituciones que cuentan con un privilegiado patrimonio fiscal. En contraste, asombra que el senador no haga ninguna referencia a la incompetencia de un número importante de estas universidades e institutos en la mejora de tres áreas en que han sido reconocidamente deficitarias: la incompetencia para hacerse cargo de las insuficientes destrezas básicas de los alumnos que ingresan a cursar estudios superiores; la incapacidad para mejorar los desproporcionados niveles de deserción; y el descuido que han tenido para instalar los procedimientos que les permitan a los alumnos su titulación oportuna. Si el fortalecimiento de los establecimientos de patrimonio nacional apunta a aumentar considerablemente su presupuesto, ¿acaso no debería establecerse una responsabilidad grave en estas materias?

Por último, desconcierta que el senador Montes no se haya referido a lo que debería ser el correlato natural de su reclamo financiero para robustecer el servicio que brindan los centros de educación superior del Estado: la calidad.  En pocas palabras, ¿qué sugiere hacer con aquellas entidades que no logran desde hace mucho, proporcionar un servicio de calidad?; con todo el incremento financiero que tendrían estas instituciones fiscales: ¿qué es lo que debería ocurrir con aquellas que no superen cuatro años de acreditación? Hace unos pocos días la Presidenta ha establecido una opinión muy concreta al respecto: una educación superior gratuita, si es mala, no sirve. Y en esa definición, no resulta admisible eludir referirse a las exigencias relativas a la calidad, tanto acerca de los procedimientos de gestión administrativa y pedagógica, como de aquellas concernientes a quienes egresen de sus aulas.

Germán Gómez Veas

Académico y Consultor en materias de liderazgo y gestión educacional