Gratuidad y calidad en educación tras Fallo del TC
Señor Director:
Con motivo del fallo del Tribunal Constitucional que acogió parcialmente el requerimiento de algunos parlamentarios, surgen algunas dudas razonables sobre el fondo de la controversia y la aparente inacción del Estado para llevar adelante una política de discriminación sustantiva por calidad de las instituciones privadas de educación superior. No es mi intención criticar un fallo cuyos fundamentos aún no se conocen, por lo cual en el aspecto jurídico sólo resta esperar con serena curiosidad la argumentación sobre la razonabilidad de los criterios limitativos contenidos en la glosa que motivó el requerimiento. Me limitaré a emitir algunas opiniones sobre el proyecto de gratuidad y su esencial vinculación con la calidad académica y profesional de la educación postgrado medio.
1.-Aceptar que los criterios de elección de las instituciones con acceso a la primera etapa de gratuidad perjudica a los educandos más vulnerables es un recurso falaz para defender los intereses de las universidades privadas que violan la ley con fines de lucro, perjudicando de paso a aquellas otras corporaciones sin fines de lucro y de alta calidad académica que felizmente existen, que se beneficiaban con las condiciones de elegibilidad contenidas en la glosa.
El verdadero conflicto es exclusivamente político e ideológico: El Estado debe subvencionar la demanda o la oferta. Tal es así que uno de los más distinguidos diputados requirentes, preguntado sobre qué solución tiene la solución planteada por el fallo del TC, afirmó casi textualmente que los recursos de la glosa debían transformarse en becas complementarias de las ya existentes, que cubran la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real. La intención, entonces, es claramente continuar con un sistema que transfiera indiscriminadamente recursos del Estado a instituciones con fines de lucro de dudosa calidad académica y profesional. Ese es el problema: la razonabilidad de esta situación.
2.-Por otra parte, resulta igualmente incomprensible que el gobierno que propicia la política de gratuidad y de calidad para la educación superior no actúe con mayor convicción y con conocimiento de la opinión pública para, dentro de sus atribuciones legales y reglamentarias, -que las tiene-, atacar severamente el lucro y el fraude, perjudicando gravemente a universidades privadas sin fines de lucro de excelencia académica y eficiencia en la formación profesional que existen y significan un valioso aporte a la diversidad de modelos de educación universitaria.
Cabe preguntarse cuál es la labor realizada por la Comisión Nacional de Acreditación, por qué no se ha utilizado el mecanismo de intervención, con la minúscula excepción de la Universidad Arcis; qué pasa con la investigación de la Fiscalía Nacional sobre los delitos cometidos con ocasión de las acreditaciones fraudulentas, ¿cuál ha sido la colaboración que ha prestado el Ministerio en este proceso?, ¿ha despachado los informes solicitados por la Fiscalía o el Tribunal? ¿Qué destino tuvo el informe preparado por la abogada, funcionaria de la División de Educación Superior del Mineduc, doña Dorothy Pérez?, etc.
Párrafo aparte merece la siguiente pregunta, ¿ha respondido el Ministerio de Educación los reiterados oficios enviados por el diputado Mario Venegas contestando los cuestionarios planteados por éste en relación a las denuncias y querellas que afectan a algunas universidades privadas?, ¿ha contestado el SII los oficios del mismo señor Diputado presidente a la sazón de la Comisión de Educación de la Cámara sobre la situación tributaria de las universidades de propiedad de consorcios extranjeros con fines de lucro, como Apolo y Laureate?
Por sus implicancias, formulo separadamente la siguiente interrogación:
¿Qué intereses tan poderosos impiden al Estado avanzar en entregar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones sobre la violación de la ley que prohíbe el lucro en las universidades y sus implicancias?
La legitimidad de esta pregunta da pábulo a las más insólitas y hasta ridículas explicaciones, como por ejemplo que la embajada de EEUU esté interviniendo a favor de las empresas Apolo y Laureate, que las universidades dependientes de éstas y otras, se sientan protegidas por importantes personeros de la elite política que ejercen como directivos o profesores; que las diversas reparticiones del Ministerio de Educación actúan descoordinadamente y hasta colisionan porque la burocracia sigue diversos caminos de acuerdo a los intereses de los partidos de la coalición gobernante, además de otras especulaciones inabordables.
Espero que las firmes y claras declaraciones de la señora Presidenta de la República y de sus Ministros de Hacienda, de Educación y Secretaría General de Gobierno, sobre el fallo y sus consecuencias sirvan de guía ordenadora de la gestión de las instituciones públicas.
Carlos Ugarte Soto, Abogado
