Opinión
Aunque la definición acepta cierta ambigüedad, ya que no incluye “influir en la redacción de una ley”, el sentido común apunta a que estamos frente a hechos ilícitos reñidos con la ética y, por tanto, frente a un evidente acto de corrupción. ¿O alguno de ustedes cree que Sergio Jadue no es un corrupto, aunque no sea funcionario público y no haya participado en una licitación?
Marta Isasi, ex diputada por Tarapacá, fue la primera parlamentaria en verse involucrada en pagos oscuros por parte de una empresa pesquera en 2011. En ese entonces, recibió un duro castigo de la ciudadanía, pero especialmente de sus propios pares. Se leyó como un caso aislado, ajeno a la tradición de probidad de nuestra clase política.
Hoy, a la luz de los hechos, Isasi podría ser considerada como un “chivo expiatorio” que permitió que el caso fuera enterrado para la tranquilidad de varios de sus colegas, que en esa época ya habían solicitado o recibido dineros ilegales para sus campañas, incluso de la misma empresa que había sido generosa con la ex parlamentaria.
Todos sabemos la historia que se desataría cuatro años más tarde. Un número importante de personajes públicos negando tajantemente su participación en actos “ilícitos”, mientras la prensa sigue exponiendo ante la opinión pública denuncias por conspiraciones, persecución política, intentos de asesinato de imagen y una serie de argumentos utilizados para tratar de desligarse de sus responsabilidades y que luego terminan transformándose en verdaderos “búmeran” al momento de tener que reconocer la verdad.
Sin ir más lejos, y a pesar de que la senadora Eva von Baer afirmó tajante y con lágrimas en los ojos –una puesta en escena muy recurrente, la de victimizarse– que jamás pidió apoyo “ilegal” para su campaña a Penta, ahora resulta que fue su hermana quien solicitó recursos a SQM para ayudar a la joven profesional a iniciar el “pedregoso” camino del servicio público. Esta vez (muy a su pesar) la parlamentaria no podrá sostener que se trata de “error involuntario”, ya que la Fiscalía tendría identificadas dos reuniones con el ex gerente de la compañía, Patricio Contesse, además de haber sido copiada en los correos dirigidos al ejecutivo.
Por estos días también conocimos los descargos de Ana Luisa Jouanne, señora de Jaime Orpis y presidenta de Fundación Esperanza, quien amargamente señaló que ha recibido ataques “malintencionados” por recibir dineros que podrían estar vinculados a las deudas del senador. Aunque los objetivos de esta organización parecen ser muy loables, cuesta entender por qué Corpesca entregaba aportes a dicha fundación, y que además la hija de una de las personas a cargo “boleteaba” para la pesquera –un modus operandi verificado en todos los casos–. Para desgracia de Jouanne –quien defendió la honorabilidad y buenas intenciones de su marido en la revista Sábado– la situación se ve confusa y golpea la credibilidad e imagen de la institución que dirige.
Ante todo esto, no me queda más que expresar mi discrepancia con Enrique Correa y su afirmación de que «el financiamiento irregular de la política no es corrupción».
En primer lugar, los casos ya mencionados junto con Caval, Penta y SQM, más allá de las interpretaciones legales, son y representan actos de corrupción y son percibidos como tales. En una extensa entrevista, el ex ministro señala que cuando una persona entrega aportes a una campaña de manera ilegal, estamos frente a la figura de “cohecho”.
Sin embargo, el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación, o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura. Aunque la definición acepta cierta ambigüedad, ya que no incluye “influir en la redacción de una ley”, el sentido común apunta a que estamos frente a hechos ilícitos reñidos con la ética y, por tanto, frente a un evidente acto de corrupción. ¿O alguno de ustedes cree que Sergio Jadue no es un corrupto, aunque no sea funcionario público y no haya participado en una licitación?
[cita tipo= «destaque»]El hecho de aceptar dineros de forma irregular es prueba suficiente –para quien dona– del “compromiso” que adquiere el receptor con esta conducta generosa. Por lo tanto, si ese parlamentario se compró un Audi, pagó sus excesivas deudas o simplemente imprimió 10 mil carteles, para efectos prácticos, a la empresa le es indiferente. El acuerdo tácito es: “Usted me debe una”.[/cita]
Por otra parte, Correa sostiene que la “corrupción supone el intento de enriquecimiento personal ilícito y eso es distinto a lo que pasó en los casos de financiamiento de campañas”. Aunque entiendo la intención de restarles dramatismo a los hechos por todos conocidos, debemos recordar que estamos hablando de una conducta que viola la ley por parte de quienes –precisamente– están encargados de redactarlas. Esto, a mi juicio, ya es suficientemente grave.
En segundo lugar, ¿es significativo lo que hace una persona con los recursos irregulares que recibe? Creo que no. El hecho de aceptar dineros de forma irregular es prueba suficiente –para quien dona– del “compromiso” que adquiere el receptor con esta conducta generosa. Por lo tanto, si ese parlamentario se compró un Audi, pagó sus excesivas deudas o simplemente imprimió 10 mil carteles, para efectos prácticos, a la empresa le es indiferente. El acuerdo tácito es: “Usted me debe una”. No quiero decir con esto que todos quienes recibieron aportes actúen de manera incorrecta o que se dejen presionar para aprobar tal o cual ley, pero obviamente –a ojos de la ciudadanía– existe una posibilidad bastante alta.
Como no soy abogado, la forma como se denomine este delito –aportes ilegales, presión indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia o “error involuntario”– no es relevante. Si no está de acuerdo, hagamos una encuesta para saber cómo nombran los chilenos a este tipo de conductas. ¿Se imagina el resultado?
