21 de mayo: ¿cuenta o monólogo?

El Mensaje Presidencial del 21 de mayo es hoy en día una mera costumbre política que perfectamente podría eliminarse del protocolo democrático. Posiblemente su valor principal radica en la sociabilidad republicana que genera para los poderes del Estado, los cuales tienen escasas oportunidades de concurrir a ámbitos políticos comunes. Pero, en esencia, es un acto políticamente desequilibrado desde el punto de vista de los poderes, donde el anfitrión –el Congreso Pleno– no tiene siquiera derecho a preguntar; y resulta carente de toda consecuencia para el curso de la agenda política.

Ha sido impropiamente calificado como una cuenta política, pues su contenido jamás queda expuesto a un rechazo formal, ni menos implica la apertura de un debate legislativo posterior que emita un juicio de confianza, negativo o positivo, sobre lo que contiene. Es un acto de baja simbología democrática que –incluso en sus maneras– resulta jerárquico y autoritario.

Esta llamada cuenta ante el Congreso Pleno, en la cual el Presidente de la República se refiere al estado administrativo y político de la Nación, se instauró recién con la Constitución Política de 1925, que en su artículo 56 estableció el deber del Jefe de Estado de concurrir al Congreso Pleno los 21 de mayo, para informar sobre el curso de la gestión del país. Lo hizo sin establecer ninguna regla de contrapartida o control, sino como un mero acto de autoridad Presidencial.

La Constitución de 1980, hasta la reforma del año 2005, no señalaba ante quién debía entregarse esta cuenta. Por lo tanto, ello era de interpretación libre. Durante la dictadura militar, incluso antes de la dictación de la Constitución, el ejercicio se realizó cada 11 de septiembre, aniversario del golpe militar de 1973, ante la Junta de Gobierno e invitados, en la sede misma del gobierno. La reforma de 2005 enmendó el inciso tercero, cambiándolo por el actual, que señala: “El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno”.

Antes de eso, en su primer Mensaje en 1990, Patricio Aylwin restableció la costumbre política de la Constitución de 1925, expresando textualmente que “aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagraba la Constitución anterior, de rendir esta cuenta ante el Congreso Pleno”.

Lo planteado por el Presidente Aylwin y que luego tomaría la reforma de 2005, marca tanto la vuelta a la tradición histórica republicana de la Constitución de 1925 como el carácter eminentemente político y presidencialista del acto, sin ninguna consecuencia gubernamental o de administración. Es más, es notorio que los contenidos y extensión del mismo han ido experimentando cambios importantes, y adquirido en determinados momentos un aire de justificación doctrinaria o de Estado acerca de lo obrado por el Gobierno, pero solo con matices programáticos y no de gestión.

Incluso más, su origen como rito republicano marca una vuelta a la majestad presidencial luego de años de parlamentarismo, terminados precisamente con la Constitución de 1925. Mediante la norma pertinente de esa Constitución, se construyó el auditorio parlamentario que marcaba la primacía del Presidente de la República en el régimen político que se instauraba con ella. Esta carga simbólica, que marca la significación siempre relativa a la coyuntura política que tiene el acto, vuelve a aparecer con fuerza en el Mensaje de 1990, luego de 17 años de dictadura.

[cita tipo= «destaque»]En las actuales circunstancias políticas, perfectamente puede parecer un acto cuyo sentido práctico requiere ser revisado, para afinar su utilidad mecánica constitucional en el funcionamiento del régimen político, teniendo presente el debate actual que se abre sobre una nueva Constitución para el país.[/cita]

Pero al margen de lo anterior, es irredarguible el hecho de que en sí mismo el Mensaje no acarrea ninguna otra consecuencia que consideraciones políticas de los actores y de la ciudadanía acerca de lo bueno o malo que en él se dice. Incluso más, la Constitución no señala claramente que el Presidente deba concurrir en persona al Congreso sino solo que “dará cuenta al país… ante el Congreso Pleno”.

En las actuales circunstancias políticas, perfectamente puede parecer un acto cuyo sentido práctico requiere ser revisado, para afinar su utilidad mecánica constitucional en el funcionamiento del régimen político, teniendo presente el debate actual que se abre sobre una nueva Constitución para el país.

Posiblemente en la nueva Constitución que se dicte, y ante la perspectiva de cambiar desde un régimen presidencial a uno semipresidencial con jefatura separada de Gobierno, podría efectivamente pasar a ser una Cuenta de Gobierno que sometiera la orientación y las acciones del mismo a un voto de confianza al mismo, o a prevención de iniciativas político-legislativas en las funciones más importantes del Estado, como consecuencia de un voto negativo. Es decir, algo que efectivamente hiciera más equilibrado el juego entre Ejecutivo y Legislativo, y contrapesara el papel amplio de colegislador y de iniciativas de ley que tiene el primero, sin pasar necesariamente al parlamentarismo.

Es posible que en el actual escenario de Gobierno, este 21 de mayo exista poco interés por conocer la jerarquía de la agenda gubernamental para lo que resta de su mandato, u obtener un detalle de lo avanzado según su programa. En los niveles de problemas que enfrenta el país, y dado su grado de polarización política y pérdida de sentido colectivo, existen cuatro temas de fondo que, lamentablemente, están siendo gobernados con criterios de corto plazo. Ellos experimentan cambios u orientaciones día a día, marchas y contramarchas y la aplicación de mecanismos que, lejos de solucionarlos, solo los acumulan como problemas. Respecto de ellos, el Mensaje –parece inevitable– resultará poco aclaratorio o interesante.

El país está en una crisis ambiental casi terminal y no solo carece de institucionalidad sino también de ideas y política para enfrentarla en el corto plazo. Segundo, el país enfrenta un varamiento económico de sus regiones, algunas de las cuales manifiestan un agotamiento psicosocial grave y serios problemas económicos. Tercero, el país enfrenta una controversia de fondo sobre el funcionamiento de su modelo económico, con un comportamiento ensimismado y corporativo –no cooperativo– de sus principales sectores y actores económicos, con impactos serios en la producción, el empleo y las finanzas públicas. Cuarto, el país se mueve en un ambiente de agotamiento ético de sus élites políticas que lo acercan peligrosamente a índices de corrupción incompatibles con la democracia.

Nada de lo actuado en el actual escenario político por el Gobierno, indica que todos o parte de estos problemas, obtendrán respuestas francas, directas y positivas del discurso presidencial. Nada indica tampoco que la oposición entiende siquiera la envergadura de los problemas y no está solo dispuesta al discurso fácil. Entonces, ¿para qué la ceremonia?