EDITORIAL
Vencido el plazo de inscripción y/o refichaje de militantes en los partidos políticos, los resultados no se apartaron de lo esperado. Sin mayores dificultades, el trámite legal fue completado y, con más o menos dificultades – no todas claramente explicables–, se produjo un cierre del proceso que se puede calificar como satisfactorio.
Sin embargo, lo más sorprendente de su transcurso fue la evidente reticencia de muchos antiguos militantes a reinscribirse. Ello ocurrió prácticamente en todos los partidos, lo que genera la percepción de un serio cuestionamiento a la legitimidad interna de esas organizaciones.
Lo segundo, es la baja autoestima ética mostrada por algunos de ellos en los modos o mensajes de su convocatoria pública.
El caso más crudo y preocupante, desde los estándares de una democracia consolidada, fue el de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que, en medio de la ácida crítica ciudadana a la probidad de los partidos, utilizó como gancho publicitario la figura del ex ministro y ex senador Pablo Longueira Montes, quien se encuentra investigado y formalizado por la justicia criminal bajo cargos de cohecho y financiamiento ilegal de la política.
En los videos, que circularon profusamente en las redes sociales, también apareció el candidato presidencial Sebastián Piñera, haciendo dupla con Longueira en el llamado de este a inscribirse en la UDI. Longueira, como es de público conocimiento, renunció a esa colectividad para –según se dijo– no involucrarla en sus problemas judiciales, y Piñera –quien aparece con problemas de transparencia, debido a negocios durante su Presidencia– no pertenece a ningún partido, luego que renunciara a Renovación Nacional.
Tanto el Estado como los partidos políticos pertenecen a la categoría de personas morales en la teoría jurídica moderna, no solo por sus características legales sino también, y de manera muy especial, por estar dotados de la capacidad de contraer obligaciones y ejercer derechos casi como si fueran sujetos naturales, lo que está vinculado directamente a la legitimidad estatal.
En tal calidad, los partidos políticos representan de manera legítima intereses privados en lo público, participan de la definición de lo que es público y lo que es privado, son agentes del personal de administración del Estado y determinan contenidos reales en la solución de los conflictos sociales, así como en la definición práctica de lo que se entiende por bien común en el ejercicio del gobierno. En su gestión gubernamental, cuando triunfan en las elecciones, los partidos están obligados a ejercer el poder con sujeción estricta a los valores de orientación de todo el sistema, generalmente expresados en las definiciones doctrinarias de la Constitución Política.
Es por ello que, en la esencialidad del funcionamiento de un Estado democrático y social de derechos, la persona moral Estado y las personas morales partidos políticos, deben comportarse, como algo esencial y absoluto, con estricta sumisión al derecho. Un aspecto que, por decir lo menos, Longueira no ha cumplido a cabalidad –si no, derechamente, lesionado con sus conductas–, razón por la cual ha sido requerido por la justicia, por lo que resulta éticamente estrecho lo actuado por ese partido político.
No queda claro cuál es la idea de bien público y de sumisión al derecho expresada por la UDI al usar a Longueira en su convocatoria a inscribirse en sus filas.
Para los partidos políticos, el ejercicio de sus derechos como persona moral conlleva una tensión entre mandato electoral e independencia de los representantes respecto de sus electores. Pero ello no es una autonomía ética en relación con el significado de los valores colectivos, ni menos un permiso de uso instrumental, de esa organización, frente a los deberes institucionales y políticos que pone la Constitución a la vida republicana.
Es evidente que a Pablo Longueira lo ampara la presunción de inocencia mientras no concluya su proceso judicial, pero es un acto de prepotencia y de amedrentamiento a los jueces utilizar su figura como símbolo partidario en un proceso de constitución, de una fuerza que mañana puede ser parte de un gobierno. Y, de alguna manera, en el caso de Sebastián Piñera, es una nueva imprudencia frente a las responsabilidades de Estado, pues podría volver a la Presidencia de la República.
[cita tipo=»destaque»]Para los partidos políticos, el ejercicio de sus derechos como persona moral conlleva una tensión entre mandato electoral e independencia de los representantes respecto de sus electores. Pero ello no es una autonomía ética en relación con el significado de los valores colectivos, ni menos un permiso de uso instrumental, de esa organización, frente a los deberes institucionales y políticos que pone la Constitución a la vida republicana.[/cita]
Todas las personas son libres en su capacidad de autodeterminación, con el solo requerimiento de la responsabilidad, pues cada elección es el resultado de un conocimiento y una conciencia moral que aprueba o desaprueba el acto. En política, tanto el derecho como los usos sociales y morales determinan la ética de los comportamientos, no como algo abstracto sino como hecho objetivo. La frase que mejor lo grafica es que, cuando se daña o roba, nunca ocurre sobre algo sino sobre alguien a quien se le roba o daña.
Ello es perfectamente aplicable a la ética política de los partidos y el daño colectivo y social que producen sus acciones.
