La así llamada izquierda progresista ha elegido acercarse al problema de la delincuencia casi exclusivamente desde el punto de vista del imputado. Esta aproximación es sin duda necesaria en un país donde los abusos en el control de identidad, el uso excesivo de la prisión preventiva, y en general los rasgos distintivos de un sistema penal que perpetúa sesgos de clase, raza, sexo y género, están a la orden del día. Pero sorprende constatar que sistemáticamente un actor fundamental resulta omitido: Las víctimas de la delincuencia.
Esta omisión terminó por entregarle el dolor de las víctimas a una demagogia que se desarrolla por igual a la derecha y la izquierda en el discurso indistinguible de la victimización. Pero lo cierto es que ni todos los delincuentes sin corbata son Robin Hood, ni todas las víctimas promueven un sistema desigual; el rostro más duro de la delincuencia lo sufren, como la mayoría de los malestares, los más pobres.
[cita tipo=»destaque»]Es evidente que muchos casos no se resolverán, y lo es también que los recursos deben estar destinados a los delitos más graves. Es cierto así mismo, que la Fiscalía no es el “abogado de la víctima”. Pero nada de eso quita que el sistema deba preocuparse por la dignidad del afectado por el delito; en buena medida, el sentimiento de vulneración que sufre la víctima se debe al abandono, al hecho de que se siente sola.[/cita]
La aproximación alternativa tampoco es la mejor. Si el progresismo intelectualizado sacó a la víctima de la ecuación, la izquierda que participa de la fiesta neoliberal ha decidido mimetizarse con la derecha, asumiendo un discurso profundamente punitivista, que lo que saca de la ecuación es la humanidad del imputado. Aquel que catalogamos como “delincuente”, incluso antes de recibir condena, puede ser sometido a cualquier vejamen. Para este paradigma inhumano, cualquier concesión al imputado implica una afrenta a la víctima.
Pero ni aún esta aproximación asume con seriedad el problema de las víctimas. Si bien es claro que esta visión saca los derechos del imputado de la ecuación, no por ello incluye a los de las víctimas, que resultan igualmente excluidos, mientras se toman decisiones en su nombre. Esta visión, por la víctima, pero sin la víctima, es aquella que solo sabe responder al aumento de la delincuencia elevando las penas y reduciendo las garantías del imputado, haciendo poco o nada por reducir los índices delictivos. Caso emblemático es la última agenda corta: Ante el diagnóstico de que muchos delitos contra la propiedad quedaban sin esclarecerse, la respuesta fue aumentar la dureza del sistema para aquellos casos que justamente si se esclarecían. Este fraude a la comunidad lleva años sucediendo.
Para una alternativa de izquierda que quiera hacerse cargo auténticamente del problema de la delincuencia, es de suma importancia entender la verdadera dimensión del problema de las víctimas. En buena medida, el problema de la delincuencia es el problema del neoliberalismo: el individualismo que nos condena. De algún modo el delito despoja a la víctima de algo más que su propiedad o su integridad física; el acto delictual la desconoce como persona, le niega su dignidad. El Estado no tiene herramientas para obligar al delincuente a devolver esa dignidad, y por ello es precisamente el Estado quien debe asumir la tarea de dar reconocimiento de la víctima, de dar valor a ese dolor.
El error está en creer en que la única forma de ofrecer el reconocimiento es mediante la aplicación de una condena al que delinque, que muchas veces no es satisfactoria para el interés de las víctimas. Una de las cosas que más les duele a las víctimas es el tratamiento que reciben cuando denuncian el delito. Hay casos en que Carabineros se niega a recibir las denuncias, o recomienda no denunciar si no se cuenta con pruebas o testigos. Una de las circunstancias más terribles y recurrentes es aquella que sufren las mujeres cuando son puestas en duda por los propios órganos de persecución cuando hacen una denuncia relacionada con violencia de género. Y en lo mismo incurre el fiscal que no recibe a las víctimas, que no empatiza con su problema, ni se toma el tiempo para explicar la situación procesal.
Es evidente que muchos casos no se resolverán, y lo es también que los recursos deben estar destinados a los delitos más graves. Es cierto así mismo, que la Fiscalía no es el “abogado de la víctima”. Pero nada de eso quita que el sistema deba preocuparse por la dignidad del afectado por el delito; en buena medida, el sentimiento de vulneración que sufre la víctima se debe al abandono, al hecho de que se siente sola.
Así entonces, el foco del reconocimiento de la víctima no debe estar sólo en la violencia de la condena, sino también en la valoración de su dolor al enfrentarse al sistema; como descubrió un reciente estudio realizado en Inglaterra, la percepción de la víctima respecto de la justicia en cada condado, era radicalmente distinta en aquellos en los que se envía una carta diciendo que la causa se archiva, a aquellos donde se recibe un llamado telefónico del Ministerio Público, explicando las razones para no perseverar.
Esta revalorización del sufrimiento de la víctima tiene sentido incluso en el contexto del discurso de la izquierda preocupada principalmente de los derechos del imputado: en la medida en que el reconocimiento a la víctima no se limite a restringir los derechos del imputado, sino que se extienda en aliviar la vulneración sufrida, posiblemente las medidas demagógicas que no hacen nada por mejorar el problema, pierdan progresivamente su popularidad.
Esto es apenas un aspecto de lo que debe ser una reflexión sobre la política criminal desde la izquierda, pero que puede empezar a dirigir el foco hacia lo correcto: incluir en vez de excluir. La delincuencia aumenta en aquellas sociedades donde reina el individualismo y la desigualdad, y disminuye en aquellas donde los individuos están más integrados y las brechas que los dividen son más estrechas. Debemos entender así, que la delincuencia es un problema que se afronta en comunidad, y que aquello que no puede resolverse con la condena al agresor, debe resolverse con empatía y generosidad. En esto como en todo ámbito, la lucha por la felicidad es siempre una lucha colectiva.
