Opinión
Cada día es más palpable que, en la desesperación por acaparar votación y popularidad, distintos actores políticos han dedicado esfuerzos por las más creativas, desproporcionadas y variadas “soluciones” para el fenómeno de la delincuencia que, en concepto de ellos, estaría “descontrolada”. No obstante, poco o nada tienen que ver la elaboración jurídica resultante con la prevención del delito, y mucho tienen que ver con un abuso simbólico del derecho penal para la obtención de fines mezquinamente políticos, produciendo leyes indudablemente oportunistas. Puede advertirse la directa relación entre intereses políticos, miedo y demagogia de quienes legislan con la instrumentalización de la justicia penal.
Ciertamente, hoy en día nuestra legislación es reactiva, más no preventiva. Está confeccionada sobre bases populistas, sin fundamentos racionales y coherentes. Se busca siempre, de forma poco reflexiva, el castigo del culpable y el endurecimiento de las penas, generando una política de seguridad fútil y débil, incapaz de hacer frente a las problemáticas que la delincuencia genera en la sociedad. Ahora bien, no es menos cierto que una conducta que merece un reproche penal puede quedar impune; empero si tales comportamientos, periódicamente realizados por determinados sectores de la población respecto de los cuales no cuentan con niveles educacionales aceptables o cuya realidad social es absolutamente adversa; dicha problemática no puede ser enmendada con mayor rigurosidad en las penas, sino en la educación para los mismos.
[cita tipo=»destaque»]No erremos el discurso: claramente nuestra política criminal ha sido insuficiente para intentar solucionar un problema delictual que es real, pero no es menos cierto que las magnitudes del delito, hoy en día, se ven incrementadas inescrupulosamente por ciertos grupos empresariales de giro periodístico, que han sembrado sistemáticamente esta sensación de inseguridad, llevando el discurso a una evaluación en que mayor población carcelaria equivale a seguridad, lo que es simplemente absurdo y deja de lado incluso las medidas que han probado ser más eficaces. Sin embargo, no hemos ganado nada más que un sistema deshumanizado y que fabrica, sin dudas, un estigma social de “delincuente”, sin consideración alguna sobre importantes derechos como la presunción de inocencia o la legítima defensa, entre otros.[/cita]
No erremos el discurso: claramente nuestra política criminal ha sido insuficiente para intentar solucionar un problema delictual que es real, pero no es menos cierto que las magnitudes del delito, hoy en día, se ven incrementadas inescrupulosamente por ciertos grupos empresariales de giro periodístico, que han sembrado sistemáticamente esta sensación de inseguridad, llevando el discurso a una evaluación en que mayor población carcelaria equivale a seguridad, lo que es simplemente absurdo y deja de lado incluso las medidas que han probado ser más eficaces. Sin embargo, no hemos ganado nada más que un sistema deshumanizado y que fabrica, sin dudas, un estigma social de “delincuente”, sin consideración alguna sobre importantes derechos como la presunción de inocencia o la legítima defensa, entre otros.
La amorfa producción legal que periódicamente va parchando y sobreparchando el sistema penal y procesal penal nacional hace cada vez más difícil su control y la medición de efectividad de las medidas adoptadas –en su enorme mayoría, carentes de efectos mayores. Así, el único y verdadero efecto que estamos logrando es aumentar la población carcelaria y no disminuir el delito. Siendo que es mejor prevenir delitos que castigarlos, en general la opinión pública busca ensañarse con el culpable y pretende garantizarle la el sufrimiento más grande que puede imaginar.
Las directrices y criterios que sostienen los argumentos en defensa de estas medidas podrán ocasionar, con toda certeza, un daño irremediable no solo en la población, sino para la democracia chilena y nuestro ordenamiento jurídico. Las consecuencias sociales pueden apreciarse en la notable sensación de inseguridad en nuestra población, en conjunto con la desconfianza hacia las instituciones que han sido creadas precisamente al tenor de responder a las expectativas tanto de la ciudadanía como de la correcta aplicación de la ley. Por otro lado, desde una coyuntura económica, no debe soslayarse el excesivo gasto institucional que debe realizarse en una persona privada de libertad (recordemos, que hasta el año 2017 el Sr. Jaime Rojas, Director de Gendarmería de Chile, indicó que el costo por individuos presos es de $724.000.-).
¿Por qué, entonces, surge el populismo penal? Esto, puede explicarse en que el derecho penal es, a ojos incautos, una herramienta de solución aparentemente inmediata de conflictos. O sea, desde un plano funcional, es la vía más factible para alcanzar resultados esperados en determinados conflictos entre civiles o del Estado contra los civiles; “tiene pocos opositores políticos, costos bajos y garantizada la atención mediática, además que no altera las estructuras sociales y económicas.”
La protección de intereses sociales como la seguridad debe discutirse a fondo y siempre respetando nuestras libertades, tan difícilmente ganadas por las generaciones que nos anteceden, y que aparece tan frágil y fácil de conculcar por las generaciones que hemos tenido la suerte de no haber nacido bajo tiranías sino democracias (al menos formales).
