Opinión
Los recientes problemas de funcionamiento de los portales web de entidades bancarias nacionales, sumado al ataque cibernético hace unas pocas semanas, han vuelto a dejar en evidencia -como ya ocurrió el año 2016 con los datos filtrados de fichas médicas de pacientes, o el año 2012 con la filtración de los datos electorales de 13 millones de ciudadanos- la fragilidad en la que se encuentran las plataformas que administran nuestros datos privados, y la necesidad de mejorar el actual marco regulatorio para combatir estas situaciones.
Con el avance de Internet y de la globalización, también aumentaron los riesgos -los que muchas veces se esconden de nuestra vista- y que pueden generar grandes daños en las personas. La llamada pérdida de la privacidad es uno de ellos, y con esto me refiero a la “huella digital” que vamos dejando con cada clic que hacemos, o con cada página que visitamos, es decir, que nuestro comportamiento digital se puede monitorear, supervisar, y por qué no decirlo, espiar y robar.
Tal es este “nuevo negocio” de los datos, que para muchas empresas se ha vuelto más rentable lucrar con las bases de datos, que con el mismo producto ofrecido. De ahí viene la frase: “los datos son el nuevo petróleo”.
[cita tipo=»destaque»]Pareciera ser que en nuestro país no existe ni el conocimiento, ni la voluntad política por regular este tema. El proyecto de la nueva ley de protección de datos presentado por el gobierno de Michelle Bachelet – que fue fuertemente criticado- aún se encuentra a la espera en el Congreso y no se sabe cuándo verá la luz. Mientras tanto, seguimos con una ley de protección de datos que data del año 1998 y que se encuentra obsoleta e inocua frente a las nuevas tecnologías y riesgos.[/cita]
Para combatir el aumento de estos ilícitos, en Europa se han creado normativas y agencias de protección de datos personales, las que velan por el correcto uso de nuestra información personal. Sin embargo, en nuestro país la realidad todavía se aleja de eso.
Según datos del Ministerio Público, las denuncias por uso fraudulento de Tarjetas de Crédito han aumentado en 121% durante los últimos dos años (variación primer semestre 2015-2017). Si a esto le agregamos que Chile es uno los pocos países de la OCDE que no cuenta con una agencia de protección de datos, el panorama se vuelve aún más oscuro.
Pareciera ser que en nuestro país no existe ni el conocimiento, ni la voluntad política por regular este tema. El proyecto de la nueva ley de protección de datos presentado por el gobierno de Michelle Bachelet – que fue fuertemente criticado- aún se encuentra a la espera en el Congreso y no se sabe cuándo verá la luz. Mientras tanto, seguimos con una ley de protección de datos que data del año 1998 y que se encuentra obsoleta e inocua frente a las nuevas tecnologías y riesgos.
Esperamos que los trabajos que se desarrollan en torno a Transformación Digital y Modernización del Estado rindan frutos para un adecuado equilibrio entre privacidad y transparencia, mejorando la calidad y eficacia de las organizaciones y empresas que administran los datos privados
