Opinión
Hasta hace pocos días nos enteramos que el Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS, no obtuvo el apoyo financiero del gobierno para su realización. Este festival lleva más de 20 años de trayectoria y es reconocido como una de las principales instancias de encuentro de los documentalistas, tanto de nuestro país como del extranjero. Más allá de los argumentos técnicos que se puedan esgrimir y que llevaron a no otorgar el apoyo a este festival, esto nos devuelve, una vez más, a revisar la forma que se financia la Cultura en Chile. Un país donde el mundo de la Cultura debe sobrevivir, año tras año, bajo las normas de un cuestionado sistema de concursabilidad. Y volver a reiterar que es un sistema absolutamente dependendiente del gobierno de turno, lo que lo propicia caer permanentemente bajo criterios arbitrarios, cambiando las reglas del juego, periodo tras periodo y gobierno tras gobierno.
No está demás recordar que, sin ir más lejos, el recién pasado año 2018, en plena discusión del presupuesto nacional, se intentó realizar un recorte presupuestario llegando dicho recorte, incluso para ciertas organizaciones y entidades culturales, en hasta un 40% menos del presupuesto asignado para su gestión, respecto del año anterior. Con ello, muchas actividades esenciales para la Cultura de nuestro país hubieran sido lamentablemente canceladas.
Desde la Comisión Cultura de Revolución Democrática sostenemos que se deben acabar los concursos y la competencia por el financiamiento de la Cultura en Chile, en especial para organizaciones culturales y de la sociedad civil que tienen como fin la producción cultural, de las artes o del patrimonio. Apostamos por un financiamiento permanente en base a planes de gestión, proyectos y programas tri-anuales, sustentados jurídicamente a través de convenios. Junto con ello, el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio debe crear una red de apoyo estatal, que abogue por la construcción de redes de gestión inter-instituciones de manera que acompañen, apoyen y proyecten el trabajo de las organizaciones culturales de forma sistemática, efectiva y sostenida en el tiempo.
Por otra parte, es necesario volver a reafirmar que la Cultura no puede seguir sobreviviendo con tan sólo el 0.4% del presupuesto total de la nación. Se debe dar una señal clara del verdadero interés del gobierno por ella; y eso implica subir como mínimo al 2%. Ese salto permitirá financiar de forma inicial programas permanentes de Cultura y, además, permitirá demostrar que las autoridades están conscientes realmente del valor de la Cultura para el desarrollo del país. Sin embargo y muy por el contrario, todas las políticas culturales hasta ahora implementadas parecieran dar a entender que, para el gobierno, la Cultura no es homologable a una industria que se pueda rentar a grandes márgenes en el corto plazo y, por tanto, no tiene relevancia. Y dichas políticas y miradas meramente economicistas y basadas en la competencia, aplicadas para todos los ámbitos de la sociedad, traen consecuencias lamentables e irreversibles en el largo plazo, para un modelo de desarrollo integral y sostenido.
Por todo lo anterior, es que sostenemos enfáticamente que el modelo de gestión gubernamental que propone a la concursabilidad como una, sino la única, forma en la cual diversos actores y entidades deban sostener sus trabajos en la Cultura es, al menos, contraproducente y pernicioso y se debe terminar. Ya hemos señalado en otras instancias que esta temática ha sido una demanda histórica del sector cultural en su conjunto pero, hasta ahora, no parece haber interés de las autoridades ni mucho menos señales de cambio. En definitiva, creemos firmemente en que se debe contar con fondos basales que permitan el desarrollo de políticas en Cultura sostenidas en el tiempo y no cortoplacistas, de manera que se integre y consolide de forma permanente el trabajo de los diversos actores involucrados en ella, a través de todo el país, con toda la riqueza cultural de la cual todas y todos somos parte.
