Hace unos años atrás, Theresa May, por entonces secretaria de Interior de Reino Unido, acuñó el concepto de “ambiente hostil”, el cual hace referencia a las políticas implementadas por los países que se denominan ricos, para tratar mal a los inmigrantes y que así no tengan deseos de inmigrar. Esto se genera porque el principal desafío geopolítico actual es lograr identificar a los potenciales migrantes para mantenerlos alejados de las fronteras, previniendo, de este modo, la salida y no la llegada de los mismos.
La semana pasada estuvo marcada fuertemente por esta lógica en nuestro país. El manejo de la crisis migratoria en Colchane y la polémica por el anuncio del Canciller de no vacunar a los extranjeros que ingresen a Chile como turistas son políticas de carácter restrictivo que buscan incentivar el miedo en el inmigrante para disuadirlo de venir al país. Sin embargo, este tipo de medidas pueden generar efectos lesivos para el sistema y vulnerar los derechos humanos de quienes migran.
Las políticas del miedo, o de control a través del miedo, como las utilizadas durante la semana anterior, cumplen con el objetivo presupuestado, a saber, crear un ambiente hostil, pero no se hacen cargo del problema central: el flujo de migrantes. Dicho de otro modo, no son políticas de gestión de migrantes, pues únicamente buscan disuadir a estos últimos o volver más peligrosas las fronteras. En este sentido, el profesor Richard Zapata (2013) sostiene que las políticas migratorias más restrictivas sólo llevan a los inmigrantes a buscar rutas alternativas e ilegales —que suelen ser más peligrosas—, pero no lo disuaden de abandonar su país.
Una segunda alternativa serían las políticas de seguridad, las cuales apuntan a dar protección a los nacionales que se muestren preocupados por la migración, debiendo el Estado tomar una acción positiva para así tranquilizar a la ciudadanía. Esto último fue lo que el gobierno intentó realizar por medio del avión de la FACH con el que se expulsó a migrantes en Iquique, o con la visita de los ministros del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores a la zona. Sin embargo, el inconveniente de estas medidas es que a decir verdad su impacto es muy bajo. Lo cierto es que los migrantes siguen dejando sus países de origen, sean cuales sean las condiciones, siendo el único efecto real de estas políticas la reducción de la confianza en las instituciones estatales, ya que el Estado le está diciendo a la ciudadanía que hará algo que en la práctica no puede hacer, generando hostilidad pública contra el inmigrante, contra las autoridades y con los organismos internacionales (Collyer, 2020).
El problema de este tipo de políticas es que la migración hoy en día es el resultado del desarrollo y no del subdesarrollo como se creía anteriormente. Por lo que existe un vínculo directo entre desarrollo y migración, el que tendría un impacto positivo en el crecimiento. La respuesta a los asuntos migratorios viene dada, entonces, por la idea de cooperación internacional y no desde la discriminación y segregación entre países. Esto se logra a través de la aplicación de políticas estatales fuera del territorio del Estado, de común acuerdo con el país de origen, gestionando el flujo migratorio (Zapata, 2013). Lo anterior contribuye a generar una mejor gobernanza y a la disminución de la inmigración irregular, problemas que justamente se evidencian con las políticas de seguridad que ha aplicado el gobierno durante los últimos años.
El foco de las políticas migratorias debe estar en la promoción de la migración regular y los aspectos humanitarios, los cuales muchas veces son dejados de lado con las políticas de seguridad o disuasión. Todo esto se debe realizar en concordancia con la promoción del desarrollo y el respeto por los derechos humanos de quienes migran, repensando los conceptos de soberanía, frontera y territorio.
