Opinión
En una interesante entrevista, realizada por el doctor Jorge Valdebenito, de “Crisis y Comunicación”, a Olivia Campos, abogada y militante de “Fuerza 18 de Octubre”, se conversó sobre la reforma tributaria que el actual Presidente Boric prometió en toda su campaña. Lo que, en términos simples, debiese sustentar esta reforma está fuertemente vinculado a un pacto social, lamentablemente, los gestos del actual Presidente (hasta ahora) han sido, cambiando las palabras de campaña (a través de Mario Marcel), las de un “pacto fiscal”, es decir, ya no se trataría de la vinculación con los distintos y las distintas agentes culturales y sociales, sino enlaces y acuerdos con la “burguesía económica e industrial”, o sea, el pacto que se está realizando sería con este sector empresarial y no un pacto social con los distintos agentes de la sociedad, donde no se excluya a la minoría económica, pero sí se incluya fuertemente el sector social (la fuerza de trabajo productiva), cosa que no está sucediendo.
Recordemos que la propuesta de reforma fiscal se planteó sobre la base de instancias donde se establecía el impuesto a las rentas, un coto normativo para evitar la evasión fiscal (aquí se encuentra la intención de mayor recaudación fiscal que se buscaría con la reforma). Esto último debiese complementarse con el royalty minero, del cual aún no se sabe nada concreto (no se ha discutido en el Senado), los impuestos verdes (que sería presentado antes que termine el 2022) y el impuesto al patrimonio (o riquezas), el cual se recaudaría de los impuestos a las grandes élites económicas, pero que, en palabras de Campos, no variaría sustancialmente parte de la recaudación estatal, pues no existe propuesta para regular los constantes cambios de figuras jurídicas en los “domicilios tributarios” de los superricos del país.
Las recaudaciones de estos impuestos (en su totalidad, es decir, a todas y todos nosotros), de acuerdo a lo planteado, financiaría las demandas sociales. Lo concerniente a lo recaudado por la evasión fiscal iría a los procesos de reconversión productiva e inversiones. Esto último significaría que, contrario a los discursos de campaña, la financiación social se financiaría con los impuestos a todos los chilenos y las chilenas y la recaudación de la evasión a la inversión empresarial en lo que concierne a innovación y diversificación productiva.
Olivia Campos nos recuerda que esto no comenzó del todo así, pues, antes de mostrarse una cierta claridad en relación con qué sectores estaría protegiendo mayoritariamente el Gobierno, se realizaron encuentros ciudadanos para informar sobre el proyecto de reforma tributaria, pero estas instancias no se reflejaron, o más bien nunca estuvieron consideradas en el centro de la reforma, pues la posición del Gobierno ha estado más encauzada en “cuidar” y resguardar las implicancias que no alteren el funcionamiento actual de las grandes fortunas económicas.
Se supone que el actual Presidente estaría pensando en un plan a largo plazo (más allá de su Gobierno), pero esto tiene ribetes muy extraños, pues el paternalismo capitalista económico que lleva a cabo es sin la participación directa de la ciudadanía, o sea, algo así como planificar las soluciones con expertos y superempresarios para, de acuerdo a eso, intentar recaudaciones que, en un futuro desconocido, llegarían a la mayoría de la población; nada diferente a las políticas de todos los gobiernos anteriores desde el regreso a la democracia, pero acentuando una práctica claramente cargada a las élites, sin participación de la comunidad en las decisiones (tal vez continúa la “lógica” del chorreo), pues los “grandes” acuerdos se han estado realizando con el empresariado (3% de los mayores ingresos del país).
En este escenario, es importante recalcar que el gasto social no cambiaría, pues este se financiaría con la recaudación del impuesto total nacional: rentas personales e impuesto a las riquezas, el cual esta bien evaluado por el poder económico del país mientras se mantenga alrededor del 50% de esta recaudación (lo que ha venido ocurriendo hace decenios) por parte de toda la ciudadanía, o sea, donde las grandes fortunas no se vean afectadas. Lo que refiere a los impuestos al consumo, que es lo que todos y todas pagamos, en la gran mayoría del porcentaje de los impuestos, no se ha tocado, y por lo que se ve no se hará, pues esto significaría alterar el modelo de Hacienda en lo que respecta, al menos, a una mantención de las economías más ricas, aunque sea sin progresión por el momento, pero sí con regresión en lo que respecta a la gran mayoría de la población. La recaudación de impuestos a las grandes empresas –de poder lograrse– está siendo pensada en una especie de retribución para el potenciamiento de las mismas, es decir, una especie de política giratoria donde el mayor gasto seguiremos pegándolo todos y todas.
Parte del plan de Hacienda es pasar del actual sistema semiintegrado (semicentralizado), a un sistema semidual, donde la recaudación de impuestos se descentralizaría y se dividiría entre los socios comerciales y las empresas. Esto sería un cambio en el sistema de recaudación, lo que provocaría una agilidad (y cierta transparencia) en este tipo de procesos, pero, en la práctica, el costo general continuaría tal como está, debido a lo mencionado antes sobre el impuesto general. Los porcentajes de recaudación pareciera que no se verían afectados, o cambiados, con este nuevo diseño, es decir, no habría mayor recaudación para el fisco con esto.
A pesar de este rápido diagnóstico negativo de una reforma tributaria, y a pesar de que, políticamente, el Gobierno está esperando la toma de decisiones con cartas políticas en los resultados de las elecciones del 4 de septiembre para intentar cerrar un ciclo que se dio al interior de la misma constituyente con la “cocinería” entre el Frente Amplio, el Partido Socialista, y no pocas veces el Partido Comunista –junto a la derecha–, la cual continúa hoy en día con los arreglos que el gobierno ya está negociando para las reformas (en caso de que gane el Apruebo), no estoy del todo de acuerdo con Campos, en el sentido de que la propuesta constitucional no cambiaría nada en lo sustancial.
Considero que, a pesar de todos los arreglos, falencias y proyecciones para la adecuación de la nueva Constitución, esta contiene algunas mínimos comunes de relevancia para la conformación posterior ciudadana en el trabajo de la proyección legislativa en asuntos que se dan en las demandas sociales en materia de educación, salud, vivienda, sistemas de derechos no subsidiarios, etc. O sea, a pesar del mal escenario actual del Gobierno y la adelantada planificación a los cambios del nuevo texto constitucional, seguirían existiendo las condiciones de posibilidad política en una sociedad movilizada para la incidencia en muchas materias que la propuesta constitucional deja abiertas. Si no actuamos, una vez que se apruebe, estoy de acuerdo que en las bajadas legislativas las cosas no cambiarían sustancialmente, pero ahí se encuentra el corazón de la democracia participativa y donde todos y todas somos agentes de cambios.
