CULTURA|OPINIÓN
Lamento indicar estas falencias del ministerio, pero son cuestiones formales que están sucediendo y que están perjudicando -y aumentará si no se mejora la gestión- a muchos gestores y artistas que se encuentran en precarias condiciones de lo poco que queda laboral para el campo.
A comienzos de agosto, el gobierno entregó una ayuda económica (“Chile Apoya”), a propósito de la actual crisis económica, a artistas, la cual consistió en un único monto (para todo el 2022) de $450.000. Este bono se generó a través de las gestiones de distintos gremios artísticos en “negociación” con el ministerio de las culturas. Este bono se planificó para el 40% más “vulnerable” del país.
A pesar de ser un monto bajo para todo un año -sumado a la gran crisis de los trabajadores de las artes y las culturas durante dos años de pandemia- la ayuda podía “amortiguar”, momentáneamente, los costos cada vez más elevados de vida del país. Sin embargo, esta situación comenzó a mostrar importantes problemas de gestión de la actual administración, los cuales continuaron viéndose en la reciente apertura a los fondos concursables de adjudicación para el año 2023.
El primer problema se presentó en la nula transparencia sobre los criterios de selección de las y los beneficiarios, lo cual solo se ha discutido en fragmentadas reuniones de agentes artísticos y el ministerio, donde la única explicación que ha dado, y repetido, ese último, a alrededor de 10 mil artistas no beneficiados, es en base a un problema de postulación en la plataforma digital, es decir, a problemas en la inscripción en el formulario digital, pues se requería actualizar los datos que ya existían con anterioridad, algo que puede parecer innecesario y costoso, pues ya el año pasado existía un registro de los agentes culturales del país, y en un año las condiciones no varían mucho para la mayoría, pues es conocido que en Chile, por ejemplo, el 84,8% perdió sus contratos, o canceló sus actividades en el período de la pandemia (que aún continúa). Esta cifra, y otras del rubro de la música se pueden ver en detalles, con los primeros estragos, a comienzos del 2020 en la publicación del Mostrador sobre la crisis de las diferentes disciplinas artísticas. Lo cierto es que los problemas con las plataformas del gobierno son un tema problemático hace mucho, pero ahora se acentúan al, paradójicamente, intentar hacerlas más simples. La gran mayoría de las y los artistas que no recibieron el bono fue debido a que al actualizar sus datos en la plataforma estatal, esta les arrojaba que su gestión estaba realizada con éxito, pero no les indicaba que, después de ello, debían entrar a otro formulario de postulación. Entonces, esa gran cantidad no se le asignó bono por, literalmente, no postular. Cerca de un 60% si realizó la “innecesaria” nueva inscripción y postulación adecuadamente, pero no se la adjudicó. Lo interesante es que las explicaciones que se dieron a través del ministerio mostraban que los recursos habían sido destinados al total del cálculo que ya tenían establecido antes de la selección, por lo que cabría preguntarse si personas que se adjudicaron el bono ¿podrían no haberlo hecho si el resto del 70% de los cerca de 3 mil no adjudicados por bases hubiera mostrado condiciones más adecuadas para el beneficio? No lo sabremos, pues en ninguna parte se ha transparentado puntajes de acuerdo a criterios (las mediciones no son públicas).
[cita tipo=»destaque»]Ha habido una regresión progresiva para la adecuada presentación de proyectos, sobre todo cuando estos tienen cambios en sus bases.[/cita]
De acuerdo a esto, se han estado organizando grupos de artistas para buscar respuestas, y posibles soluciones, a su no adjudicación, los cuales han ido desistiendo gradualmente, dado que las “mesas” de conversación han utilizado la clásica fórmula de plantear posibles soluciones a futuro, o sea, no plantear soluciones concretas, sino posibilidades, cerrando la discusión y agotando a quienes esperan. El problema aquí es que los presupuestos estatales debiesen transparentarse sobre las condiciones de las decisiones que se toman. Por ejemplo, los fondos concursables envían, a quienes se adjudican y a quienes no, una explicación sobre los puntajes obtenidos, o también si el proyecto no calzó dentro de las bases.
No conozco detalles de lo que ocurre internamente en la nueva gestión del ministerio de las culturas, pero estas últimas, claramente, no han tenido un rigor comunicativo. Lo mismo ocurre con la apertura a los actuales fondos concursables para el 2023, y lo que queda del 2022. Sin aviso uno puede encontrarse con nuevas bases en distintas categorías, siendo una de las más preocupantes, y sin explicación aún, la eliminación de honorarios para quienes sean ejecutantes de los proyectos en, por ejemplo, “creación”. Esto significaría que el o la creadora puede pagarle a un equipo y contrataciones por servicio, pago de infraestructura, etc., pero no pagarse a sí mismo por los meses de de trabajo. Claramente esto provocará realizar procesos ilegales para muchos postulantes (algo que que se hace hace mucho para recibir más ingresos de honorarios). El problema es que al borrar la opción de honorarios se generará una mayor cantidad de “proyectos falsos” en lo que corresponde a la distribución de los dineros (se le pagan a terceros una mínima cantidad para la generación de boletas, y el grueso del presupuesto queda en manos del ejecutante). Este vicio ocurre hace mucho, no es una cuestión que provocará la actual gestión ministerial, pero lo que si hará es acentuarlo, en vez de reducirlo. Las ayudas y capacitaciones que se realizan en video son un tanto vergonzosas, pues contratan a alguien para que lea las bases en tiempo real. Esto no es capacitación. Las dudas que se puedan tener se consultan por la misma vía que existe hace años por el sistema OIRS del Mincap. Lo que lamento mencionar es que la agilidad en las respuestas a las dudas (hay proyectos que terminan a mediados de la semana que comienza) se tardan de 4 a 7 días, y en la gestión anterior no demoraban más de un día. Hasta el 2010 (gobierno de Bachelet) las dudas se atendían por teléfono de forma muy rápida. O sea, ha habido una regresión progresiva para la adecuada presentación de proyectos, sobre todo cuando estos tienen cambios en sus bases. Actualmente, puede pasar una semana desde una sola consulta sin tener respuesta alguna.
Lamento indicar estas falencias del ministerio, pero son cuestiones formales que están sucediendo y que están perjudicando -y aumentará si no se mejora la gestión- a muchos gestores y artistas que se encuentran en precarias condiciones de lo poco que queda laboral para el campo.
