Opinión
Cuesta entender cómo nadie fue capaz de darse cuenta de que el anuncio que hizo La Moneda tendría un protagonista que se robaría la película de este importante tema que aflige a la ciudadanía: la creación del Consejo Nacional de Inteligencia, inmediatamente bautizado en redes sociales como CNI. De más está decir el horror que provocó en muchos –me incluyo– el recuerdo de ese siniestro organismo de represión y la connotación que despertó de inmediato. Era algo obvio, ni siquiera merecía dedicarle una reunión de cinco minutos al segundo piso, la Segegob o los muchos asesores que, se supone, deben existir en el Gobierno. ¿Se imaginan que en Polonia bautizaran como Auschwitz a su nueva agencia de Inteligencia? Serían algo más que poco inteligentes, ¿o no?
A estas alturas parece como esas historias en que existe un espía infiltrado que tiene como misión boicotear las iniciativas de un Gobierno, con pequeños o grandes detalles, pero con gran impacto. No deja rastros, nadie sabe quién es, pero siempre está ahí, en primera línea a la hora de nombrar autoridades regionales –el 10% de las Seremis a nivel nacional está vacante producto de renuncias–, así como redactar discursos o pautear al ministro de Educación, Gerardo Varela, o de Salud, Emilio Santelices. En las últimas semanas, el espía aconsejó nombrar a Alberto Cardemil de gobernador, cambiar a dos intendentes y rotar como embajador al subsecretario de RR.EE. Un infiltrado efectivo.
Cuesta entender cómo NADIE fue capaz de darse cuenta de que el anuncio que hizo La Moneda, con los resultados de la mesa presidencial que elaboró 150 propuestas para mejorar la lucha contra la delincuencia, tendría un protagonista que se robaría la película de este importante tema que aflige a la ciudadanía: la creación del Consejo Nacional de Inteligencia, inmediatamente bautizado en redes sociales –fue trending topic– como CNI. De más está decir el horror que provocó en muchos en este país –me incluyo– el recuerdo de ese siniestro organismo de represión y la connotación que despertó de inmediato.
Era algo obvio, ni siquiera merecía dedicarle una reunión de cinco minutos al segundo piso, la Segegob o los muchos asesores que, se supone, deben existir en el Gobierno para evaluar impacto, oportunidades y riesgos de crear una institución que llevara por nombre CNI. ¿Se imaginan que en Polonia bautizaran como Auschwitz a su nueva agencia de Inteligencia? Serían algo más que poco inteligentes, ¿o no?
[cita tipo=»destaque»]Por suerte el Gobierno optó por reconocer el tremendo error y actuó rápido, cambiándole el nombre por CAI, es decir, Consejo Asesor de Inteligencia. En otras palabras, dedicamos dos días a comentar los nombres elegidos y no las atribuciones que tendrían, por ejemplo. Y aunque aquietó las aguas, en La Moneda deben haber quedado con una sensación amarga, ya que las formas taparon el fondo: los anuncios. Va a costar revertir el mal debut. Lo más probable es que, cuando empiecen a llegar al Congreso los proyectos y se empiecen a discutir, volverán a estar en la agenda. La ministra de la Segegob, Cecilia Pérez, sabe bien que desde la perspectiva comunicacional, en estos temas trascendentes, la primera impresión no tiene segunda oportunidad.[/cita]
Una torpeza mayor aún, considerando la gran cantidad de protagonistas involucrados en este episodio, partiendo por los integrantes de esta mesa, la que incluía a personeros de oposición, entre ellos, senadores, alcaldes y diputados del Frente Amplio, Democracia Cristiana y PPD. Hasta ahora, ninguno de ellos ha podido aclarar bien que rol tuvieron en la redacción del documento, de hecho, les pregunté por Twitter, recibiendo solo la aclaración de Carolina Goic –se cambió a la mesa de salud– y la respuesta de Jorge Sharp, quien me afirmó que no fue parte de su elaboración, que no la compartía de forma ni fondo.
Por suerte el Gobierno optó por reconocer el tremendo error y actuó rápido, cambiándole el nombre por CAI, es decir, Consejo Asesor de Inteligencia. En otras palabras, dedicamos dos días a comentar los nombres elegidos y no las atribuciones que tendrían, por ejemplo. Y aunque aquietó las aguas, en La Moneda deben haber quedado con una sensación amarga, ya que las formas taparon el fondo: los anuncios. Va a costar revertir el mal debut. Lo más probable es que, cuando empiecen a llegar al Congreso los proyectos y se empiecen a discutir, volverán a estar en la agenda. La ministra de la Segegob, Cecilia Pérez, sabe bien que desde la perspectiva comunicacional, en estos temas trascendentes, la primera impresión no tiene segunda oportunidad.
Pero vamos a lo de fondo. Este fue un esfuerzo transversal para enfrentar una de las principales preocupaciones que tienen los chilenos. Entre las medidas más relevantes están la de separar la función investigativa –quedaría en manos de la PDI– de la preventiva y policial propiamente tal, focalizada en Carabineros. Las únicas excepciones serían dos organismos de alta especialización, como son el OS9 y OS7, los que permanecerían a cargo de la policía uniformada. Si bien esta propuesta formó parte del programa de campaña de Piñera, el hecho de que se validara en la mesa, ayudará a que su tramitación en el Congreso sea más expedita.
También los municipios ampliarán sus funciones, permitiendo que los inspectores puedan asumir roles en la gestión de tránsito y prestar labores de protección de víctimas de la violencia intrafamilar. Creo que este será un proyecto que, cuando se analice en el Parlamento, de seguro se ampliará a un anhelo que muchos alcaldes ya han planteado en distintas instancias, como el que sus guardias puedan portar armas, dando espacio para las policías municipales. Otra muy buena iniciativa es la de que civiles puedan ingresar a cumplir labores administrativas tanto en la PDI como en Carabineros, de manera que sus funcionarios puedan concentrarse en las labores policiales. Veremos cuánto consenso despiertan.
En otros ámbitos, se pretende fiscalizar y endurecer el control de armas de fuego, así como ampliar el sistema de consulta actual, contando para ello con acceso en línea para las policías y el Ministerio Público. Un capítulo especial les dedica el informe a la probidad y la transparencia, a propósito del bochornoso fraude verificado en Carabineros el año pasado. De hecho, se crea un comité auditor, de manera de asegurar el control financiero, contable y administrativo de los recursos recibidos.
Pero la principal duda de este Acuerdo Nacional de Seguridad Pública (ANSP) está en los roles que cumplirán las instituciones que conformarán esta estructura. Por un lado, se crea el polémico Consejo Asesor de Inteligencia (CAI), presidido por el Primer Mandatario y que estará integrado por el ministro del Interior, el director de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) y los jefes de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). Es evidente que entre todas estas siglas existirá una superposición de roles, funciones, alcances y jerarquías. De seguro, este será un punto crítico del proyecto y es poco probable que cuente con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Aquí sí que la historia reciente y las evocaciones de la DINA y la CNI estarán presentes en la discusión.
Y, claro, la principal polémica que se vislumbra en el panorama es el destino de la ANI. Este organismo ha sido muy irrelevante en la labor de Inteligencia en estos años, además de estar asociado al Gobierno de turno y, para colmo, en un terreno de oscuridad. El proyecto considera la creación del rol de subdirector, el término de la inamovilidad de quienes laboran allí y la eliminación de los cargos de planta. Desde ya, esto tendrá el voto contrario de la ex Nueva Mayoría
Ojalá el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública avance rápido y sin los tropiezos iniciales que tuvo. Y, bueno, como este es un tema de Inteligencia, ojalá el Gobierno encuentre luego al espía interno.
