Opinión
Los sofisticados mecanismos usados en compras de vehículos para el Ejército, donde aparecen mezclados ex altos funcionarios civiles del área de seguridad como Cristóbal Lira, junto a militares como Fuente-Alba o proveedores habituales como Virgilio Cartoni, muestran un complejo crucigrama. Este, difícilmente se produce de manera espontánea o casual, sino que generalmente –si se investiga bien– da cuenta de canales clandestinos permanentes para el lavado de activos. Eso es lo que en estos casos indica como riesgo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental impulsado por el G-7.
Luego de las investigaciones e imputaciones judiciales a altos mandos militares del Ejército, entre ellos, Juan Miguel Fuente-Alba, ex comandante en Jefe de esta fuerza, surge la inquietud de saber en qué punto de equilibrio se encuentra la Seguridad Nacional de Chile, y cuál es la postura y capacidad profesional del ministro de Defensa actual para conducir la crisis.
El señor general (r) se encuentra detenido y procesado por malversación de caudales públicos y es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad por eventual lavado de activos, delitos doblemente graves, pues la rapiña se habría producido sobre recursos financieros de su institución, específicos, entre ellos, las actividades de inteligencia, y por el daño derivado a la seguridad del país, lo que sin investigación resulta indeterminado.
Todo ello, sin contar el daño de reputación a la institución y a la carrera militar, lo que seguramente –en el caso del Ejército– generará una crisis de la vocación y de autovaloración moral entre los militares honestos, que debieran ser la mayoría. Un mando inmoral, como el ejercido por Fuente-Alba, puede ser igual o peor al delito de traición a la patria.
La duda acerca de la capacidad técnica y de gestión política del ministro de Defensa Alberto Espina sobre la crisis, tampoco es leve. Las conductas de Fuente-Alba no son hechos aislados. Todo indica que son parte de una cadena de conductas reiteradas a través del tiempo por altos mandos militares, que terminó haciendo escuela y cultura de escamoteo ilegal de fondos destinados a la Defensa Nacional.
Ello ha sido posible por el relajado ambiente de control llevado por el Ministerio de Defensa –si no derechamente la tolerancia o complicidad de alguna de sus partes–, lo que ha conducido a un núcleo civil/militar a posicionarse como notorios corporativos de la Defensa Nacional y las FF.AA.; y al servicio, a ser una especie de botín de proveedores, oficiales corruptos y ex autoridades que fungen de lobbistas asalariados de ese núcleo ante los medios. Todo ello porque, en el fondo, el Ministerio de Defensa, durante más de 20 años de democracia, solo ha dicho ¡bien, gracias!
En la crisis actual –que es terminal– de un modo de gestionar la Defensa Nacional y que, de una u otra manera involucra a todas las ramas, queda demostrado que la conducción civil requiere de algo más que un caballero o señora experimentados en política o que hayan hecho un cursito de gestión en alguna universidad extranjera. Tampoco es una vitrina política.
Alberto Espina, el actual ministro, es un experimentado político y ex parlamentario, con opiniones fuertes sobre seguridad ciudadana, pero es evidente que tales atributos no le bastan para el cargo que ostenta y está incómodo y errático en él. No es su culpa, excepto por aceptar el cargo sin tener consciencia de la dimensión técnica y política de la tarea.
Más allá de la inseguridad del ministro, el Gobierno debe dar claras señales de que tiene un cuadro de objetivos para dar conducción positiva a la crisis. ¿Lo tiene?
También debe tomar medidas y no dejar que la inercia de los acontecimientos se produzca solo en los escritorios de fiscales y jueces.
Los sofisticados mecanismos usados en compras de vehículos para el Ejército, donde aparecen mezclados ex altos funcionarios civiles del área de seguridad como Cristóbal Lira, junto a militares como Fuente-Alba o proveedores habituales como Virgilio Cartoni, muestra un complejo crucigrama. Este, difícilmente se produce de manera espontánea o casual, sino que generalmente –si se investiga bien– da cuenta de canales clandestinos permanentes para el lavado de activos. Eso es lo que en estos casos indica como riesgo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental impulsado por el G-7.
Por eso es conveniente volver a la pregunta inicial acerca de en qué punto está la Seguridad Nacional de Chile. La respuesta no es directa ni expresa, sino que se leerá de lo que el Gobierno realmente hace. Hasta ahora, solo palos de ciego e intentando apagar incendios. O, lo que es peor, mirando para otro lado.
