Opinión
A partir de la violencia de las manifestaciones por la muerte de George Floyd, que sin duda nos recuerda lo acaecido en Chile a partir del 18 de octubre, donde la violencia también adquirió formas físicas, resulta necesario referirse a ella de manera conceptual. La violencia es un fenómeno que ha estado presente desde los inicios de la humanidad hasta las sociedades contemporáneas. Es por ello que comprenderla es imprescindible para entender el comportamiento de los seres humanos, tanto individual como socialmente. Varios grandes pensadores han taratado de abordarla, describirla y generar conclusiones. Maquiavelo, Hobbes, Spinoza, Hegel, Benjamin, por nombrar algunos, han teorizado al respecto.
En este sentido, ¿es tan simple decir que se condena la violencia venga de donde venga?
La mayoría los autores mencionados anteriormente coinciden en que la violencia solo puede encontrarse en el dominio de los medios y no en el de los fines, lo que no implica que, al ser un medio, el juicio de valor sobre su utilización se enmarque solamente en su utilización para fines justos o injustos. De igual manera se deben analizar los criterios para que, al ser utilizada, se establezca su legitimidad en el marco de los medios independientemente de los fines a los que siga. Podemos apreciar, entonces, que establecer si la utilización de la violencia puede llegar a ser eticamente aceptable es un asunto muy difícil de resolver. Desde ya descartamos su utilización para alcanzar fines injustos.
Al respecto, hay dos corrientes dentro de la filosofía del derecho que entran en pugna: la del Derecho Natural y la del Derecho Positivo. Para el primero, no resulta tan problemática la utilización de la violencia para alcanzar fines justos, ya que se entiende la violencia como un producto natural, comparable a una materia prima que como herramienta o medio no es despreciable en su utilización, excepto en los casos en que se utilice para fines injustos. Esta visión es opuesta a la posición que asume el Derecho Positivo, que establece juicios sobre todo derecho en vías de constitución, únicamente a través de la crítica de sus medios. Si la justicia es el criterio de los fines, la legitimidad lo es el de los medios.
Sin embargo, ambas escuelas comparten un dogma fundamental: fines justos pueden ser alcanzados por medios legítimos, y medios legítimos pueden ser empleados para fines justos. El problema es que esto no queda resuelto cuando la premisa es falsa: en el caso en que medios legítimos y fines justos estuvieran en irreconciliable contradicción. Esto no puede producirse sin antes abandonar esta perspectiva y establecer criterios independientes para fines justos, así como para medios legítimos.
Por lo general, es posible utilizar otros medios no violentos, cuando se trata de conflictos entre personas privadas, pero no siempre cuando se trata de conflictos entre sujetos colectivos. Las relaciones conflictivas entre “clases y naciones” desmienten la posibilidad de aquellos medios puros del entendimiento, pues se trata de casos en que aquellos ordenamientos superiores que amenazan con perjudicar en la misma forma a vencedor y vencido están aún ocultos al sentimiento de la mayoría.
En ese sentido, si bien es complejo establecer la independencia del ámbito de los fines, y con ello también la cuestión de un criterio de justicia, al menos hay un consenso sobre proteger a los seres humanos de la violencia que ejerce sobre ellos el aparato estatal.
Actualmente, existe una institución universal que limita la violencia de manera absoluta, dicha institución es la Cultura de Respeto a los Derechos Humanos. Hoy, a diferencia de todos los procesos históricos anteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, existe un paradigma objetivo para legitimar o deslegitimar la violencia.
Nunca en la Historia de la Humanidad habíamos tenido un eje rector que permitiese, sin contextos, limitar de manera tajante el uso de la violencia. Hoy, el ser humano y su dignidad están al centro de la protección que los estados y ordenamientos jurídicos deben respetar. Por lo tanto, independientemente de la legitimidad del fin que el Derecho Natural o el Derecho Positivo persigan, si no se ajustan al cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos, no solo se deslegitiman como medio de solución de conflicto sino que, además, convierten en ilegítimo el fin mismo perseguido.
