Opinión
Un balde de agua fría para las expectativas de una posible reactivación económica fueron los últimos números, que registraron una histórica caída en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de un 14,1% en abril. Dicha contracción ha sido la de mayor magnitud registrada en la historia del índice desde 1986, año en que el Banco Central comenzó a publicar el indicador. Lo problemático de esta situación es que la contracción es mucho mayor de la proyectada para ese mes (abril), dado que las cuarentenas estrictas en toda la Región Metropolitana empezaron a regir solo desde mediados de mayo. Es de esperarse que el Imacec de mayo tenga entonces una caída en torno al -17%/-20%, con números similares también para junio, ya que parece ser que las cuarentenas totales perdurarán al menos hasta mediados de junio. Con estos números, se pronostica una caída del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2020 de alrededor del -5%/-8%. Esta es la contracción económica más grande de Chile desde 1983.
Todo lo anterior refuerza los aciagos números publicados por la Dirección de Presupuestos, en donde se muestra que los ingresos fiscales en abril cayeron un 35,8% en doce meses. Estos números son inquietantes para las arcas fiscales y representan una gran amenaza para los déficits y la deuda pública del país en el mediano plazo. Los debates en torno a la profundidad de la recesión y la pobreza que tristemente generará no deben ocultar tampoco el serio problema previo que el país ya viene arrastrando desde casi una década, como es el crecimiento sostenido de la deuda pública y la pérdida progresiva de impulso económico y capacidad de crecimiento. El país lamentablemente venía arrastrando estos problemas incluso desde antes del 18-O y de la pandemia.
Por el lado del crecimiento, entre el 2014 y el 2019, con excepción del 2018, el PIB anual del país se situó siempre por debajo de los tres puntos. Peor aún, mirando hacia el futuro y para el periodo 2021-2025, el PIB tendencial del país se proyecta en un mero 2,2%, Clapes UC incluso proyecta un PIB tendencial para esta década de un humilde 2%.
En cuanto a la deuda, se esperan altos niveles de obligaciones contraídas y déficits fiscales constantes al menos hasta el 2024-2025. Con todo, se espera que, debido a los cambios de trayectoria del endeudamiento producto de las demandas sociales y la pandemia, el gasto público llegue o sobrepase incluso, en el 2024, al 40% del PIB. La regla fiscal que implementó el Gobierno del Presidente Lagos en el año 2000 ha desaparecido, debido a que los gobiernos de turno han sostenidamente quebrantado e ignorado dicha ancla fiscal. Existe el real riesgo de que los gastos transitorios, producto de las innumerables demandas sociales del 18-O y la pandemia se fusionen y se transformen en permanentes, exacerbando así no solo un déficit temporal —que es justificable, dado el tamaño del shock— sino que, además, acrecienten nuestro problema fiscal de déficit estructural de largo aliento.
Chile viene arrastrando un problema de inercia fiscal muy grande y los nuevos programas de gasto implementados estos últimos meses pueden terminar siendo difíciles de eliminar. Hoy, en el debate sobre la reactivación económica pospandemia, es más imperativo que nunca volver a hablar del crecimiento económico y de cómo podemos retomar aquella tendencia alcista de un PIB tendencial que teníamos hace dos décadas.
Sin duda Chile enfrenta la necesidad de corto plazo de reactivar su economía a través de estímulos fiscales, pero al mismo tiempo debe evitar una amenaza aún mayor: que esta nueva década se convierta en otra década perdida, marcada por el bajo crecimiento económico, déficits fiscales y descomposición social.
Si bien el Estado debe jugar un rol clave para ayudar a nuestros conciudadanos y mitigar los efectos nocivos de la pandemia, resulta también evidente que dichos estímulos por parte del Estado —que surgen de más gasto y más deuda pública— no pueden sostenerse por periodos prolongados de tiempo. Como bien lo reconoció el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés: “Las preocupaciones de algunos sobre las dinámicas de deuda tienen mérito (…) porque arrastramos un déficit que no hemos logrado cerrar como sociedad (…). La trayectoria [de la deuda] que tenemos hoy día (…) es insostenible de aquí a 10 años más”. El espacio fiscal para gastar hoy no está determinado solo por nuestros ahorros pasados, sino también por cómo afrontamos las dinámicas de nuestro déficit de cara a esta nueva década, que lamentablemente combina tensiones sociales y un escaso crecimiento.
Ante esta complicada situación entre escaso crecimiento y deuda pública rampante, que se tornará insostenible más temprano que tarde, resulta imperativo volver a discutir cómo podemos recobrar el crecimiento económico perdido, la inversión extraviada y la productividad estancada. Debates cruciales para el país que hemos lamentablemente evitado tanto en el espacio público como en la política por casi una década: baja productividad, decreciente competencia, pobre crecimiento económico y estancado capital humano.
Por ejemplo, según el índice de competitividad, llevamos más de diez años sin salir de los puestos 30 y 33 del ranking mundial de competitividad; un estancamiento mediocre considerable en comparación con otros países. De la misma forma, el ranking Doing Business del Banco Mundial para el 2020, muestra que Chile ha caído considerablemente en el ranking para hacer negocios. En el 2012 teníamos el lugar 39 del ranking y hoy, en el 2020, solo el lugar 59, una caída brutal en menos de una década.
Según informes de la OCDE, Chile es el país que posee la mayor complejidad en sus procesos regulatorios, y la sexta con más barreras legislativas al emprendimiento. En suma, casi no hay ningún ranking de libertad económica y de competitividad en el mundo en el cual Chile no se haya o estancado o retrocedido de forma dramática. Parte de la explicación de nuestro grave estancamiento económico radica en nuestra pérdida constante de competitividad relativa en la mayoría de los rankings mundiales de libertad económica.
Chile se encuentra en una encrucijada entre el corto y el largo plazo que puede determinar el curso de esta década a nivel económico: las urgencias sociales post-18-O y pospandemia consumirán parte importante de nuestros ahorros generados en las dos décadas pasadas, pero contemporáneamente tenemos el problema de no saber cómo volver a llenar aquel saco de ahorros. Ante esta situación, resultan irrisorios aquellos clamores de ciertos intelectuales que piensan que podemos instaurar un Estado Benefactor al estilo de Dinamarca en el país. Todo debate en torno a un Estado Benefactor o una red de protección social resulta inabordable e irresponsable a estas alturas, a no ser que exista un debate paralelo y vinculante para recuperar la capacidad de crecer a través de mayor competitividad y productividad.
Finalmente, la forma en la cual el país supere la actual crisis y proponga un programa de expansión fiscal responsable, con impacto económico permanente y pro inversión, será decisiva para las posibilidades que tengamos de imponer una agenda de largo aliento en áreas tan eludidas como la modernización del Estado y del mercado laboral. Solo así podremos evitar que esta década no termine siendo otra década perdida. Debemos dejar la complacencia y el Twitter político y atacar los serios problemas que nos confrontan; de lo contrario, esta nueva década será mucho más difícil y con más conflictos económicos, fiscales y sociales que la anterior.
