Opinión
La situación patrimonial y financiera de Televisión Nacional de Chile, nuestra televisora de mayor arraigo nacional, que aparece de la lectura de sus estados financieros auditados y publicados al mes de marzo de 2020, es francamente preocupante, por el estado de deterioro patrimonial financiero y de su cometido legal que allí se observa.
Cualquier analista mínimamente informado puede constatar con estupor que TVN, empresa “autónoma” del Estado, registra una pérdida acumulada a marzo del año en curso ascendente a US$100.000.000, la que al año anterior 2019 alcanzó a la cantidad de US$65.921.630.
Se constata también de sus estados financieros que el año 2018, mediante la Ley N° 21.085, el Estado le inyectó una “capitalización extraordinaria” por US$65.000.000, destinada a financiar exclusivamente los proyectos de inversión, sujeto al control del Ministerio de Hacienda. Luego, mediante la Ley de Presupuesto N° 21.125, de 2019, se autorizó a que el Estado a inyectarle US$25.000.000, y luego, en el mes de enero de 2020, el gobierno otorgó el aval del Estado a la empresa televisora, para que contraiga deuda por US$70.000.000.
En consecuencia, si sumamos los aportes de capital directo e indirecto, el Estado Fisco desde el año 2018 a 2020, le ha entregado a TVN la suma de US$ 137.000.000, y la pérdida acumulada a marzo de 2020 llega a la cantidad de US$100.000.000, de lo que se concluye que la gestión de la administración de TVN , desde el año 2013 –último año en que tuvo utilidades–, ha sido incapaz de generar una administración corporativa sustentable y “autónoma» del Estado y que, al contrario, técnicamente es una empresa en permanente “default” financiero y que económicamente subsiste solo por los permanentes aportes de capital que debe inyectarle permanentemente el Estado.
Pero la situación financiera de TVN no termina solo en este deficitario estado patrimonial, sino que es más grave, ya que los estados financieros a marzo de 2020, reflejan que prácticamente todos los inmuebles de la empresa estatal, han sido entregados en operaciones de leasing financiero a dominio de bancos comerciales, incluido Banco Estado, de manera que TVN no es propietaria ya de una cantidad importante de sus inmuebles, sino que los enajenó a cambio de capital fresco y ahora los ocupa como arrendataria, pagando la renta de arriendo a los bancos acreedores y tiene la expectativa de recuperarlos a futuro, si es que puede ejercer la opción de retrocompra, de lo que se sigue que TVN tiene menos activos en su patrimonio y más pasivos o deuda bancaria.
De lo dicho hasta aquí, se puede afirmar que TVN no ha podido cumplir con sus compromisos para el cumplimento de su función pública que le entrega la Ley N° 19.132, de 1992, y que claramente no es una empresa “autónoma” del Estado, sino que todo lo contrario, depende de año en año de la Ley de Presupuesto para su ejercicio anual presupuestario. Se puede consignar, además, que TVN está lejos o más bien en las antípodas del diseño legal y cometido público que establece la Ley N° 19.132, de 1992, cuando si iniciaba el retorno a la democracia y una gran mayoría de ciudadanos teníamos cifradas grandes expectativas y esperanzas de poder establecer y ver una televisión pública y democrática, plural en su contenido, al servicio de la cultura y de la pluralidad de ideas en nuestro país.
Lo que queda claro es que TVN mediante su gobierno corporativo, que incluye a las sensibilidades políticas de los partidos políticos mayoritarios de nuestra democracia, ya que, de sus siete miembros del Directorio, seis son electos por el Senado a propuesta del Presidente de la República, y su Director Presidente es electo directamente por el Presidente de la República, ha sido incapaz de generar una empresa sustentable, todo lo cual deja como resultado una tremenda cuenta al debe, ya que no ha podido desarrollar un modelo de televisión pública sustentable en lo económico, sin que permanentemente, en los últimos siete años, haya podido cumplir con sus compromisos de su misión pública, que le encomienda su ley regulatoria.
En este contexto, salta a la vista que TVN requiere, en este complejo contexto social y económico, de una cirugía mayor mediante un plan estratégico de mediano plazo, que permita encauzar y conectar a la empresa pública con sus principios básicos en lo financiero y en su cometido público de contenidos de calidad de programación televisiva. Evidentemente, no bastan explicaciones técnicas de mercado que pretendan justificar su deficitario estado patrimonial actual, ni menos apelar al espejismo ya manido en nuestro medio de aspirar a una empresa televisora modelo tipo BBC de Londres. Como ha señalado la economista Jeannette von Wolfersdorff, se requiere que el gasto público se vincule con los fines que se persiguen por el Estado, al otorgar el financiamiento a un bien público, el que debe estar justificado en función de un fin declarado de manera explícita, especialmente a la hora de proponer y aprobar la Ley de Presupuesto. Claramente en el caso de TVN no han primado dichos principios en los últimos ocho años de gestión.
¿Cómo justificará la situación financiera de la empresa pública TVN la presidenta de su Directorio, Ana Holuigue Barros, ante el Senado, en su próxima cuenta pública anual ejercicio 2019, y qué remedios empresariales ofrecerá para superar esta calamitoso estado empresarial crítico en lo financiero de la televisora pública?
