Opinión
En los últimos días diversos artículos de prensa han denunciado compras irregulares de dispositivos médicos para abordar la pandemia. Unos revelaron que el sistema de compras adoptado en Chile, para responder a la emergencia sanitaria, permitió que más de 100 empresas que tenían menos de un mes de existencia se adjudicaran contratos millonarios con servicios públicos por trato directo, es decir, sin ninguna competencia. Es de la máxima gravedad. Otros mencionaron, informaron sobre compras en hospitales para favorecer a empresas de familiares de directivos.
Muchos de estos contratos eran para proveer de insumos y dispositivos clave tanto para pacientes como para el personal sanitario: mascarillas, test rápidos, guantes, entre otros.
Los dispositivos médicos –que cruzan el 98% de la salud pública y privada, y que van desde una jeringa hasta sofisticados equipos– juegan un rol fundamental en la provisión de servicios que garanticen la seguridad de los pacientes. Desde el más simple al más elaborado, los dispositivos apoyan diversos tratamientos e incluso sustentan la vida en momentos críticos. Para que desempeñen estas funciones a cabalidad, es fundamental que cumplan con ciertos estándares antes de su ingreso al mercado nacional.
En el país hay solo seis dispositivos regulados (agujas hipodérmicas; guantes de látex para examinación y quirúrgicos; jeringas con y sin agujas hipodérmicas y preservativos de látex), es decir, cuentan con registro sanitario. Sin embargo, en todas las licitaciones a las que convoca el sector público de salud –para estos y otro tipo de insumos y equipos– se exigen al oferente un sinnúmero de requisitos que van desde la cantidad de años de experiencia de la empresa hasta contar con certificaciones internacionales (FDA o CE) que garanticen la calidad de los productos.
Por ello, nos parece, por decir lo menos, extraña la liviandad con que se adjudicaron licitaciones, por trato directo, a empresas sin trayectoria alguna que avale la calidad de los insumos que vendieron al sector público y que fueron utilizados para proteger al personal y dar atención a los miles de enfermos de COVID-19. La pregunta es: ¿los habrán protegido realmente?
Cabe destacar que, en el caso de nuestra asociación gremial, contamos con un Código de Ética que, entre otros puntos, compromete a todos nuestros socios a cumplir con estrictas normas de conducta, cuyo fin último es velar por la seguridad de los pacientes y de toda la cadena de funcionarios de la salud.
Es hora de que Mercado Público y, en general, el Estado como comprador, entiendan que los dispositivos médicos no pueden ser tratados como commodities, ya que su uso y técnica tienen características diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una mascarilla quirúrgica que una de uso ferretero. Pueden tener un aspecto similar, pero sus características y funciones son totalmente diferentes.
Esperamos que estos hechos denunciados por diferentes medios sean investigados a fondo y que, de determinarse la existencia de delitos, estos sean sancionados con todo el rigor de la ley. Como país no podemos permitir que la vida de las personas se transforme en un negocio.
