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Negociar y llegar a acuerdos: el gran desafío de la Convención Constitucional Opinión

Negociar y llegar a acuerdos: el gran desafío de la Convención Constitucional

Juan Egaña González
Por : Juan Egaña González Historiador. Académico Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas U de Valparaíso
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Una vez resuelta la elección de los ciento cincuenta y cinco integrantes que conformarán la Convención Constitucional, en un mes aproximadamente comenzarán a sesionar en vistas a presentar el proyecto de nueva Constitución, la que tendrá que ser aprobada por la ciudadanía a través de un plebiscito obligatorio de salida el año 2022.

En un contexto social caracterizado por la alta polarización, discursos intransigentes y bajísima credibilidad en las instituciones políticas del país, es inevitable preguntarse cómo será posible llegar a un solo texto que sea capaz de interpretar los anhelos de la gran mayoría de los chilenos en un ambiente en el que una gran cantidad de convencionales se presentaron como independientes o en sectores que han sido críticos de quienes han administrado el poder en los últimos treinta años.

En estos días ya se han escuchado condicionamientos de algunos convencionales para presentarse en el Palacio Pereira durante los, a lo menos, nueve meses que tomará la elaboración de la propuesta de Constitución. Varias de estas exigencias no están en directa relación con las cuestiones que deberán tratar en las sesiones de trabajo, pero que se han ido posicionando como exigencias que vienen desde el estallido social del 18 de octubre del 2019. Si ya se plantean condiciones para comenzar a sesionar, ¿qué esperar del trabajo que debe construir acuerdos de a lo menos los 2/3 de los integrantes de la Convención?

Un proceso inédito en la historia de Chile

Se ha puesto bastante énfasis en que, en este proceso inédito, serán los ciudadanos los que por primera vez en la historia de Chile tendrán la posibilidad y responsabilidad de redactar la carta fundamental que regirá los destinos del país por las próximas décadas. Así, el esfuerzo no estará solo en el fondo de los asuntos que deberán proponerse al país y que estén en concordancia con el tránsito social, económico y político del siglo XX al XXI, sino que también deberá definirse la forma en que estos acuerdos, o no, deberán proponerse. En este sentido se asistirá a una negociación inédita tanto en la cantidad, variedad y profundidad de los intereses planteados en esta sobre: el rol del Estado, el modelo de desarrollo, la situación de los pueblos originarios, la función de los recursos naturales, la protección al medio ambiente, nuevos derechos, entre otros, son algunas cuestiones que requerirán de amplios acuerdos, de compartir visiones de sociedad y a su vez de permitir una mejor calidad de vida para todos los habitantes del país.

¿Cuáles son las credenciales de los convencionales para llegar a acuerdos?

Poco se sabe de las habilidades para negociar y  llegar a acuerdos de los convencionales, salvo de aquellas y aquellos que provienen de la hoy vilipendiada “clase política” y que han hecho de la negociación una herramienta que a veces ha estado más al servicio de ciertos grupos corporativos que del bien común. Esto que se ha llamado “la cocina” pareciera ser un espacio de negociación en que la lógica imperante se ha basado en el ganar/perder, utilizando para ello los recursos del poder y de las redes del lobby para obtener posiciones y beneficios a costa de los intereses de las mayorías ciudadanas.

Ante este panorama emerge la posibilidad de adoptar en la Convención Constitucional un nuevo paradigma de cómo hacer las cosas, cuyo foco no esté en maximizar los beneficios de unos cuantos, sino que incorpore una mirada integradora, colaboradora, basada en el ganar/ganar a largo plazo, en lo que la especialista en resolución de conflictos, Dora Fried, denomina la construcción de lugares y espacios sociales comunes y legítimos para todas y todos.

Las credenciales para lograrlo están lejos de los estereotipos que interesadamente se han intentado crear para invalidar e inhabilitar la participación de sectores tradicionalmente excluidos de la toma de grandes decisiones en el país: mujeres, jóvenes, pueblos originarios, profesionales de variados ámbitos, líderes comunales y comunitarios. En todos estos casos existe evidencia tanto práctica como científica de las habilidades y destrezas que estas personas y grupos poseen en negociaciones complejas en la búsqueda de lograr acuerdos sustentables y de mutuo beneficio, atendiendo al bien común por sobre el particular.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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