Isapres: el honorable bochorno de la devolución a 13 años plazo

La serie de Netflix 2024 con la política chilena continúa. Cada semana se agrega un capítulo más sorprendente, apasionante y tragicómico a estas alturas. Raúl Torrealba (ex-RN) celebra su cumpleaños masivamente en el Club de Polo, pese a que cerca de las 19:00 horas debe tomar raudo su Audi para cumplir con el arresto domiciliario nocturno que dictaron en su contra por los 29 delitos imputados por fraude al fisco por más de 760 millones.

Javier Jaramillo (ex-PPD) consigue permiso de dos horas del Juzgado de Garantía –insólito, por lo demás, que se lo concedieran– para concurrir a asumir el cargo de alcalde de Victoria, dado que cumple arresto domiciliario total, acusado de diversos delitos de abuso sexual, incluida la acusación de dos menores.

El abogado Enrique Aldunate, asesor histórico de la bancada del PS, debe renunciar después que la policía allanara sus oficinas por presunta filtración de diversas causas.

Pero, sin duda, lo que se lleva el premio mayor, por lejos, es el descubrimiento que hicimos los chilenos de la trampa contenida en la llamada ley corta de isapres –que permitió salvar a esas aseguradoras–, respaldada por moros y cristianos, y que implicó que, a partir del 1 de diciembre pasado, los 701.517 afiliados que fueron engañados por las prestadoras –haciéndoles cobros indebidos y abusivos– comenzaran a recibir los dineros que les robaron (literalmente) en cómodas 156 cuotas. Es decir, durante 13 años.

Un descaro, una vergüenza, un abuso, avalado en su momento por todos los sectores políticos de este país.

Más de un año de tramitación legislativa y luego de una de las discusiones en que más lobby y presiones han existido por parte de una industria, el Congreso despachó la ley, que empezó a regir el 1 de septiembre. Durante todo ese proceso, vivimos una verdadera campaña del terror implementada por las propias isapres y, por supuesto, algunos parlamentarios que actuaron más como voceros de esa industria que como representantes preocupados de los usuarios.

Entre otras cosas, la ley incluyó la implementación de la Tabla de Factores Única a quienes aún no la tenían –y el ajuste del costo de los planes a la totalidad del 7% de cotización obligatorio–. Es decir, los cotizantes partieron siendo duramente perjudicados, porque les subieron los planes, de manera unilateral, alza que puede alcanzar hasta un 10%. Es decir, el doble del IPC del año. Uno a cero para las isapres.

Pero después vendría el plato de fondo, el golpe final para los miles de usuarios del sistema que demandaron a los prestadores de salud privados por cobros indebidos (estafa le llaman algunos).

El 29 de noviembre, el superintendente de Salud, Víctor Torres, anunció que, a partir del 1 de diciembre, las isapres comenzarían a devolver los dineros indebidamente descontados a los afiliados. Recordemos que todo esto nace por un fallo de la Corte Suprema, y que se incluyó en la ley corta de isapres una fórmula para devolver los $1.2 billones que ganaron a costa de sus propios clientes.

Torres develó ese día algo que las isapres y parlamentarios se encargaron en su momento de bajarle el perfil: esconder la verdad. Además de la opción de la entrega de un bono de deuda transable en el mercado financiero y el pago del total del cobro indebido, de manera inmediata, aplicando un descuento por pronto pago, las isapres tenían la opción de restituir el cobro abusivo… hasta en 13 años.

¿Y qué creen ustedes que ocurrió desde el 1 de diciembre? Las isapres comenzaron a notificar a los usuarios que habían optado por el tercer sistema, que en algunos casos significa montos de menos de mil pesos al mes. Una burla con todas sus letras. Dos a cero para las isapres.

Si bien el superintendente (DC) aclaró que quienes estuvieran en el tramo de 65 a 80 años lo podrían recibir en cinco años y los mayores de 80 en 24 meses, dejó en evidencia que la operación salvataje, con que el mundo político salió al rescate de las isapres, contempló un mecanismo de devolución que a todas luces no solo es una burla, sino que constituye además un privilegio del que gozan unos pocos en este país.

Imagine que usted deja de pagar las contribuciones por un tiempo o una cuota de un crédito. En el primer caso, el ágil SII lo notificará de embargo, sin darle ninguna opción de nada. Si la deuda es con un banco, su área judicial se encargará de aplicarle todos los intereses posibles, además de ejecutar al cliente.

Le aseguro que si a usted se le ocurre pedir facilidades para pagar en 156 cuotas, tanto el SII como el banco, la casa comercial o el colegio de sus hijos, se reirán en su cara. De seguro, ese incumplimiento se le generó por dificultades económicas y no por la intención de engañar al otro, como ocurrió con las isapres. Ellos tomaron fondos de sus clientes, los reinvirtieron o repartieron como utilidades.

Conocida la trampa, la triquiñuela con que las isapres devolverán el dinero mal habido a sus clientes, nuestros políticos, de todos los sectores, de derecha e izquierda, e incluso de La Moneda, salieron a responsabilizar a otros por la decisión de consenso que tomaron todos. Conferencia de prensa de la derecha para atacar al Gobierno y golpear el superintendente –quien solo tiene la responsabilidad de poner en práctica la ley despachada por el Congreso–; conferencia de la izquierda para criticar y responsabilizar a la derecha, pero lo cierto es que el acuerdo fue transversal.

La Moneda salió a defenderse, diciendo que había sido difícil encontrar consensos con una derecha que defendió con dientes y muelas a las prestadoras, llevando a algunos senadores de la UDI y RN a decir en su momento que este salvataje era necesario para evitar el colapso del sistema, alineados con el discurso de las empresas.

La semana pasada, esos mismos senadores –Macaya y Chahuán– endosaron la decisión al Gobierno. Por su lado, la vocera Camila Vallejo les reprochó por la indicación presentada por Chile Vamos, que permitió subir de 10 a 13 años el plazo para el pago.

Más allá del burdo intento de echarse la culpa los unos a los otros y desligarse de responsabilidades, lo cierto es que la ley terminó siendo completamente negativa para los afiliados y muy beneficiosa para las isapres. Por un lado, el cuerpo legal permitió alzas de hasta 10%, un porcentaje brutal que golpea duramente el bolsillo de los afiliados y, además, dejó en evidencia la letra chica con que nuestros honorables legislan en este país, permitiendo el abuso.

Pero esto de salvar a una industria –un privilegio que no tenemos los ciudadanos comunes y corrientes– no es nuevo.

En noviembre de 1982 el Estado rescató de la quiebra a la banca, solo con una diferencia: estábamos en plena dictadura. Hoy esto sigue ocurriendo, pero esta vez con el aval del Congreso. Claro que la regla es la de siempre: los poderosos, los grupos económicos logran estabilizar el negocio y los perjudicados son siempre los clientes, los ciudadanos.

Pero ya sabe, dentro de un año más tendrá que ir a votar a las urnas para renovar el Parlamento. Revise cómo votó el parlamentario de su distrito la ley corta (de salvataje) de las isapres.

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