Combustibles y capital político

En nuestro país, este escenario global ha llevado a las autoridades a optar por traspasar ese ajuste brusco hacia los precios de los combustibles, lo que, como era de esperar, ha gatillado algún descontento ciudadano.

Desde la economía, un principio básico para enfrentar este tipo de crisis externas radica en distinguir si el suceso es de carácter temporal o más bien de tipo permanente. Cuando nos enfrentamos a una perturbación transitoria, el Estado puede aislar parcialmente a los hogares, aportando recursos para suavizar la trayectoria de los precios, tal como estaba previsto en la regulación vigente antes de la crisis. En contraste, solamente un cambio permanente del precio del petróleo motivaría un ajuste inmediato, motivando una dura pero inevitable reasignación de recursos por mayores costos de producción.

Sin embargo, la duración exacta de este conflicto es muy incierta. En este escenario, el traspaso drástico a los consumidores solo se justificaría bajo una condición excepcional: que el fisco se enfrentara a una nula capacidad de endeudamiento. Afortunadamente, este no es el caso de Chile. Si bien enfrentamos una situación fiscal innegablemente deteriorada que exige cuidado, el riesgo país se mantiene en niveles bajos frente a los mercados internacionales. Este es un dato objetivo que no se puede soslayar a la hora de diseñar políticas. El Estado aún cuenta con algún margen de maniobra para estabilizar sin arriesgar su solvencia inmediata.

En este contexto, la decisión de la autoridad nos invita a reflexionar desde la economía política. Cualquier gobierno en ejercicio requiere mantener niveles razonables de respaldo y reputación política para lograr los acuerdos que permitan llevar a cabo las reformas centrales de su programa. Ante esto, surgen dudas razonables sobre el evidente desgaste que se asume al enfrentar un tema contingente con una reacción como si estuviéramos frente a un problema estructural definitivo.

Es innegable que otorgar una señal de austeridad fiscal es hoy valioso. No obstante, frente a una vasta incertidumbre internacional, una respuesta gradual habría sido una mejor opción, reduciendo los cuantiosos costos políticos de corto plazo por una disrupción externa que bien podría terminar siendo coyuntural. Desde la perspectiva de las políticas públicas, siempre es factible ejecutar un ajuste de tarifas adicional si el escenario internacional termina consolidando precios altos.

Por el contrario, la confianza ciudadana y la reputación gubernamental erosionadas en este episodio no se recuperarán con igual facilidad. Y será precisamente ese capital político resguardado el que podría dar viabilidad a aquellas reformas estructurales verdaderamente fundamentales que el país espera.