El orden prometido no llegó

La campaña de José Antonio Kast fue directa, sin matices ni ambigüedades: seguridad como eje central, expulsión de extranjeros como señal política, ajuste fiscal como responsabilidad económica y probidad como principio intransable. No había espacio para interpretaciones: se debía instalar un Gobierno de emergencia.

Pero ha pasado un mes y la realidad comienza a tensionar ese relato: cabe recordar que lo prometido es que en ese mes 380 mil extranjeros irregulares abandonarían el país y que los delincuentes, por el solo hecho de la llegada del nuevo Gobierno dejarían de delinquir, abarrotando voluntariamente las cárceles y comisarías. La seguridad –la promesa más potente y emocional– no solo no ha mejorado, sino que, según cifras y percepción ciudadana, parece deteriorarse. Los homicidios y delitos violentos siguen marcando la agenda, y la sensación de vulnerabilidad no retrocede.

Sin embargo, el problema ya no es solo la seguridad. Es la conducción. La figura de la ministra del área, lejos de consolidar certezas, abre dudas. En vez de transmitir control, su actuar parece girar en torno a decisiones que no logran explicarse con transparencia. La polémica en torno a la Policía de Investigaciones de Chile no es menor: la salida de la jefa de Inteligencia se produjo en circunstancias poco claras, cuando al parecer la ministra conversó con el director general de la PDI, pero después parece que no le dijo nada sobre este particular.

A su vez, la propia ministra Trinidad Steinert llega “exigiendo” explicaciones vía oficio, por el traslado de un funcionario “especial”, cuando al año existen miles de traslados. Aunque este caso parece que estaría relacionado con la salida de Consuelo Peña, el director general dice que fue una decisión institucional que no tiene por qué fundamentar.

Todo está dentro de un manto gris que dista mucho de la verdad prometida por Kast en campaña, porque cuando una decisión de ese nivel no tiene explicación pública convincente, deja de ser un asunto administrativo y pasa a ser un problema político. Y más grave aún: un problema de confianza.

En materia de ajuste fiscal, se suponía que había un país en quiebra según la ministra vocera –desmentida por el propio ministro de Hacienda– que solo tenía 46 millones de dólares “en caja” (cabe aclarar que los Estados no se gobiernan con la plata que tienen en caja, sino con presupuesto; una vez más, el presidente y sus ministros deben repasar los conceptos de administración pública), pero los sueldos de José Kast y sus asesores directos casi se duplicaron, pasando de los 7 millones del presidente el 10 de marzo, a 12 millones el 11 de marzo, y de un máximo de 6 millones de los asesores de La Moneda a 10 millones; de no tener fondos ni para Carabineros, a que bajando en las encuestas sí había fondos.

Sin embargo, para utilizar el Mepco no existen fondos, obligando a todos los chilenos a pagar la mayor alza de combustibles de la historia, la misma que lamentablemente aún no se detiene porque el próximo jueves enfrentaremos otra de casi 100 pesos por litro. Por otro lado, se promete que se rebajarán los impuestos a los más ricos, lo que representa 4 mil millones de dólares al año que Chile dejara de recaudar.

Entonces, este Gobierno miente cuando prometió verdad y certeza. Su ministra de Seguridad parece estar más preocupada del bienestar de un funcionario de la PDI que de dirigir la seguridad nacional, y el ajuste fiscal es para la clase media y baja, porque para los más acomodados solo existen alzas en sus sueldos o rebajas en sus impuestos.

En lo único que ha cumplido es en generar una emergencia donde no existía, en mantener a la ciudadanía ansiosa, pendiente de un mañana que no sabemos cómo sortear.

Más complejo que tener un rumbo equivocado, es no tener rumbo alguno. Presidente, fíjese en el desorden que trae, mire que el ciudadano de a pie es el que sufre.