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Migración al aula: una oportunidad para educar en ciudadanía democrática
La pregunta no es si abordar la contingencia, sino cómo hacerlo de manera que fortalezca la convivencia democrática, desarrolle pensamiento crítico y forme ciudadanos comprometidos con los derechos humanos. Las escuelas chilenas tienen hoy una oportunidad pedagógica excepcional para lograrlo.
Mientras en el mundo ocurren guerras, detenciones de mandatarios y acciones abusivas ante personas migrantes, en el norte de Chile se comienza a construir una zanja y avanza un proyecto de ley que restringe el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios sociales. En un sistema escolar donde casi uno de cada diez estudiantes es inmigrante es de esperar que las tensiones que ocurren en sus países o aquí mismo se traspasen el aula y, con ello, se replica la polarización política, generando conflictos, exclusiones, silencios forzados e, incluso, actos de violencia.
Las tensiones, sin embargo, no deben verse como un problema a evitar, sino como el objeto mismo de la educación ciudadana. Las escuelas tienen la oportunidad histórica de modelar lo que significa convivir democráticamente en medio de diferencias políticas profundas y contextos socioculturalmente diversos.
Para este fin, se hace necesario crear espacios donde estudiantes migrantes y nacionales puedan expresar sus preocupaciones sin prejuicios, y donde todos y todas puedan aprender que el disenso político no cancela la dignidad humana ni los vínculos comunitarios. Desde la investigación se identifican cuatro caminos pedagógicos útiles para este momento.
El primero es la educación intercultural, que implica valorar los saberes y experiencias que traen los estudiantes migrantes, y construir una comunidad escolar donde la diversidad no sea un problema a resolver, sino una fuente de aprendizaje compartido.
El segundo es la educación en derechos humanos: formar en el derecho a migrar, a participar políticamente y a ser tratado con dignidad ayuda a que niños, niñas y jóvenes se reconozcan como sujetos de derechos y como responsables de defenderlos.
El tercero es educar desde la controversia: aprender a sostener desacuerdos sin violencia, a fundamentar posiciones con evidencia y a reconocer que los procesos políticos son complejos, es en sí mismo un ejercicio democrático.
Por último, la pedagogía de la memoria: conectar el presente con nuestra propia historia permite comprender que la democracia es frágil, que requiere cuidado constante, y que en cada sala de clases conviven memorias diversas que merecen ser escuchadas.
La Ley 20.911, piedra angular de la educación ciudadana en el sistema educativo, plantea que los establecimientos deben promover la valoración de la diversidad social y cultural del país y formar estudiantes capaces de ejercer una ciudadanía activa, democrática y solidaria.
Por eso, la pregunta no es si abordar la contingencia, sino cómo hacerlo de manera que fortalezca la convivencia democrática, desarrolle pensamiento crítico y forme ciudadanos comprometidos con los derechos humanos. Las escuelas chilenas tienen hoy una oportunidad pedagógica excepcional para lograrlo. Ojalá sepamos aprovecharla.
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