Opinión
Control, gestión y derechos: el desafío migratorio
Priorizar la inmediatez por sobre una estrategia sostenida supone perder la oportunidad de una integración provechosa y amplía riesgos si no se actúa con pleno respeto a los derechos humanos, particularmente en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
En el Congreso avanza un proyecto que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de personas que hayan ingresado irregularmente al país, ampliando las facultades del subsecretario del Interior para decretar expulsiones por razones de orden público, permitiendo el ingreso a domicilios para hacerlas efectivas, reduciendo plazos de impugnación y fortaleciendo registros biométricos. Todo ello con el objetivo de facilitar su materialización y dar una señal de mayor control.
Esta iniciativa se suma a otras que tipifican el ingreso por pasos no habilitados como delito y a aquellas que restringen el acceso de personas migrantes en situación irregular a beneficios sociales de cargo fiscal. En conjunto, configuran una tendencia preocupante y que hay que mirar con atención.
Conviene partir por un punto esencial. El Estado tiene el derecho (y el deber) de regular la migración. Puede establecer condiciones de ingreso, sancionar infracciones y, cuando corresponda, expulsar. Pero esa potestad debe ejercerse conforme a los estándares de derechos humanos y con sentido de realidad y oportunidad.
Se ha instalado una idea tan intuitiva como extendida: que más herramientas para expulsar equivalen a más control. La experiencia muestra otra cosa. Las expulsiones enfrentan límites prácticos: dificultades para ubicar a las personas, falta de cooperación de países de origen, y altos costos. A ello se suma un elemento que suele quedar fuera del debate: la migración también aporta al país, contribuyendo en actividad económica y pago de impuestos más de lo que el Estado gasta en su atención.
El Informe Anual 2025 del INDH subraya la necesidad de fortalecer herramientas para gestionar la movilidad humana, incluyendo mecanismos de regularización cuando corresponda, en condiciones de igualdad y no discriminación. Chile requiere una política migratoria segura y ordenada, pero también eficiente, capaz de combinar control, gestión y el enfoque de derechos.
Cuando la política migratoria se orienta desde la expulsión, el Estado deja de gestionar el fenómeno y pasa a reaccionar frente a él. Priorizar la inmediatez por sobre una estrategia sostenida supone perder la oportunidad de una integración provechosa y amplía riesgos si no se actúa con pleno respeto a los derechos humanos, particularmente en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
