El poder de conversar

Comprender el pulso de una sociedad no es fácil. Las encuestas capturan opiniones ya cristalizadas; los algoritmos de las redes amplifican los extremos y les dan visibilidad. Los medios de comunicación toman esas posiciones y las reproducen. Así, el debate público se empobrece y se encierra en dilemas simples. En este contexto prosperan los diagnósticos ideologizados y las propuestas reduccionistas. Todo está mal, el Estado está quebrado, las calles son peligrosas. Ese cuadro de catástrofe legitima la refundación: si todo está tan mal, entonces todo vale. Y la solución es igualmente simple: si los negocios andan bien, todo lo demás andará bien. Es la vieja lógica del “chorreo” revestida de eficiencia.

Un buen antídoto para este círculo vicioso es tener espacios, capacidades y prácticas de conversación. Lugares donde procesar tensiones o dilemas, donde aprender a reconocer el valor de la opinión de otro, respetar y procesar las diferencias. En las conversaciones y los encuentros, las ideas circulan, se escuchan razones distintas a las propias, las opiniones cambian, emergen acuerdos que nadie habría imaginado antes de sentarse a hablar. Como señalaba el sociólogo Jesús Ibáñez, la conversación no registra lo que la gente piensa, sino que produce el pensamiento mismo. Es ahí donde una sociedad elabora sus contradicciones y construye posiciones diferentes, que nos sacan de los dilemas y nos permiten avanzar.

Aunque en Chile estos espacios son escasos. en los últimos años han existido al menos tres procesos conversacionales organizados con una muy alta convocatoria. Los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) del proceso constituyente de Bachelet (2016) que reunieron a más de 127.000 personas. Los cabildos autoconvocados del estallido social (2019–2020) que sumaron 1.233 encuentros y fueron sistematizados por doce universidades. Y “Tenemos que Hablar de Chile”, iniciativa coordinada por la Universidad de Chile y la PUC, que ha alcanzado a más de 300.000 personas en todas las comunas y regiones del país a través de consultas digitales, encuentros presenciales y talleres temáticos.

En procesos como estos podemos encontrar salidas a varios de los dilemas que el debate político actual reproduce sin resolver. Veremos tres ejemplos de cómo l@s ciudadanos conversando levantan alternativas creativas. 

El primer dilema opone Estado a mercado, protección a mérito, derechos a subsidiariedad. 

Lo que emerge de los cabildos del estallido y de la experiencia Tenemos que Hablar de Chile, no es ni refundación ni neoliberalismo: es salud universal, educación sin deuda, pensiones dignas, trabajo decente, agua como bien común. El vocabulario de quien quiere que las cosas funcionen para todos. Se trata de demandas concretas con alto nivel de acuerdo transversal. 

Esto también quedaba plasmado en los ELA, donde se planteaba pasar de un Estado subsidiario a un Estado de derecho democrático y social, cuya finalidad es el bien común. 

El segundo dilema enfrenta seguridad y convivencia. Es como si el orden y el tejido social fueran lógicas incompatibles. Puede que este sea el más visible en el debate actual, pero es también el más mal planteado. 

Los cabildos del estallido pusieron educación, pensiones y salud antes que seguridad, pero eso no significa que la seguridad no importe. No es solamente un problema policial que se soluciona con “mano dura”. Más bien se trata de una condición que se construye. Las propuestas surgidas de Tenemos que Hablar de Chile, por ejemplo, piden fortalecer controles fronterizos y endurecer penas a reincidentes, pero también fomentar programas de prevención culturales, deportivos y sociales para jóvenes, y recuperar espacios públicos con vida comunitaria. Quienes formaron parte de estas conversaciones no eligieron entre carabineros, comunidad y mejores ciudades, porque esa es una elección falsa.

El tercer dilema opone individuo a colectivo, familia a comunidad, mérito a bien común. Es el más profundo, porque toca el tipo de sociedad que queremos ser. 

Bien común fue uno de los seis valores prioritarios que emergieron de los ELA de 2016. Se entendía que algo estaba roto en el vínculo entre las personas y entre estas y las instituciones. Las narrativas del proceso Tenemos que Hablar de Chile lo confirman desde otro ángulo: desesperanza, miedo, incertidumbre y orfandad como emociones dominantes del presente, junto con una percepción transversal de potencial colectivo que no encuentra cauce. Lo que los tres procesos sugieren no es un retorno romántico a la comunidad perdida, sino algo más preciso: que el bienestar individual y familiar no se sostiene en el vacío.

Lo que une las tres salidas es una misma lógica: la ciudadanía, cuando conversa, supera los dilemas que la política reproduce. No elige entre Estado y mercado, entre seguridad y convivencia, entre individuo y comunidad. Los integra, los matiza, los pone en relación. Y así supera el dilema que es excluyente y paralizante.  No es que no haya visiones contrapuestas, ni que no exista conflicto, sino que estos no se eternizan como dilemas sin salida, donde solo termina ganando el más fuerte.

La pregunta es ¿Por qué los actores políticos parecen ignorar olímpicamente estos procesos conversacionales? Una respuesta posible es que las elecciones toman la forma de un dilema: O votas por A o votas por B. Y si reducimos la democracia solamente a un procedimiento para que los representados designen representantes, entonces toda esa realidad compleja se pierde y lo único que importa es ganar la próxima elección.

Pero creemos que hay algo más.

Deliberar es una práctica. Y, como cualquier músculo, se atrofia cuando no se usa. Y en Chile esa musculatura está subdesarrollada: escasa en las organizaciones sociales, ausente en buena parte de las escuelas, marginal en los espacios de trabajo, débil en la vida universitaria. Nos faltan espacios y nos falta tiempo para conversar.

Esa debilidad deliberativa tiene consecuencias institucionales concretas y las estamos viendo ahora. 

Un gobierno que decide recortar o eliminar más de 260 programas sociales debería tener como primer interlocutor a los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC): organismos creados por ley precisamente para que las organizaciones ciudadanas puedan pronunciarse sobre programas, planes y presupuestos públicos, un ejercicio mínimo de democracia deliberativa. Los COSOC han sido marginados del proceso, las decisiones se toman sin pasar por ningún mecanismo de diálogo social. Costó años construir esa infraestructura mínima de participación. Hoy se la ignora como si nunca hubiera existido.

Las comunidades, las organizaciones, los vecinos, los compañeros de trabajo —todos tienen algo que decir sobre lo que está ocurriendo. Y Chile ha demostrado que sabe conversar cuando se lo propone. La polarización no es constitutiva de nuestra sociedad—, sino que los mecanismos para construir acuerdos y sostener conversaciones colectivas están obstruidos. 

Lo que falta no es disposición, sino que la práctica, el hábito, la confianza de que la conversación vale la pena, aunque no cambie nada de inmediato. Vale la pena porque es ahí, en ese espacio entre personas concretas, donde una sociedad se reconoce a sí misma —y decide, sin que nadie se lo indique, qué quiere defender.