Los tiempos políticos del SII y el Pentagate

En toda democracia la unidad política de referencia es el ciudadano. Con su identidad cívica y sus atributos de libertades y derechos civiles. Todo sistema representativo democrático, a su vez, se basa en esa unidad política para establecer la forma en la cual se origina, ejerce y reproduce el poder político de la sociedad. Cualquier acto o mecanismo que implique distorsión o interferencia del principio de igualdad ciudadana, es uno que atenta contra la esencia del sistema democrático, especialmente contra su legitimidad.

La investigación del eventual fraude tributario que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente, conocido como Pentagate, ha derivado en la apertura de una arista de carácter político, ámbito en el cual la igualdad ante la ley resulta esencial para la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. En este caso, porque el fraude tributario incluiría también la elusión de los controles legales del financiamiento electoral, dañando no solo el orden público económico sino también el político, al clientelizar a los candidatos.

Es preocupante que en medio del debate hayan surgido opiniones que hablan de la “habitualidad de tales hechos”, y por instantes cunda la sensación ambiente de que, al tratarse de un problema que toca a todos los sectores políticos de manera amplia, ameritaría una “solución de Estado”.

La transformación del tema del financiamiento de la política en un bien transable a espaldas de la ciudadanía, como parece haber sugerido la Unión Demócrata Independiente, UDI, podría producir una especie de amnistía encubierta y preventiva de eventuales delitos a la integridad de la representación en el sistema político y lesionaría fatalmente la legitimidad del sistema, corrompiéndolo irremediablemente.

Por fortuna, el Gobierno ha señalado este lunes que, independientemente de encarar de manera positiva la reforma del sistema de financiamiento de la política, no está disponible para ningún acuerdo que implique avalar “un manto de impunidad respecto de los delitos que está investigando la Fiscalía”.

[cita] Si los poderes económicos pueden financiar libre y reservadamente campañas, caciques y candidatos políticos, aumentar sus donaciones mediante fraudes a la ley electoral, si pueden presionar a autoridades y, en más de una oportunidad, prácticamente amedrentar a directores de servicios públicos encargados de la regulación y el control de sus actividades, queda la impresión de que ellos se han institucionalizado como un suprapoder político sobre los poderes republicanos y los derechos de todos los ciudadanos. Esto es lo que está en el centro de la discusión.[/cita]

Con todo, es el Servicio de Impuestos Internos el que debe destrabar la investigación sobre eventuales aportes ilegales del Grupo Penta a campañas políticas. Es el legitimado activo para una denuncia o querella de esta naturaleza que habilite formalmente a la Fiscalía y, mientras más tiempo se demore en tomar una decisión, más dificultades encontrará esta para hacerse de las pruebas o evitar que los implicados concierten versiones y coordinen defensas. Por lo mismo, no resultan ni convenientes ni explicables los titubeos que exhibe.

La arista político-criminal abierta viene a fortalecer la opinión de aquellos que abogan por una mayor transparencia en materia de dinero y política.

A mediados de agosto del presente año, y en medio de una discusión sobre la reforma del sistema electoral binominal, los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic lograron aprobar una moción que ponía fin a los aportes reservados o públicos de empresas a campañas políticas. Aprobada la ley en discusión, se fue con ese contenido a segundo trámite constitucional al Senado.

Desde esa fecha y hasta el estallido del caso Pentagate, circuló toda clase de opiniones sobre la inconveniencia de tal medida, entre otras, alusiones de parlamentarios –especialmente senadores– a que ello fomentaría el retorno de la “práctica del maletín” con dinero a los candidatos.

Este fin de semana, el director del Servicio Electoral declaró que el fraude “es parte de la condición humana” y, por lo tanto, inevitable (sic).

Ante tales opiniones, y también las omisiones y silencios de la elite política respecto de los escándalos financieros que han sacudido al país en el último tiempo, cabe preguntarse si no estamos ante la inminencia de un colapso total de la política en Chile, cuyo síntoma principal es el desparpajo para defender el financiamiento privado de las empresas.

Si los poderes económicos pueden financiar libre y reservadamente campañas, caciques y candidatos políticos, aumentar sus donaciones mediante fraudes a la ley electoral, si pueden presionar a autoridades y, en más de una oportunidad, prácticamente amedrentar a directores de servicios públicos encargados de la regulación y el control de sus actividades, queda la impresión de que ellos se han institucionalizado como un suprapoder político sobre los poderes republicanos y los derechos de todos los ciudadanos. Esto es lo que está en el centro de la discusión.