Expertos en Derecho Constitucional difieren radicalmente a la hora de analizar la iniciativa expresada por el presidente del máximo tribunal, al inaugurar año judicial. Uno de los consultados ve en ella la posibilidad de mejorar la gestión de los tribunales, en tanto, otro sostuvo que atentaría contra el sistema republicano chileno.
Opiniones divididas generó la propuesta del presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, respecto a facultar al máximo tribunal para proponer leyes al Parlamento, idea que formuló -a título personal- en su discurso de inauguración del año judicial.
Académicos expertos en derecho Constitucional, consultados por El Mostrador.cl expresaron opiniones radicalmente distintas a la hora de analizar la idea expresada por el alto magistrado. Sin embargo, el punto de confluencia está en que la única forma en que esto sea viable sería restringiendo la potestad de proponer normas sólo relacionadas a la gestión de los tribunales.
En su intervención ante la audiencia que asistió al tribunal pleno del alto tribunal, Libedinsky sostuvo que -en la actualidad- "las opiniones de la Corte no son preceptivas (obligatorias), y en pocas oportunidades son seguidas por los legisladores, quienes ni siquiera están obligados a explicar los motivos por los cuales las desestiman y, además, en muchas ocasiones errores cometidos durante la tramitación de proyectos en que la Corte tendría que ser oída pueden dar origen a vicios de inconstitucionalidad formal".
En ese sentido, aclaró que esta idea la planteó sólo en su calidad de presidente de la Suprema, por lo cual no consultó las opiniones de los otros integrantes del máximo tribunal, ni tampoco de autoridades de los Poderes Ejecutivo, ni Legislativo. "Para todos ellos debe haber sido una novedad", comentó.
Posibilidad de mejorar la administración
Para el abogado José Luis López Blanco, experto en derecho Público y profesor de la Universidad de Chile, la posibilidad de dotar de facultades al Poder Judicial para elaborar proyectos de ley puede transformarse en una herramienta eficaz para mejorar la gestión administrativa de los tribunales.
El profesional sostuvo que -en su momento- hizo llegar a Libedinsky un ensayo en que propuso iniciar un debate en tal sentido. "Es evidente que existe un gran atraso en la tramitación de los juicios, además, hay otros aspectos de la organización de tribunales que los alejan de la realidad de modernización que viven otros organismos estatales", comentó.
Frente a eso, López Blanco sostuvo que la facultad de proponer proyectos de ley podría hacer más expeditas las reformas que el Poder Judicial debería implementar para asumir las demandas que hoy existen respecto a la administración de justicia.
Sin embargo, precisó que esta atribución sólo debería referirse a las leyes que tengan que ver con la administración del Poder Judicial, descartando de plano que este estamento pueda proponer normas ajenas a esa materia.
"Lo que entiendo es que sería un mecanismo para proponer leyes, no para aprobarlas. Es decir, las posibles iniciativas legislativas deberían tener el voto favorable de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para transformarse en leyes", puntualizó.
Un atentado contra la tradición republicana
Una evaluación bastante divergente fue la que formuló el director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Gastón Gómez, quien señaló que -en una primera instancia- esta idea atentaría contra la tradición republicana de Chile, en la cual sólo dos poderes con la facultad de proponer leyes.
"Atribuir facultades de co-legislador a la Corte Suprema, no sólo escapa a nuestra tradición institucional -al fin y al cabo, las tradiciones pueden cambiarse- sino que además parte del supuesto equivocado de que proponer normas legales sería una cuestión aséptica, técnica y no política, y no fruto -como acontece en la realidad- de representantes democráticos sujetos a responsabilidades políticas", expresó el académico.
Asimismo, consideró que al ser una propuesta que pasaría por una reforma constitucional debería analizarse a la luz de si sería una contribución para mejorar nuestro sistema democrático, lo cual -a primera vista- no sería de esa forma.
"Se trata de una velada proposición corporativista que es escéptica respecto de los parlamentos democráticos modernos ¿Por qué no podrían tener esta iniciativa de ley, en el ámbito de sus intereses o conocimientos, las Facultades de Derecho, o las Superintendencias, o la Contraloría, o las Fuerzas Armadas…etc. y sólo la Corte Suprema? Se trata de una proposición velada de corporativismo que no se condice con el sistema democrático", manifestó.
Por último, Gastón Gómez argumentó que dotar de estas atribuciones a la Corte Suprema alentaría aún más el divisionismo o la fragmentación entre los integrantes del máximo tribunal, en el cual son conocidas las divergencias de opiniones ante cualquier tema.
"Los jueces somos los más indicados"
En todo caso, Libedinsky -adelantándose a las posibles críticas que generó su propuesta- negó que esto pueda afectar al sistema republicano chileno, señalando que "(los jueces) no serían los mandatados a hacer leyes, sino para proponer proyectos de ley. Los jueces son los más indicados porque conocen (la aplicación de las leyes)"
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