Tras ser despedido del SML, según lo que califica como una persecución a raíz de denuncias contra ex director del organismo, Dr. Jorge Luis Rodríguez Díaz, perito Miguel Melivilu llevó su caso a entidades internacionales, ante las que reseñó también la errónea identificación de restos óseos de detenidos desaparecidos. Ello tras plantear la situación a personeros de gobierno que hicieron oídos sordos ante el tema.
La denuncia efectuada por el doctor Miguel Melivilu el 8 de abril de 2003 ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra -a cuyo texto tuvo acceso exclusivo este diario- revelaba diversas irregularidades en el Servicio Médico Legal (SML), entre ellas, "falsas identificaciones a las osamentas de detenidos desaparecidos", "obstrucción a la Justicia" y "ocultamiento de información", todas las que cobran relevancia al conocerse el erróneo registro de, al menos, 48 restos de detenidos desaparecidos enterrados en el Patio 29 del Cementerio General por parte de la dependencia del Ministerio de Justicia, en la que el facultativo se desempeñó por 5 años en la V región como especialista en patología y ciencias forenses.
Según el médico, la denuncia fue realizada "ante autoridades de gobierno" por varios funcionarios que serían despedidos "en un claro caso de discriminación laboral con abuso de poder por parte del empleador que procedió así para silenciar una protesta justa y oportuna de las disfunciones del Servicio Médico Legal".
A la hora de establecer responsabilidades, realiza sus descargos contra el ex Director Nacional del SML, Dr. Jorge Luis Rodríguez Díaz, a quien sindica como "autor" de las irregularidades y le acusa de abuso de poder por el "despido arbitrario" de los denunciantes, que habría sido denunciado ante la Contraloría General de la República por la Asociación Nacional de Funcionarios del organismo.
En tanto, culpa al ex ministro de Justicia José Antonio Gómez de "notable abandono de funciones y complicidad" por no atender a las infracciones que ocurrían en el SML, entre ellas, la "determinación y entrega de falsas causas de muerte" y "falsificación de documento público, ejercicio ilegal de profesión y usurpación de funciones".
Para sustentar sus dichos, Melivilu citaría un Informe de Human Right Watch (2003) que indicaba como organizaciones de derechos humanos y jueces acusarían al SML "de incompetencia, retrasos excesivos y ocultación de pruebas a los tribunales". El documento consignaba igualmente que la repartición forense "había ocultado durante siete años un informe del Departamento de Medicina y Ciencia Forense de la Universidad de Glasgow, Escocia, encargado por el Ministerio de Justicia en 1994 para identificar los restos de 27 cuerpos hallados en una fosa en Santiago, atribuidos a víctimas de desapariciones durante el régimen militar. El informe arrojaba dudas sobre la identificación por parte del SML de tres víctimas cuyos restos ya se habían entregado a los familiares y enterrado». Ante ello, el doctor plantearía a la Comisión de DDHH de Naciones Unidas: "¿Es que acaso esta importante ONG americana pretende desprestigiar al Servicio Médico Legal chileno?".
Melivilu calificaría la problemática en torno a la identificación de los restos de detenidos desaparecidos como "realmente desastrosa", ante la cual "el gobierno no ha demostrado voluntad política para resolverla".
Pero el ex funcionario había ya presentado antecedentes ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dado el despido arbitrario que, a su juicio, había sufrido. Tales informes son del todo significativos frente a la hoy cuestionada labor del Servicio Médico Legal en la identificación de víctimas del terrorismo de Estado.
Flagrantes irregularidades
A juicio de Melivilu, el ex director del SML, Dr. Rodríguez Díaz, habría incurrido en una virtual caza de brujas con quienes dieron a conocer los hechos en cuestión, entre ellos un "ocultamiento de información" por el silenciamiento del examen de la Universidad de Glasgow. Rodríguez Díaz, además, no estaba en condiciones de encabezar la institución forense por tratarse de un médico fisiatra; es decir, "un ignorante absoluto de la medicina legal".
El ex funcionario también sostendría ante la OIT que el SML fue segmentado por el director en funcionarios «leales» y «no leales». Los primeros ejercerían "todos los cargos de responsabilidad regional y departamental, independientemente de su experiencia y conocimiento en materias médico legales"; los segundos, en tanto, serían "perseguidos y exonerados aprovechando el hecho de que mas del 60% del personal esta contratado a plazo anual renovable de modo que para poder trabajar en esa repartición pública era aconsejable «ser leal» con el director (…) lo cual trajo como lógica consecuencia que el SML se transformara en un servicio mediocre, no creíble y desprestigiado".
El ex director también habría incurrido en nepotismo al nombrar a su hermano, el Dr. Rodrigo Rodríguez Díaz, como jefe regional del SML en Concepción y luego jefe nacional de Tanatología, pese a tratarse de "un médico general sin ninguna especialidad". En su informe, Melivilu acusa que el ex titular de Justicia José Antonio Gómez en su calidad de "amigo personal y correligionario de partido" (PRSD) permitió las irregularidades, nombrando posteriormente al hermano del ex jefe del SML "en un alto cargo en el cuerpo de Gendarmería de Chile".
El facultativo sería enfático al criticar la labor forense. Calificaría de "incompetencia funcionaria" que en el caso del conscripto Pedro Soto Tapia el organismo sanitario llegase a unas conclusiones de causa mortuoria que fueron desestimadas por un informe emitido por el FBI. A ello, añade la entrega "de manera equivocada" de las osamentas de 7 reos del penal de San Miguel, quienes perecieron calcinados tras un incendio por un motín ocurrido en diciembre de 2000. Subrayaría igualmente la "cruel demora" en identificar los restos de detenidos desaparecidos de la dictadura, enmarcada en "engaños y mentiras reiteradas a la opinión publica y los familiares".
Quiénes sabían
Melivilu sostuvo ante la OIT que su despido -y el de otros trabajadores del SML- obedeció exclusivamente a las denuncias realizadas contra el ex director. Ello dado que "magistrados del crimen de la V Región (a la que pertenecíamos administrativamente) habían formulado por escrito y de forma unánime su reconocimiento a nuestra labor como médicos legistas y lo mismo hicieron las autoridades de la policía civil y uniformada".
Pero en sus descargos incluiría otro apartado relevante: la nómina de los actores que supieron en Chile de esta situación. Revela así que los antecedentes llegaron a la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, y también al Ministerio de Justicia, cuyo titular, José Antonio Gómez, los habría conocido en dos oportunidades: el 20 de abril de 2000, al presentarse el médico forense junto a la ex diputada Carmen Lazo, y a mediados de 2001, cuando le acompañó la diputada Adriana Muñoz. Las irregularidades habrían también sido conocidas por el Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, Francisco Fernández Fredes.
Sin embargo, Melivilu entregaría otro listado de nombres, mucho más extenso. Se trata, según sostuvo, de los diputados a quienes "los delitos y faltas cometidos por la dirección del SML les fueron planteados en más de una ocasión". Entre los parlamentarios que habrían tomado conocimiento de estos hechos figuran Aldo Cornejo, Guido Girardi, Adriana Muñoz -quien, como ya se dijo, lo acompañó ante Gómez-, Sergio Aguiló, Nelson Ávila, Juan Bustos, María Antonieta Saa, Laura Soto, Eugenio Tuma, Patricio Cornejo, Luis Pareto (ex Presidente de la Cámara Baja), Juan Hamilton, Jorge Lavandero, Jaime Gazmuri y Mariano Ruiz-Esquide, entre otros.
