Aunque la Corte de Apelaciones mantuvo dos encausamientos -a un ex jefe de la Casa Militar y un ayudante de Augusto Pinochet-, los vicios procesales detectados por los jueces de la Quinta Sala hacen difícil el máximo tribunal pueda opinar otra cosa. De este resultado podría depender la estrategia de las otras ocho personas que aún siguen procesadas.
El golpe fue duro para los querellantes del caso Riggs ayer al mediodía. A medida que el ministro Juan Eduardo Fuentes -presidente de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones- leía la resolución, las caras fueron cambiando en uno y otro bando. Para los defensores de los procesados por el juez Cerda, sólo felicidad. En el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el abogado Alfonso Insunza, la desazón pobló su rostro.
Fuentes avanzaba en la lectura y la palabra que más repitió fue se acogió el recurso de amparo. La estocada judicial a la resolución de Cerda por malversación de caudales públicos alcanzó a quince de los 23 procesados hace un par de semanas.
El clan Pinochet quedó fuera. Los colaboradores cercanos, como el ex auditor del Ejército Juan Romero, el otrora procurador general del régimen Ambrosio Rodríguez y el ex albacea Óscar Aitken -quien armó todo el tinglado de las empresas que Pinochet usó para blanquear su fortuna- seguían la misma suerte.
Bad weekend
Sin duda un mal vienes. Pero Fuentes, alcanzó a pronunciar dos palabras mágicas para los querellantes: se mantenían los procesamientos en contra del ex jefe de la casa militar y ex abogado de Pinochet, Gustavo Collao y Eugenio Castilo Cádiz.
Este sólo hecho mantiene hasta hoy la luz de esperanza para que el caso pueda seguir su curso. De lo contrario, fácticamente, el proceso podría haber perdido su fuerza total.
Por eso es que la continuidad del caso depende en gran medida de lo que resuelva la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema.
A esa instancia llegarán, al menos hasta ahora, todos los amparos que fueron rechazados como también los confirmados. La estrategia procesal es la que siempre ha seguido el abogado Pablo Rodríguez, quien después de que murió Pinochet, defiende a la viuda Lucía Hiriart.
Porque su «tiro» táctico busca siempre llegar donde los altos magistrados, ya que su fuerza argumental es más cercana a ese tipo de razonamientos.
El resto de los abogados lo sabe, por lo que ya han de estar preparando la artillería pesada para contrarrestar lo que se prevé una dura batalla en el campo de marte donde la decisión puede inclinar la balanza para cualquiera de los lados de la verdad procesal.
Circularidad argumental
La Sala Penal es el tribunal donde en los últimos diez años se ha tejido el destino de los procesos de derechos humanos. Son los magistrados que cambiaron el criterio de fallo sobre los detenidos desaparecidos, que condenaron a la cúpula de la DINA hace tres años, rechazando el recurso de casación y aplicando la figura del secuestro permanente en el caso del mirista Miguel Ángel Sandoval.
Sin duda un tribunal que marcó la historia de la transición, porque también fue en 1995 la que condenó a Manuel Contreras y Pedro Espinoza como autores intelectuales del crimen del ex canciller Orlando Letelier.
Sin embargo, la materia discutida en estos recursos de amparo no se trata de la muertes -aunque de una u otra forma está asociada- sino de la correcta aplicación de la ley para someter a proceso a estas 23 personas, independiente de si son o no responsables de los hechos que se le imputan.
Ese fue el clarísimo mensaje que envió la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones. La misiva procesal tuvo la firma no sólo del ministro Fuentes, sino de la jueza Dobra Lusic y el ministro Mauricio Silva, cuyas sensibilidades son muy cercanas a Cerda.
Es necesario recordar que Lusic llevó, cuando era ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel a fines de los 90′, el proceso por el homicidio de cuatro disidentes al régimen militar -entre ellos el periodista José Carrasco Tapia-, quienes fueron asesinados por la CNI en venganza al atentado que ejecutó el FPMR en septiembre de 1986 contra Augusto Pinochet.
Por eso es que en fuentes del CDE, como también entre otros ministros y abogados penalistas de distintas sensibilidades político-jurídicas, el pronóstico respecto a lo que decidirán los cinco supremos no es particularmente alentador para los querellantes. La balanza más bien se inclina porque se mantendrá el criterio de la Corte de Apelaciones.
Inicio de teleserie
En este escenario quedan todavía ocho personas que no presentaron amparo, sino que recurrieron de apelación al auto de procesamiento.
Es importante esta distinción, porque ayer la Corte revocó de oficio los encausamientos que afectaban al ex cónsul de Chile en Los Ángeles, Estados Unidos, Patricio Madariaga y a Mortimer Jofré. Estos, según los jueces, estaban en la misma situación que que Romero, Aitken y Ambrosio Rodríguez, es decir, no habían sido interrogados como inculpados y además aún no habían recurrido para revocar su situación procesal.
Ahora bien, podría haberse producido una situación aún más compleja para los querellantes, porque si las otro ocho personas no hubiesen presentado otro tipo de acciones, siguiendo el razonamiento anterior, los jueces de la Quinta Sala habrían tenido la libertad para pronunciarse también de oficio para revocar o confirmar.
Por esta razón es que la decisión de la Suprema es tan relevante, porque el destino del caso Riggs está en manos de Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch, los mismos que hace algunas semanas decidieron extraditar al ex presidente peruano Alberto Fujimori por casos de violaciones de derechos humanos y corrupción.
Cualquier similitud con la realidad chilena es sólo una lamentable coincidencia.
