Mientras organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) no tardaron en manifestar su indignación frente a la propuesta en el Parlamento, y especialmente desde la oposición, surgieron voces que advierten que los tratados internacionales suscritos por el país dejan fuera de cualquier discusión o debate la posibilidad de otorgar beneficios a responsables de crímenes de lesa humanidad.
El hecho que el “Indulto Bicentenario” que propuso la Iglesia Católica al gobierno incluya entre los posibles beneficiados a ex uniformados procesados por violaciones a los derechos humanos, no hizo más que encender aún más el debate que se había instalado hace algunos días.
Y mientras organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) no tardaron en manifestar su indignación frente al polémico planteamiento, en el Parlamento, y especialmente desde la oposición, surgieron voces que aseguran que sus votos no estarán disponibles para pronunciarse a favor de una propuesta de esa naturaleza.
Desde el oficialismo, en tanto, y en una postura más moderada, existe confianza en el criterio que utilizará el Presidente Sebastián Piñera, quien tiene ahora la responsabilidad de resolver el destino del indulto y sobre el cual debiera pronunciarse en un plazo no superior a diez días.
Uno de los detractores de la posibilidad de indultar a autores de crímenes de lesa humanidad fue el senador de la DC Andrés Zaldívar, quien indicó que se trata de una materia que está normada en los tratados internacionales que ha suscrito el país.
“En el parlamento -por lo menos nosotros- no vamos a dar los votos para ningún indulto o propuesta de indulto que pueda afectar delitos de lesa humanidad”, dijo categórico el parlamentario falangista, indicando que para ello “vamos a exigir el cumplimiento estricto de los tratados internacionales que Chile a suscrito”.
“No debiese darse un indulto particular sobre delitos de derechos humanos. Ahora por razones de salud o edad no es un tema que no corresponde como Parlamento, aunque si tenemos una visión crítica”, agregó, haciendo hincapié en que se trata de “una facultad del Presidente de la República y él tiene que asumir esa responsabilidad”.
Y concluyó que “no puede haber un indulto general por decreto, tiene que haber una propuesta de ley la cual esperamos que el gobierno entregue en los términos que hemos señalado”.
La bancada de diputados DC, en la misma línea de Zaldívar, consideró que este tema no puede ser objeto de discusión, apelando a los convenios y tratados internacionales suscritos por Chile, que impiden esta posibilidad.
“Afortunadamente en nuestro país este tema ya está absolutamente resuelto, así lo hemos ratificado frente al mundo, señalando que los crímenes por violaciones a los derechos Humanos son imprescriptibles y que no son objeto de indulto, por lo tanto, en esta materia, no hay nada que discutir”, dijo el jefe del grupo parlamentario, Patricio Vallespín.
El legislador consideró que el planteamiento de la Iglesia igualmente constituye una propuesta “integral, amplia y coherente con su función pastoral”, pero que la responsabilidad finalmente es el Presidente.
“Será el Ejecutivo quien deberá adoptar las decisiones que estime conveniente y, nosotros, respetuosos de las funciones privativas del Presidente de la República, esperaremos a conocer las decisiones al respecto. Una vez que el gobierno se pronuncie podremos señalar si estamos o no de acuerdo”, dijo.
Desde la bancada de RN, donde el “Indulto Bicentenario” fue bien recibido por hacer prevalecer “la igualdada ante la ley”, existe confianza en el criterio que utilizará el jefe de Estado a la hora de resolver el destino del mismo.
Así lo indicó el jefe de dicha bancada, el diputado Mario Bertolino, quien sostuvo que “valoramos la propuesta de la iglesia, que va en la línea de la misericordia, la clemencia y el perdón”, destacando que “trata el tema sin ninguna distinción, haciendo prevalecer la igualdad ante la ley, propia de un Estado de Derecho, como el nuestro”.
El diputado oficialista recordó que “el Presidente es el único que puede tomar una decisión al respecto, y como bancada confiamos plenamente en su decisión”.
“Sabemos que el Presidente va a reflexionar y tomará una decisión que conjugue todas las variables: el compromiso del gobierno con la justicia, la unidad y la reconciliación, así como también las consideraciones humanitarias y la seguridad ciudadana, uno de los temas prioritarios de su programa”, concluyó.
Una posición más crítica fue la de los diputados del PPD, quienes no dudaron en calificar como un error de a Iglesia el hacer el planteamiento conocido durante la jornada de hoy.
“La Iglesia Católica se equivoca al pedir que un indulto a aquellos que mataron a sus propios feligreses en la época de dictadura. Ni los violadores de los DDHH, ni pedófilos, ni pederastas deben ser indultados. Si hubiese algún tipo de indulto, éste debiera beneficiar a quienes han cometido delitos menores, a quienes hayan cumplido gran parte de su condena, por situación de edad o enfermedad extrema”, manifestó el jefe de la bancada, Ramón Farías.
Por su parte, el legislador de la misma tienda, Tucapel Jiménez, sostuvo que si la Iglesia Católica se refiere a que hay que revisar caso a caso, “estamos hablando de indulto particular, por lo tanto, es facultad del Presidente de la República aplicarlo. Sólo en el caso de que sea un indulto de carácter general o amnistía le corresponde pronunciarse al Congreso Nacional”.
En ese sentido advirtió que esta propuesta pone el presidente en una situación muy incómoda, principalmente por los tratados internacionales.
Para Jiménez, es “lamentable” que con esta propuesta se hayan reabierto heridas y dividido aún más a los chilenos. Una opinión similar es la del diputado DC Sergio Ojeda, quien afirmó que “si no se hace diferencias entre categorías de delitos que se van a indultar, se entenderán incluidos los delitos por violaciones a los Derechos Humanos y el indulto de estos, es improcedente y no contribuirá a unir a los chilenos sino que a revivir y ahondar diferencias”.
Finalmente, enfatizó que “indultar a los violadores de los Derechos Humanos es reabrir heridas en aquellas victimas y familiares de estas violaciones. Porque aún hay temas pendientes, dolores y heridas no cicatrizadas, detenidos desaparecidos que no se sabe donde están, procesos en actual tramitación, con involucrados gozando de libertad, una Ley de Amnistía que no ha logrado ser derogada, el crimen de Frei Montalva, que espera sentencia, etc”.
Como sea, el denominado “Indulto Bicentenario” ya cuenta con abiertos detractores. Uno de ellos, el diputado de la UDI Gustavo Hasbún, quien afirmó a través de Twitter que “indultar no es el camino correcto. Si se quiere ayudar a enfermos y ancianos condenados, para eso existen los beneficios carcelarios”.
También contraria a la idea se mostró la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, quien no ocultó su desazón frente a la propuesta.
“La propuesta de la Iglesia no descarta sino que incluye, a pesar de que está señalado en forma bastante diplomática, pero cuando se habla de que hay que tener clemencia en crímenes en contra de la humanidad lo que se está diciendo es que los violadores de Derechos Humanos también son susceptibles de ser beneficiados con un indulto. Es una propuesta que claramente a nosotros nos provoca gran desazón”, dijo.
En este sentido, afirmó que espera que el Presidente Sebastián Piñera reciba a la entidad para conversar en torno a la propuesta eclesiástica además de no descartar instancias internacionales si el indulto para “criminales de lesa humanidad”.
“Esperamos que el Tribunal Constitucional o la justicia misma nos de una respuesta, si no, están los tribunales internacionales. Lo cierto es que esperamos que en la reunión con el Presidente de la República podamos zanjar positivamente el tema, para las victimas, para los familiares y para el país”, espetó García.
