La máxima autoridad de la UDP califica de falaces los argumentos de Víctor Pérez
«La pretensión -casi siempre inconfesada, pero que los hechos ponen una y otra vez de manifiesto- de que todas las actividades que los estudiantes realizan al interior de los recintos universitarios, sean intelectuales o no, poseen pureza de intenciones y están plenamente justificadas. Todos saben, sin embargo, que no es así. La coacción que impide las clases, la ocupación violenta de las sedes de las universidades daña severamente el trabajo intelectual que les corresponde. Sobre esto no hay dos opiniones en la literatura desde Kant a Adorno», sostuvo el abogado y analista político en una columna publicada en El Mercurio.
«Falacias universitarias» se llama la columna escrita por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y que aparece hoy publicada en El Mercurio. El escrito versa sobre lo expuesto -a través del mismo medio- por la máxima autoridad académica de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, quien sale al paso a declaraciones formuladas por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y por el propio Peña sobre el violento ingreso de fuerzas policiales a la Casa Central.
«En la Universidad de Chile las autoridades somos elegidas democráticamente por los académicos y académicas y creemos que las diferencias se resuelven sobre la base del diálogo, no de la imposición, la fuerza o las amenazas», apuntó Víctor Pérez.
Este miércoles, el rector de la UDP responde a Pérez enumerando «un conjunto de falacias» que a su juicio han afectado negativamente el debate sobre la educación superior en Chile.
«La primera de todas es la confusión entre lo estatal y lo público. Por razones que habría que dilucidar, se insiste, ya casi con majadería, en que basta que una institución sea estatal para que entonces sea pública y, viceversa, que sea ajena al Estado para que carezca de esa característica. ¿Qué definición de lo público es la que subyace a esas afirmaciones?. En la literatura se conocen al menos tres criterios para determinar lo público de una cierta actividad: el carácter de los bienes que ella produce, el diálogo sin restricciones que posibilita, los intereses generales que mediante ella se promueven. Es obvio que bajo cualquiera de esos criterios lo público es independiente de lo estatal. La Universidad de Concepción, la Universidad Austral son universidades privadas, pero nadie discutiría su carácter incuestionablemente público. No cabe duda entonces de que lo público no proviene del carácter estatal de una institución. Habrá entonces que discutir un criterio que permita discriminar mejor entre universidades públicas y privadas», indicó Carlos Peña.
«La segunda falacia es la que asigna un valor casi categorial a la distinción entre las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores y aquellas que no. Esta distinción muestra toda su debilidad cuando se atiende al hecho de que tanto entre las universidades creadas antes de 1981 como las nacidas después hay instituciones de la más diversa índole, tanto desde el punto de vista de su forma de gobierno como desde el punto de vista de su calidad. Así entonces, ¿por qué seguir manejando esa distinción como si ella reflejara una realidad valiosa que convendría dejar incólume?», agrego.
«La tercera falacia que por estos días se ha puesto de manifiesto es la de la autonomía universitaria concebida como franquía. La pretensión -casi siempre inconfesada, pero que los hechos ponen una y otra vez de manifiesto- de que todas las actividades que los estudiantes realizan al interior de los recintos universitarios, sean intelectuales o no, poseen pureza de intenciones y están plenamente justificadas. Todos saben, sin embargo, que no es así. La coacción que impide las clases, la ocupación violenta de las sedes de las universidades daña severamente el trabajo intelectual que les corresponde. Sobre esto no hay dos opiniones en la literatura desde Kant a Adorno», indicó el rector de la UDP.
«Entre nosotros, sin embargo, hay un cierto entumecimiento de la capacidad crítica frente a ese fenómeno. A pretexto de la democracia hay una obvia connivencia intelectual con esos actos que, en los hechos, desafían toda posibilidad de diálogo. No se trata de pedir a las autoridades que llamen a la fuerza pública para despejar los recintos universitarios (algo así es injustificado), pero se trata de recuperar la capacidad intelectual (que el miedo suele inhibir) para que sus autoridades y sus académicos digan a los estudiantes, con toda claridad, que ni los mejores pretextos justifican impedir en las universidades el cumplimiento del deber intelectual de sus miembros», recalcó la autoridad académica.
