“Si se falla en contra de los productores de pollos se está dando una señal clara de que las reglas del juego cambiaron”

Han pasado dos años y medio desde que se inició el “Caso Pollos”, que involucra a los tres mayores productores del país –Agrosuper, Ariztía y Don Pollo– en un cartel, que el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, describió como el más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de destrabar.

El fallo por parte del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), según anunció hace unas semanas su presidente, Tomás Menchaca, debería salir entre julio o agosto próximos. En opinión del profesor titular de Economía de la Universidad de Chile, profesor visitante de la Universidad de Yale y presidente de la Fundación Espacio Público, las pruebas reunidas por la Fiscalía son contundentes y, según una columna de opinión publicada hace unas semanas, pondrían al descubierto “el mayor cartel de la historia”.

Una percepción muy diferente a la del ex ministro de Transportes de Piñera, Felipe Morandé, uno de los expertos contratados por la industria para respaldar su defensa a través de un informe técnico, que el fin de semana aseguraba que las afirmaciones de Engel no son responsables.

La pelea fuera y dentro de tribunales se viene dura. En conversación con El Mostrador, Eduardo Engel detalla su postura y explica por qué considera que los polleros han tenido una pobre defensa y las consecuencias que podría tener para el mercado nacional un fallo adverso para el sector.

[cita]»Una falencia importante, que se ilustra en el caso de los pollos, es que las penas debieran ser proporcionales al daño que causa el cartel, lo cual no sucede con la legislación actual, donde hay un tope de 27 millones de dólares a las multas. Es decir, un cartel perjudica en 1.500 millones de dólares a los consumidores y la multa que pagan las tres firmas, en el mejor de los casos, asciende a 81 millones, menos del 10 por ciento del daño que causaron. Eso está mal y no es el estándar en países desarrollados. La comisión Rosende, que se nombró a propósito del caso de los pollos, hizo recomendaciones en esta línea, que no fueron recogidas por la administración anterior”. [/cita]

-El fiscal nacional Económico, Felipe Irarrázaval, describió el caso como “el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de destrabar”. ¿Concuerda con esta apreciación?
-Las cifras avalan la afirmación del fiscal, un estudio de Andrés Gómez-Lobo, entonces académico de la FEN de la Universidad de Chile, hoy Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, estima que el daño que causó el cartel durante las casi dos décadas que funcionó asciende a 1.500 millones de dólares.

-La Fiscalía sustenta su caso en base a una serie de correos, actas, convenios y faxes entre altos ejecutivos de la industria avícola que demostrarían el vínculo entre las firmas acusadas y la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) –gremio desde el cual se acordaban y monitoreaban acuerdos relativos a precios y producción–. ¿Considera que la evidencia reunida es contundente? ¿Por qué?
-Los correos y demás documentos son parte importante de la evidencia. Son varias instancias, a lo largo de más de 15 años, donde la APA coordinó ya sea precios o cantidades de sus asociados. Como botón de muestra, en uno de ellos el Sr. Juan Miguel Ovalle, quien coordinaba el cartel desde la APA, afirma que, para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos, las empresas Ariztía y Súper Pollo deben reducir su oferta semanal en 20 mil unidades. Existe evidencia adicional que complementa a los faxes y correos. Una es que hubo largos períodos, en una ocasión 17 meses, donde no varió el precio nominal de los pollos. También, la participación de mercado de las tres empresas que forman parte de la APA se mantiene prácticamente inalterada. Toda esta información está en la página web de la Fiscalía.

–Las evidencias de la Fiscalía apuntan a una colusión que viene desde 1994, ¿cómo se explica que en dos décadas esto no haya sido detectado por las autoridades?
-Una explicación posible es que en los 90 la institucionalidad antimonopolios era muy débil, lo que dificultaba llevar adelante estos casos. Hay que tener en cuenta que no sólo hay que intuir que hay un cartel, también hay que probar su existencia. En los 90 los jueces se elegían por sorteo de entre todos los decanos de facultades de Economía y Derecho, de modo que la mayoría sabía poco de temas de competencia, de hecho tuvimos un juez cuya principal labor profesional era ser relator de fútbol, buen relator, pero no la persona indicada para ser juez de un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Durante la última década, se profesionalizó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se fortaleció la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y se le dieron más facultades para investigar. Todavía hay deficiencias significativas, pero es indudable que los avances fueron importantes y jugaron un rol clave en el caso de los pollos. Concretamente, antes de 2009, el fiscal no podría haber requisado los correos electrónicos y faxes de la APA, por lo cual demostrar la existencia de un cartel habría sido muy difícil, por no decir imposible. De hecho, en una reunión de la APA a fines de 2009 los asociados expresan preocupación por las nuevas facultades de la FNE para obtener evidencia en casos de colusión.

–¿Qué falencias tiene la legislación antimonopolios?
-Una falencia importante, que se ilustra en el caso de los pollos, es que las penas debieran ser proporcionales al daño que causa el cartel, lo cual no sucede con la legislación actual, donde hay un tope de 27 millones de dólares a las multas. Es decir, un cartel perjudica en 1.500 millones de dólares a los consumidores y la multa que pagan las tres firmas, en el mejor de los casos, asciende a 81 millones, menos del 10 por ciento del daño que causaron. Eso está mal y no es el estándar en países desarrollados. La comisión Rosende, que se nombró a propósito del caso de los pollos, hizo recomendaciones en esta línea, que no fueron recogidas por la administración anterior.

–El gobierno estudia cambios a la normativa en defensa de la competencia pero, según el ministro de Economía, en entrevista hace unas semanas, no es claro elevar y hacer efectivas las penas de cárcel. ¿Cree que debiera sancionarse con cárcel efectiva a los responsables de colusión o delitos similares? ¿Cómo?
-Un desafío importante de la legislación antimonopolios es que los ejecutivos tengan incentivos para resistir la tentación de coludirse. Estos incentivos pueden ser monetarios o penales o ambos. Si están presentes, será más fácil para los ejecutivos resistir presiones de los dueños de la empresa para obtener ganancias por la vía de conductas anticompetitivas. Este objetivo se puede lograr de varias maneras, una son las penas de cárcel en casos graves y con pruebas muy exigentes, también hay otras opciones.

-¿Debería haber una autocrítica de la Concertación?
-La Concertación quiso avanzar más rápido en temas de competencia, también de consumidores, pero topaba con que la derecha podía bloquear los avances en estos temas en el Congreso. Quienes debieran hacer una autocrítica son los sectores de derecha, que no se jugaron por fortalecer instituciones claves para legitimar la economía de mercado.

POBRE DEFENSA DE LAS AVÍCOLAS

–Entre las empresas hay confianza en que pudieron demostrar inconsistencias de la FNE, entre otros puntos porque aseguran que la mayor parte de los correos presentados no evidenciarían acuerdos de producción sino recomendaciones de la APA, lo que la FNE llama instrucciones. ¿Qué opina al respecto?
-A mí los correos me parecen convincentes y la defensa de las empresas avícolas muy pobre.

–¿Qué le parece que después de la incautación de computadores a Don Pollo y APA, la FNE no haya hecho incautaciones a Agrosuper ni Ariztía y que en general no haya agregado mayores antecedentes cuando hizo el requerimiento en el TDLC? ¿Considera buena la labor de la FNE y de este FNE en particular? ¿No ve ciertas insuficiencias en su trabajo?
-En los casos que he seguido, la labor de la Fiscalía me pareció muy buena, por lo cual me alegró que se renovara al fiscal cuando asumió el nuevo gobierno.

–Usted señalaba en una columna de opinión que los argumentos de las avícolas rechazando haber seguido indicaciones de la APA se basaban en estudios de connotados economistas, señalando que uno de ellos concluye que el precio del pollo en Chile es determinado por el precio de las importaciones, ignorando que el precio nominal de todas las empresas coludidas permanecía fijo por períodos de hasta 17 meses, completamente aislado de las fluctuaciones del dólar, curioso comportamiento de un precio determinado por el precio internacional. ¿Este dato se basa en información de la FNE? ¿Podría explicarlo más en detalle?
-Todo lo que escribí en mi columna se basa en información pública, todos los estudios, tanto los contratados por la FNE como los contratados por las avícolas están en la web.

–¿Considera que el “cartel de los pollos”, que se suma a lo sucedido con las farmacias, dejaría en evidencia que el libre mercado en Chile no funciona bien en realidad?
-No comparto esa conclusión. Estamos haciendo la transición desde una economía donde las conductas que atentan contra la competencia son bastante frecuentes a una donde pasan a ser la excepción. Estamos a mitad de camino, es importante seguir fortaleciendo la institucionalidad y legislación en este tema para llegar a buen puerto.

-¿Qué señal se daría al mercado chileno si el tribunal falla en contra de los productores?
-Se está dando una señal clara de que las reglas del juego cambiaron, que ahora será más fácil para la FNE llevar a juicio a carteles y que, por lo tanto, es hora de que los ejecutivos y dueños de empresas concentren todos sus esfuerzos en innovar, en buscar nuevos nichos de mercado, en ser más productivos, y no dediquen ningún tiempo a coordinarse con la competencia.