Surgen las protestas raciales en Ferguson tras muerte de joven negro
El exceso de la fuerza por parte de la autoridad en dicho suburbio de la ciudad de San Luis, en el estado de Misuri, ha trascendido de tal forma que el propio presidente Barack Obama le dedicó un espacio en su comparecencia el jueves para hablar sobre el estallido social en la comunidad.
Agentes de policía estadounidenses con ropaje militar y armas del ejército apuntan a grupos de manifestantes, a los que intentan dispersar con gases lacrimógenos y balas de goma.
No es Irak o Afganistán sino Ferguson, un suburbio de la ciudad de San Luis en el estado de Misuri, Estados Unidos, que tiene poco más de 21.000 residentes y en el que se cumple el quinto día de protestas por la muerte el pasado sábado de Michael Brown –un joven negro de 18 años– por disparos de un policía.
Por más que la clase política llama a la calma y al entendimiento –con discursos y comparecencias del presidente Barack Obama y el gobernador de Misuri, Jay Nixon incluidos– lo cierto es que la fuerte reacción de la policía para contener los disturbios no parece ayudar a suavizar los ánimos.
Las imágenes de policías enfilando sus armas desde lo alto de vehículos militares o apuntando a manifestantes con los brazos en alto han corrido como la pólvora por las redes sociales y han abierto un debate más amplio sobre la militarización de la policía en el país.
Porque no es algo que sólo ocurra en Ferguson, de forma excepcional.
Vea también: Los violentos disturbios raciales en Misuri
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denuncian que la militarización de la policía en EE.UU. viene ocurriendo desde hace décadas.
«En los años 80, el gobierno federal le dio a los departamentos locales de policía acceso a millones de dólares para el combate a las drogas», le explica a BBC Mundo la abogada Kara Dansky, autora principal del informe de la ACLU, «War comes home» (La guerra llega a casa).
Dansky añade que este presupuesto se volcó, «de forma desproporcionada e injusta», en acciones emprendidas en comunidades de minorías raciales.
«Además, a comienzos de los 90, el Congreso autorizó al Departamento de Defensa para que básicamente le diera a la policía local el acceso a su arsenal militar», prosigue Dansky.
Esto sucedió con la aprobación de la ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés). La sección 1208 de la NDAA permitió al secretario de Defensa «transferir a agencias federales y estatales material propiedad del Departamento de Defensa, incluidas armas y municiones que el secretario determine que a) se adecúa al uso por parte de estas agencias en actividades contra las drogas y b) son un excedente del Departamento de Defensa».
Todo esto se reforzó, dice Kara Dansky, con la creación del departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que destinó muchos millones de dólares más a las policías locales y estatales.
Esta nueva estrategia se ha cobrado numerosas víctimas innecesarias, según la ACLU.
«Los vecindarios no son zonas de guerra y no creemos que los agentes de policía deban tratar a la gente que vive en las comunidades como enemigos de guerra. Al hacer nuestra investigación hallamos que el uso innecesario de armas y tácticas paramilitares socava la seguridad pública y pone a las personas en peligro. Además tiene un impacto injusto y desproporcionado sobre minorías raciales».
En el caso de Ferguson, donde más del 60% de la población es negra y 50 de los 53 agentes de policía son blancos, la cuestión racial también juega un papel destacado.
El exceso de la fuerza por parte de la policía en Ferguson ha trascendido de tal forma que el propio Barack Obama le dedicó un espacio en su comparecencia este jueves para hablar sobre el estallido social en la comunidad.
Si bien Obama recordó que la policía se enfrenta a comportamientos criminales desde la muerte de Michael Brown, también subrayó que «no hay excusa» para el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
Por su parte, el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, declaró que el despliegue de vehículos y material militar envía un «mensaje confuso».
Holder admitió que la policía local de Misuri aceptó una oferta del Departamento de Justicia «para recibir asistencia técnica, con el objetivo de ayudar al control de las multitudes y mantener la seguridad pública sin apoyarse en muestras innecesariamente extremas de fuerza».
La senadora por Misuri Claire McCaskill, del Partido Demócrata, llamó a la «desmilitarización de la policía de Ferguson» y calificó la reacción de las fuerzas de seguridad como «el problema en lugar de la solución».
«Necesitamos desmilitarizar esta situación. Este tipo de respuesta por parte de la policía se ha convertido en el problema en lugar de la solución», dijo McCaskill desde Ferguson este jueves.
«Por supuesto, respeto el trabajo de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad pública pero mis electores tienen derecho a protestar pacíficamente y la policía necesita respetar y proteger ese derecho», agregó.
Ante el aluvión de críticas, el jefe de policía de Ferguson, Thomas Jackson, justificó la reacción de las fuerzas del orden ante lo que describió como una amenaza para la seguridad pública.
Según Jackson, los saqueos y disturbios que se están produciendo en la comunidad deben ser contrarrestados. Además, el jefe policial precisó que quienes están patrullando las calles son miembros de los equipos de tácticas especiales (conocidos en EE.UU. como SWAT) y no agentes de policía ordinario, «los que van vestidos de azul», dijo.
Ante esta afirmación, Kara Dansky, de la ACLU, responde que incluso si se trata de los equipos SWAT, sus miembros pertenecen a la categoría general de fuerzas del orden.
«Y a nosotros nos preocupa la militarización de todas las fuerzas de aplicación de la ley», dijo. «No nos sirve que digan que esto no es la policía, que es un equipo de SWAT, porque hemos visto ocasiones en que los SWAT se involucran en situaciones inapropiadas».
Para Dansky, «la policía de Ferguson debería haber suavizado la situación pero dio una respuesta innecesaria y agresiva, militar, que ha tenido como efecto la escalada de la situación de violencia».
«La policía tenía una obligación de reducir la intensidad desde el momento en que murió Michael Brown y eso no es lo que hicieron», concluye.
