Deudas pendientes son parte de la agenda progresista de la coalición oficialista
Esto fue, no hay más. Así se podría resumir en simple la nueva carta de navegación de La Moneda para los próximos dos años que le restan de mandato a la administración de Michelle Bachelet y con ella tratar de sortear con algún grado de éxito los desafíos electorales de las municipales de octubre y las parlamentarias del próximo año. En las últimas semanas los inquilinos de Palacio han recalcado varias veces que la obra gruesa de este gobierno ya está hecha y que ahora solo resta consolidarla, una decisión que en el oficialismo deja un gusto algo amargo, porque implica una vez más quedar debiendo las promesas de la agenda más progresista de la Nueva Mayoría y que se ha impuesto, otra vez, la lógica política de la antigua Concertación.
El 1 de abril en el Foro Icare el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, dijo que «necesitamos que las reformas maduren y revelen su impacto, antes de pensar en nuevos cambios, menos aún de la envergadura que hemos planteado en el primer tiempo. Aunque no creemos que las reformas y su potencial incertidumbre sean las causantes de la desaceleración económica, sino que la crisis política (…), es claro que para revigorizar el crecimiento necesitamos recuperar la confianza y unidad». Tras las palabras de la autoridad hay una premisa política instalada hace semanas en La Moneda: consolidar para no perder, resistirse a la tentación de tapar de reformas los dos años que restan, a riesgo de que sea fácil de desmantelar por una nueva administración que no comparta esos predicamentos, puntualmente un nuevo gobierno de derecha. Y hacer el énfasis en el concepto del ‘crecimiento económico’, mantra preferido del gran capital congregado en Casa Piedra.
Por eso que en el cónclave de la Nueva Mayoría en La Moneda, el lunes 28 de marzo, el ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo a la salida del encuentro que “la Presidenta habló de la obra gruesa y es el tiempo de la consolidación. Buena parte de lo central ya está hecho y hay que jugársela por que camine bien”.
Efectivamente la Mandataria dijo eso en el cónclave, debido a que –recalcaron en La Moneda– durante el verano resolvió dar un giro, entendió que era la mejor ruta a seguir, una decisión estratégica. Un cambio no menor, considerando que en su criterio político habría seguido profundizando en el programa de gobierno prometido, pues para nadie es un misterio que Bachelet se acomoda mucho más a las promesas progresistas de la Nueva Mayoría que al realismo político más conservador de la ex Concertación.
“Ella habría seguido con las reformas, pero entendió que no nos sirven si son endebles y sin raíces”, recalcó un alto colaborador de Palacio. Con eso se zanjó un largo debate interno que había el 2015 en el seno de La Moneda, que oscilaba entre los que insistían en que la única manera de salir del pozo en que se encontraba la administración bacheletista –hundida por el caso Caval y los errores políticos propios del año pasado– era consolidando lo hecho hasta el momento, enfocándose en mostrar resultados concretos, más que en promesas futuras e intangibles, y quienes defendían la opción de cumplir, a cualquier costo, con el check list de lo ofrecido en campaña.
Resuelta esa discusión se pasó al diseño de la nueva estrategia política y comunicacional que desde la segunda quincena de marzo se evidencia, para consolidar y difundir esta ‘obra gruesa’, que no es otra cosa que las reformas educacional, laboral y tributaria y la eliminación del sistema binominal.
Esta decisión apunta básicamente a que los candidatos del oficialismo tengan cosas que mostrar a la ciudadanía, resultados “reales”, de cara a las municipales y parlamentarias, a riesgo de que el electorado les pase las facturas pertinentes, ya que una vez más quedaron temas en el tintero.
En La Moneda defienden esta hoja de ruta asegurando las veces que sea necesario que no existe un triunfo del ala más conservadora por sobre los reformistas del oficialismo, que tampoco tiene asidero pensar que el realismo político implica obligadamente una renuncia.
Pero esas explicaciones no convencen del todo en la Nueva Mayoría, donde si bien reconocen que esas tres reformas efectivamente se sacaron adelante, es innegable que durante su tramitación en el Congreso se tuvo que ceder, a pesar de que a la Mandataria le habría gustado lograr una mayor profundidad en esos temas, pero su caída en las encuestas por casi un año debajo del umbral del 30% le restó poder e influencia para ello.
Diversos parlamentarios de la Nueva Mayoría confiesan que al final las reformas terminaron haciéndose “en la medida de lo posible”, debido a que en el Senado se mantiene una composición del oficialismo que es mucho más conservadora. La muchas veces cuestionada “cocina de Zaldívar”, que suavizó y moderó las iniciativas originales del programa. “El gobierno lo ha pasado mal en el Senado”, confesó un parlamentario oficialista.
“Es el principal problema que tenemos, un grupo en el Senado atrapado por los poderosos y dentro también de la Nueva Mayoría eso ocurre, tenemos un grupo de parlamentarios que les coloca matices, lleva a la cocina los proyectos, incluso aquellos que han sido aprobados de una manera distinta en la Cámara y eso, obviamente, se debe a que nuestra mayoría dentro del Senado no es sólida, homogénea en términos de ver el país que queremos construir entre todos”, sentenció el diputado PS, Fidel Espinoza.
[cita tipo= «destaque»]Los actuales énfasis del gobierno están haciendo ruido en el oficialismo, están chocando públicamente la voz de la Concertación y la de la Nueva Mayoría. A la crítica que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, respecto a que la urgencia anunciada por la prensa a la Ley Antiterrorista nunca estuvo en las prioridades definidas por La Moneda, en las bancadas de la coalición plantearon que lo hecho por el ministro del Interior, Jorge Burgos, “es un error” y que muestra su agenda propia.[/cita]
La reforma laboral se aprobó pero con “adecuaciones necesarias” que indiscutidamente abren la puerta a un posible reemplazo interno en las huelgas y todavía tiene que enfrentar el requerimiento de la derecha ante el Tribunal Constitucional que puede alivianarla aún más. La reforma educacional si bien tiene como elemento estrella el inicio de la gratuidad, también es un hecho que tiene letra chica, que al parecer ya no beneficiaría a todos los que se dijo que haría en esta primera etapa y, además, está pendiente el proyecto sobre Educación Superior, sin olvidar que la desmunicipalización tampoco se ha discutido.
En las bancadas de la Nueva Mayoría también recuerdan que la Reforma Tributaria tuvo que sufrir una reforma y que la promesa de llevar adelante una Nueva Constitución, que viera la luz durante esta administración –como prometió públicamente muchas veces la Presidenta Bachelet–, está en pañales y será tema para un próximo gobierno. Con este balance que hacen en el oficialismo y solo hablando de los temas que fueron parte de los grandes ejes que alimentaron la campaña presidencial del 2013 y el programa de Bachelet, no hay una materialización efectiva.
“No para todos en la Nueva Mayoría la obra transformadora tiene la misma intensidad”, asumen en las bancadas del Congreso.
No solo eso, los actuales énfasis del gobierno están haciendo ruido en el oficialismo, están chocando públicamente la voz de la Concertación y la de la Nueva Mayoría. A la crítica que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, respecto a que la urgencia anunciada por la prensa a la Ley Antiterrorista nunca estuvo en las prioridades definidas por La Moneda, en las bancadas de la coalición plantearon que lo hecho por el ministro del Interior, Jorge Burgos, “es un error” y que muestra su agenda propia.
Asimismo, se suman los públicos cuestionamientos desde los partidos de gobierno a dos iniciativas contenidas en la Ley Corta Antidelincuencia, aprobadas esta semana en el Senado: la llamada «ley mordaza», que busca frenar la filtración de información a la prensa en casos judiciales, y el control preventivo de identidad. Estos, entendidos como dos elementos que están reñidos con el ejercicio de derechos y que son una contradicción de una administración autodefinida como de centroizquierda.
Si Burgos sacó una carta bajo la manga y anunció, sin que nadie supiera en la Nueva Mayoría, que pondrá urgencia a los cambios en Ley Antiterrorista, con la que no todos comulgan, en el Congreso los parlamentarios oficialistas dicen que esto da pie para pedir que se impulsen otras materias que no estaban en el diseño zanjado.
Así, desde sectores más progresistas del conglomerado critican que, en vez de las prioridades de Burgos, se podría perfectamente apuntar a temas como el matrimonio igualitario, la despenalización de la marihuana y no dejar dilatar la aprobación de la despenalización del aborto en sus tres causales.
La lista de deudas con las que va a quedar la Nueva Mayoría no es menor. El diputado DC, Aldo Cornejo, en su cuenta de Twitter advirtió que “en la obra gruesa no quedó el tema de las pensiones. No es un tema constructivo, es un imperativo ético”.
El diputado Espinoza agregó que “la descentralización, la Ley de Isapres son cuestiones que el país está esperando que ocurran”. Lamentó que en el propio oficialismo todos hablen públicamente de elección directa de Intendentes, pero “por debajo tanto al interior del Gobierno como en el Senado, simplemente no quieren, entonces van a poner en jaque ciertos compromisos gubernamentales y eso va a ser negativo”.
El diputado PPD, Marco Antonio Núñez, reconoció que le faltan “algunas habitaciones a la obra gruesa completa, desde mi perspectiva, una de ellas es la Ley de Isapres, el financiamiento de la salud, que forma parte de la estructura gruesa en un área muy sensible”.
Su compañero de bancada, Tucapel Jiménez, considera una tarea pendiente el sistema de pensiones “es transversal, afecta a todos los chilenos y estamos todos conscientes que el sistema ha fracasado, ahí hay una deuda y esa es una gran reforma que debiera hacerse en este gobierno”. El diputado valoró el “avance significativo” que representa la reforma laboral, pero reconoció que “me hubiera gustado cambiar todo el Código Laboral por lo que significa la figura de José Piñera”.
El senador, Alejandro Guillier, comparte plenamente la lista de deudas con que queda la Nueva Mayoría, aunque reconoce la utilidad y prudencia de privilegiar en estos momentos la obra gruesa, porque falta que las reformas aprobadas hasta ahora se transformen en una realidad para la gente. Sin embargo, advierte que “en la reforma educacional si no logramos entusiasmar a los actores, estamos hablando apenas de aspectos administrativos financieros, no estamos hablando de la gran reforma a la educación. Mientras no pase nada en el aula, no podemos hablar que estamos haciendo una gran reforma”, sentenció.
