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Opinión

Del consenso ¿a la imposición?

por 10 diciembre, 2016

Del consenso ¿a la imposición?
No son pocos los dirigentes jóvenes de izquierda -especialmente nacidos hacia fines de los 80- que declaran su decidido rechazo a lo que se denominó “política de los acuerdos” y que caracterizó la transición democrática encabezada por la Concertación en la década de los 90 e inicios del siglo XXI.
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Recientemente, al ser consultada sobre el rol que tuvieron las protestas universitarias en 2011 y 2012 en la política chilena, la diputada Camila Vallejo ha destacado que, a su juicio, fue “la capacidad del movimiento, de romper, por primera vez después de la vuelta a la democracia, con la política de los consensos entre la Concertación y la derecha”.

Como se asume que la frase otorga a tal ruptura un valor positivo, es interesante profundizar sobre sus causas y consecuencias, dado que, no son pocos los dirigentes jóvenes de izquierda -especialmente nacidos hacia fines de los 80- que declaran su decidido rechazo a lo que se denominó “política de los acuerdos” y que caracterizó la transición democrática encabezada por la Concertación en la década de los 90 e inicios del siglo XXI.

Probablemente dicha postura no sea sino una comprensible reacción de estudiantes que venían molestos con la mala calidad de sus instalaciones y de la propia educación desde hacía décadas y que, a contar del 2006, con la llamada “revolución pingüina”, tomaron la sartén por el mango, expresando públicamente su malestar. Demás está recordar que sus manifestaciones tuvieron amplio eco en la sociedad chilena, consciente de dichas falencias y cada vez más preocupada por el futuro de estos niños y jóvenes, frente a un país que se globalizaba ante sus ojos y que, obviamente, está exigiendo un tipo de instrucción más acorde con los nuevos tiempos.

Pero, por de pronto, tales expresiones de descontento se pudieron realizar -y con éxito- gracias a una democracia que se extendía y profundizaba al ritmo del desarrollo económico y mayores libertades, así como merced a la emergente masificación de nuevas formas de intercomunicación que les permitieron coordinar sus esfuerzos para llamar la atención social y poner sus intereses más arriba en la siempre conflictiva escala de las prioridades.

Así, tanto la “revolución pingüina”, como los posteriores movimientos universitarios que se volcaron a las calles para dar cuenta de similares exigencias de calidad, remecieron las prelaciones de las dirigencias políticas y de otras elites, impulsando un cambio que, tras más de una década de polémicas, ha conseguido generar modificaciones significativas en la estructura, forma y fondo de la educación chilena.

Son avances -y retrocesos- que se han debido realizar considerando los complejos y variados intereses, concepciones y derechos que asisten a todos los ciudadanos a los que afecta el tema, pues, en él, están involucrados no solo estudiantes y profesores, sino multimillonarios recursos que deben ser aportados por el conjunto de la sociedad vía impuestos.

Con todo, y aunque podamos coincidir en sus insuficiencias, ha sido este un proceso de negociaciones típico de una sociedad libre y plural, en las que diariamente, por lo demás, colisionan múltiples intereses contrapuestos en la prolífica variedad de materias políticas, económicas, sociales o culturales que hacen parte de la actividad humana.

Cotidianamente también, estos incordios son resueltos y “acordados”, tanto de motu propio entre los litigantes, como apoyados por terceros árbitros sujetos a la norma o la ley, que, a su turno, para que la libertad prospere, debería ser aceptada y acatada por todos. De esta forma, vemos disputa de intereses desde la negociación por el precio de un bien o servicio, hasta en las leyes que terminan impactando la vida del conjunto de las personas que conviven en el espacio de la nación-estado de que se trate.

Deriva, sin embargo, de este creciente y no muy reflexionado repudio a los “consensos” o “acuerdos”, una estrategia de relaciones sociales en las que, contrario sensu, parece que se deberían relevar las “discrepancias” o “divergencias” existentes en el conjunto social, al tiempo que tales diferencias se tendrían que resolver, o mediante la férrea aplicación de las “mayorías”, que simplemente  “imponen” a las “minorías” sus proyectos, planes o decisiones aprobadas por ellas, o -si hubiera resistencia- mediante la aplicación de la fuerza legitimada por la misma ley aprobada, una estrategia proveniente de la tradición “bolchevique” (“mayoría” en oposición a la “menchevique”, minoría) del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que culminó con aquella primera “dictadura del proletariado” y cuyos resultados conocemos todos.

Entristece, pues que, como consecuencia de la trágica desvaloración de la política como medio de convivencia democrática y de los partidos, sus organizaciones privilegiadas, se observe este peligroso desvío hacia posiciones de cada vez mayor intolerancia con las diferencias y de irrespeto por los diversos modos de vida, convicciones o intereses que cohabitan en una sociedad libre y que las lecciones de la historia hayan aportado tan poco a las nuevas generaciones, en especial, a ciertos jóvenes aspirantes a conducir el país en el futuro.

 

 

 

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